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Decimotercer collage sobre Rómulo Betancourt

(El PDN clandestino se legaliza con el nombre de Acción Democrática)

El 11 de mayo de 1941 se reunió en la casa de habitación de Rómulo Gallegos, en la ciudad de Caracas, un grupo de dirigentes del PDN clandestino, con el objeto, según explicó el ilustre novelista, “de constituir un partido político que canalizara en planificada acción las aspiraciones manifestadas en torno a su candidatura presidencial”, que, a comienzos de ese año, había sido calificada como “simbólica” en la campaña electoral que culminó con la designación del general Isaías Medina Angarita por el Congreso Nacional –en un proceso comicial de tercer grado, al no existir el sufragio popular universal y directo-  presidente de la República para el período constitucional 1941-1946. Por razones tácticas, con el propósito de evitar pretextos del gobierno para negar o dificultar la legalización, se cambió el nombre de PDN (Partido Democrático Nacional,  todavía en la clandestinidad) por el de Acción Democrática; se decidió que Rómulo Betancourt, que entre 1937 y 1939 había ejercido la Secretaría General pedenista, no estuviera presente en la reunión ni firmara el Acta Constitutiva del partido con el nuevo nombre ni los documentos de solicitud de legalización; y se morigeró el programa del PDN clandestino que serviría de base de acción de la organización política que buscaba autorización para su funcionamiento.

La última razón es por la que Rómulo Betancourt, años después, afirmó: “El programa de Acción Democrática tuvo que ser un enunciado vagaroso de principios generales, y no el concreto y sincero enfoque revolucionario de los problemas del país y de sus soluciones posibles. Esa timidez programática fue subsanada por la forma franca y sin esguinces con que enjuiciamos desde la tribuna pública, en la del parlamento y en nuestra literatura de Partido, las grandes cuestiones nacionales. Pero hubo indudable disparidad entre la plataforma cautelosa, elusiva, de AD y el análisis de la problemática venezolana que popularizamos en la oposición y luego nos guió en el Gobierno. Y no fue por deliberada intención nuestra sino a causa de las circunstancias que condicionaron el nacimiento de AD a la vida legal, que el programa del Partido no reflejó con suficiente claridad el pensamiento de avanzada de sus ideólogos y organizadores” (1). Una vez que Rómulo Gallegos sometió a la consideración de la Asamblea el Programa y los Estatutos partidistas, los cuales fueron discutidos y aprobados, se eligió un Directorio Nacional (artículo 85 de los Estatutos), que funcionaría hasta tanto se celebrase la primera Asamblea Nacional del Partido, y el cual quedó autorizado para gestionar la legalización de Acción Democrática, de conformidad con la Ley para Garantizar el Orden Público y el Ejercicio de los Derechos Individuales, la conocida y famosa Ley Lara.

Dos días después, el 13 de mayo, se hizo la solicitud de legalización, acompañada de los recaudos correspondientes, ante la Gobernación del Distrito Federal, firmada, en nombre del Directorio Nacional, por Rómulo Gallegos, Presidente; Andrés Eloy Blanco, Primer Vicepresidente; L. Mosquera, Segundo Vicepresidente; Directores Luis B. Prieto F., Luis Lander, Arturo Briceño, Julio Ramos. En fecha 4 de junio del mismo año 1941, la Gobernación del Distrito Federal dirigió una comunicación a los ciudadanos Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, doctor Luis B. Prieto F., doctor Luis Lander, Arturo Briceño, Julio Ramos, Ricardo Montilla y doctor Juan P. Pérez  Alfonzo, en la que, aparte de unas observaciones sobre algunas disposiciones estatutarias debidamente atendidas, les informa que el Consejo de Ministros, en sesión efectuada el 23 de mayo último, había acordado que el partido que aspiraba ser legalizado, Acción Democrática, debía pronunciarse previamente “sobre las cuestiones fundamentales” que de seguidas se transcribían: “En relación con el derecho de propiedad 1°. a) ¿Debe abolirse la propiedad privada?, b) ¿Debe abolirse la propiedad privada tan sólo sobre los bienes de producción?, c) ¿A cuáles limitaciones debe estar sometido el derecho de propiedad? En relación con la libertad económica 2°. a) ¿A cuáles limitaciones debe estar sometido el ejercicio de la libertad económica? En relación con la lucha de clases 3°. a) ¿La vida social es el campo de una lucha de clases?, b) ¿Debe llegarse al establecimiento de una sociedad sin clases? En relación con la familia 4°. a) ¿Debe conservarse la familia como célula fundamental de la sociedad?, b) ¿Debe extinguirse la familia y ser suplantada por la colectividad o por el Estado? En relación con el Estado 5°. a) ¿Debe el Estado suplantar al individuo, y en caso afirmativo en cuáles actividades y hasta qué punto? b) ¿Debe el progreso de la sociedad proponerse como ideal la supresión del Estado?

En fecha 14 de julio de ese año 1941, los solicitantes de la legalización del funcionamiento de Acción Democrática, respondieron a la Gobernación del Distrito Federal, “prescindiendo de todo lo concerciente a los fundamentos legales de los requisitos exigidos”, a todas las preguntas hechas, con las debidas explicaciones y fundamentaciones teóricas, pero precisando que “las respuestas a las interrogaciones planteadas en el precitado cuestionario están contenidas en forma expresa o claramente implícita, en los postulados programáticos de nuestra organizaión “.

El 29 de julio de 1941, la Gobernación del Distrito Federal dió la autorización legal para el funcionamiento de Acción Democrática por cuanto “se pronunció en forma satisfactoria sobre las cuestiones fundamentales que le fueron sometidas –de acuerdo con lo resuelto en Consejo de Ministros- y por cuanto se han llenado las demás formalidades legales, este Despacho, de conformidad con el artículo 17 de la Ley para Garantizar el Orden Público y el Ejercicio de los Derechos Individuales, concede la autorización solicitada”.

Menos de dos meses después, el 13 de septiembre, Acción Democrática celebró su asamblea pública inicial en el Nuevo Circo de Carcacas, en la que hablaron Rómulo Gallegos (sobre la orientación general de Acción Democrática), Andrés Eloy Blanco (sobre la ofensiva cultural del partido), Luis B. Prieto F. (sobre los problemas de la educación), Mario García Arocha (sobre la cuestión electoral), Ricardo Montilla (sobre los problemas de la provincia) y Rómulo Betancourt (sobre los problemas económicos de la nación).

En su discurso, Rómulo Gallegos, dijo: “En nombre de ese pueblo que ama, sufre y espera, Acción Democrática invita a todos los demócratas venezolanos a sentarse aquí, nosotros entre ellos”. Y, aludiendo a lo que Ramón J. Velásquez llamó “el examen ideológico” (2) por el que tuvo que pasar Acción Democrática,  Rómulo Gallegos apuntó: “¿Se ignora, acaso, que fuimos sometidos a un interrogatorio inquisitorial sobre puntos cardinales de ideología social y política? Sí, señores. Se nos preguntó lo que no debía preguntársenos; pero respondimos diáfanamente. Y digo que no debieron hacérsenos tales preguntas porque nuestro programa escrito y suscrito responsablemente, ya era una definición categórica, inequívoca, que debió de merecer confianza…Pero respondimos, diáfanamente y aquí estamos ratificando nuestras definiciones ante el pueblo soberano. Somos demócratas, estricta, pero también ampliamente”.

  Rómulo Betancourt, en su discurso, vaticinó que “este Partido nació para hacer historia”. A él le correspondió, fundamentalmente, tratar los problemas de la economía nacional. Señaló que “somos una Nación paradójicamente rica y empobrecida”, y se preguntó “¿cuál es la causa de que un país como Venezuela, el que exporta más petróleo en el mundo y figura en el tercer puesto en la escala mundial en la producción de esa pingue minería, presente un cuadro tal de colectiva pobreza?”, respondiendo de seguidas que “la razón es esta: nuestro país, económica y fiscalmente, está girando alrededor de una sola fuente de riqueza: el petróleo; y los gobiernos venezolanos no han sabido, hasta ahora, imprimirle un ritmo agesivo, dinámico, a las otras fuentes de producción”. Y dió cifras que muestran cómo ha caído la producción agrícola, pecuaria e industrial de la nación: en el decenio 1920-1930 las exportaciones venezolanas, excluyendo petróleo y oro, se mantuvieron a un promedio de 130 millones de bolívares, mientras que en el decenio 1930-1940, las exportaciones, excluyendo también petróleo y oro, fueron apenas de 31 millones de bolívares, lo que provocó su exclamación de “¡100 millones de bolívares menos que hace 20 años!”. Y  anotó que, además del peligro de cifrar nuestro destino en la sola carta de la industria minera y de la influencia que las empresas explotadoras ejercen en la vida económica y fiscal del país, se constata también el peligro de que esa influencia se ejerza “en una forma indirecta, pero no por eso menos efectiva, sobre el rumbo político y social  de la Nación, porque manda en la casa quien tiene la llave de la alacena”.

Betancourt afirmó que la bancarrota de la producción agrícola, pecuaria e industrial era la causa principal del alto costo de la vida que “agobia” a la mayoría de la población. Citó los informes de entidades extranjeras, como el de la Comisión FOX, contratada por el Ministerio de Hacienda, y el de Ingenieros FORD, BACON y DARIS, contratados por la Standard Oil, que “afirmaron categóricamente que el alto costo de la vida determina la subalimentación del pueblo”. Aseguró que esa situación se ha agravado por la guerra europea -que pasaría propiamente a ser Segunda Guerra Mundial cuando el 7 de diciembre de ese año 1941 (ataque japonés a la base aeronaval de Pearl Harbor) Estados Unidos entró en ella-  la cual ha determinado que “ha aumentado el precio de cuanto compramos en el extranjero: casi todo lo consumido en el país”. Planteó nuevamente la necesidad de una reforma tributaria, “realizada en forma tal que se disminuyan impuestos descargados actualmente sobre las espaldas abrumadas del consumidor, y que se trasladen parcialmente al menos sobre las espaldas bien fuertes de los poseyentes de riqueza, especialmente de quienes mantienen congelados en los bancos, en forma de depósito que no cumplen con la función social del dinero, buena parte de las reservas monetarias de la República”; y pidió la aplicación a las compañías petroleras del artículo 21 de la Ley de Arancel de Aduanas que “faculta al Estado venezolano para cobrar en casos de emergencia, como éste confrontado actualmente por el país, un tributo de hasta el 10% sobre el valor comercial de las exportaciones de minerales”, lo que generaría al fisco nacional un ingreso “no menos de 80 millones de bolívares anuales”, que sería muy apreciable para añadirlo al monto de los trescientos millones de bolívares anuales del Presupuesto Nacional. Exigió la puesta en marcha de una Reforma Agraria, advirtiendo que “nuestro programa señala la forma como puede y debe el Estado proveer de parcelas –y con ellas, del crédito barato y del implemento agrícola- al hombre de nuestros campos”. A tal efecto, mencionó las tierras confiscadas a la Sucesión Gómez, las tierras ejidales y baldías, usurpadas por personas influyentes de otras épocas, y las haciendas abandonadas por sus dueños que se adquieran a su justo precio y se pongan en manos de los campesinos agricultores. Y, no podía faltar, insistió una vez más en que “se aplique el termocauterio de la sanción sobre esa verdadera lepra de la Administración Pública que es el peculado”.

Por último, el fundador de Acción Democrática –que, como vimos, por esas cosas de la vida, fue conveniente que no firmara la solicitud para que el gobierno otorgara la legalización ínsita a su fundación- abogó por la unidad de los países latinoamericanos para que “podamos entendernos con nuestros vecinos del Norte de quien a quien, de soberanía fuerte a soberanía fuerte, porque ya no existan frente a los Estados Unidos del Norte los Estados Desunidos del Sur, de que hablara Sarmiento”.

En cumplimiento de su rol histórico, Acción Democrática aspira a ser “el cemento que amalgame, para hacerla cada vez más fuerte y más viril, el alma inmortal de la Nación”, fueron las palabras finales de su discurso.

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1) Rómulo Betancourt, “Venezuela, política y petróleo”, página 134, Fondo de Cultura Económica. Primera edición, 1956.

2) Ramón J. Velásquez, “Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el Ultimo Medio Siglo”, “Venezuela Moderna 1926-1976”, página 42.

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