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Decisiones Integrales en Tiempos de Dolarización y Moneda Digital

Punto Focal

El colapso de la economía venezolana ha llegado a tal punto que amerita la adopción urgente de políticas y medidas asertivas y suficientes para recuperarla. Esto no significa que medidas de dolarización como las que se discuten desde hace algún tiempo, aislada de otras políticas como la de orden fiscal en un marco de credibilidad y confianza política en el gobierno, solventaran los problemas que enfrenta el país. Tampoco un cambio de la moneda física por una moneda digital, es en si misma la solución de los problemas, si esta no está anclada en el reconocimiento de las funciones que debe cumplir la moneda nacional.  

Cambiar la moneda física por una digital no es malo; incluso puede llegar a ser un imperativo de los tiempos actuales. Lo malo es que el gobierno no aproveche la ocasión para realizar los correctivos integrales de política económica necesarios para que pueda tener significado real en la vida económica de la nación. De lo contrario, será un esfuerzo banal que solo alargaría la agonía.

Años de Experimentación Cambiaria  

Venezuela es uno de esos países que ha transitado por una gran variedad de sistemas y regímenes  cambiarios, incluidas variedades de entidades administradoras, mecanismos o instrumentos. Es increíble lo creativo que se ha sido al momento de tomar decisiones en materia cambiaria.

Haciendo memoria, desde el llamado Viernes Negro de 1983 cuando se abandonó el régimen de cambio fijo que rigió por décadas, el país ha coqueteado con regímenes y sistemas, tales como: controles de cambio, cambio fijo único, cambio dual, cambio múltiple, flotación administrada, flotación administrada con crawling peg, sistema de bandas, subasta simple, subasta holandesa; incluso, se llegó a estudiar la adopción de una caja de conversión, aunque no fue instrumentada.

Por otra parte, se crearon instituciones para la administración de las divisas, como RECADI, CENCOEX y CADIVI;  mientras que también resultaron funcionales para el control en la asignación de moneda extranjera, mecanismos tales como el SITME, SICAD I y II, SIMADI y DICOM.  Apareados con estas agencias y  mecanismos han estado vigentes múltiples tasas de cambio, incluyendo aquella resultante  (mas allá de las tasas oficiales fijadas) del producto de la venta de bonos públicos, cuya denominación se realizó en US$, pero se pagaron en Bolívares.  Si se adiciona la siempre presente tasa de cambio del mercado negro o paralelo, el escenario se complejiza aún más. Todo esto ha terminado por dificultar el conocimiento y determinación del verdadero valor de la moneda nacional en términos de moneda extranjera ante la vigencia de múltiples tipos de cambio.

A todo lo anterior se le ha adicionado también la modificación en la canalización, manejo y tenencia de las divisas provenientes del petróleo, creando fondos como el Fondo de Estabilización Macroeconómica, FONDEN y otros fondos, terminando por hacerlos inoperantes y perdiéndose el objeto de estabilización para los cuales fueron creados, especialmente los dos primeros. Hasta se llegó a “reciclar” fondos, cuando se creó el denominado Fondo Estratégico de Reservas, constituido por aportes del FONDEN y el Fondo Chino de inversiones. El resultado de todos estos experimentos ha hecho que los fondos le quitaron, perversamente, respaldo al bolívar, permitiendo su continuada devaluación. Ya es historia, pero habría que recordar que con anterioridad al chavismo, el bolívar tenia respaldo “prácticamente total” en las reservas internacionales conformadas de los ingresos petroleros.

Vale mencionar que en febrero 2018 el Gobierno venezolano lanzó  la denominada criptomoneda “Petro”, anunciada con respaldo en las reservas de varios recursos naturales, tales como petróleo, gas, oro y diamantes. Su utilización ha sido extremadamente limitada.    

Comportamiento Político Gubernamental y sus Consecuencias

Pareciera que los gobernantes venezolanos han creído que en los sistemas y regímenes cambiarios está la solución a los desequilibrios económicos del país y por ello han apostado tanto por experimentar con estos, sin entender que solo la confianza y credibilidad institucional que ellos están obligados a generar y la instrumentación de una saludable política económica, en especial fiscal, son la clave del éxito.

Una sólida política fiscal y una bien diseñada política cambiaria, dará bases para apoyar el control inflacionario y evitar la devaluación/depreciación de la moneda nacional. Si todo lo anterior no antecede, se seguirá experimentando con “nuevas modalidades de sistemas y regímenes cambiarios”. Sin control o abatimiento de la inflación de manera realista y efectiva, no hay posibilidad de controlar la tasa de cambio y, en consecuencia, el valor de la moneda. Valga la referencia para señalar que primero en 2008 y luego en 2018 se eliminaron 8 ceros en total a la moneda nacional.

Pero, ¿cuál ha sido uno de los problemas que se ha generado con todos estos ensayos cambiarios?   Pues que el tipo de cambio dictado por el mercado negro o paralelo fue tomando cada vez más presencia en las transacciones nacionales, dominando la escena y retroalimentando la inflación y las expectativas, y derivando en una creciente “dolarización de facto” y circulación del dólar estadounidense como moneda de transacción ante la ausencia también creciente de bolívares en efectivo. Las monedas y billetes en circulación se han reducido de manera significativa hasta alcanzar el 2% de la liquidez monetaria en la actualidad, cuando hace pocos años rondaba 9-10%.

De Cara a una Eventual Dolarización y/o Adopción de una Moneda Digital

La credibilidad del gobierno y los resultados económicos son clave para generar un clima de estabilidad de negocios y desarrollo, lo cual pasa por la estabilidad de precios y cambiaria. Es claro que esto no se ha alcanzado en Venezuela y, más bien, se está muy lejos de este momento.

Dos de los temas importantes que están hoy día sobre la mesa en Venezuela son la dolarización y la adopción de una moneda digital. En cualquiera de los casos, o más bien en ambos, se requieren bases sólidas para alcanzar buenos resultados macroeconómicos. Unas pocas palabras al respecto: la dolarización elimina la función monetaria del Banco Central de Venezuela, puesto que no puede crear/emitir dólares (solo la Reserva Federal de los EEUU) y condiciona el manejo fiscal, ello en un país donde se estima que ya el 70% de las transacciones comerciales se realizan en divisas y ya el gobierno de Maduro acepta la dolarización como una válvula de escape para las transacciones económicas (se ha comenzado a expandir la apertura de cuentas bancarias en divisas). Mientras que la adopción de una  moneda digital (anunciada la intención de alcanzar el 100% de las necesidades de pagos nacionales) demanda una sólida base desde el inicio para garantizar su éxito (fijación de la tasa inicial de cambio), realmente igual a la que requeriría una moneda física. De no lograrse, la tasa de cambio basada en la moneda digital se devaluará o depreciará continuamente (de hecho o de derecho), sin generar beneficios reales derivados del cambio de moneda. Parte del beneficio estaría tan solo dado por evitar el costo de la emisión del papel moneda y la eliminación de gastos colaterales de transporte y seguridad, aunque matizado por el gasto de inversión en la tecnología necesaria para hacer operativa a la moneda digital.

El paso de una moneda física a una moneda digital no servirá de nada si los “fundamentos” de la economía no son sólidos. Los requerimientos son los mismos que para una moneda física. Racionalmente hablando, no es imaginable que para estar a la altura de los tiempos que vivimos, cambiemos a una moneda digital para que no cambie nada en lo sustantivo. Son tiempos para realizar esfuerzos adicionales por diseñar y ejecutar una política económica más saludable, que genere un futuro real para la economía y sociedad venezolanas. De manera específica, son tiempos para cambios realistas, radicales, racionales y duraderos en materia cambiaria, en un marco integral de política económica, pero soportados en la credibilidad y la confianza que está obligado a generar el gobierno.

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