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Dejar intactas las causas justifica el modelo

Venezuela atraviesa durante el año 2014 un fuerte escenario de estanflación, de inflación con recesión económica. Cualquiera podría pensar que si se quiere tener resultados distintos habría que hacer las cosas de forma diferente a como se han estado haciendo hasta la fecha en materia económica. En el caso venezolano el Gobierno enfrentando tal escenario anunció la toma de una serie de decisiones económicas que habría requerido poner los cargos a la orden por parte del tren ejecutivo ante el presidente de la República.

Sin embargo, entre realizar ajustes y sincerar precios o continuar con el congelamiento de los precios, los últimos anuncios gubernamentales advierten más de lo mismo, o peor aún, más restricción y mayores controles.

El Gobernador del Estado Táchira el domingo 31 de agosto de 2014 en el programa de televisión de José Vicente Rangel habría reconocido que existen casos de medicinas con precios en Venezuela de 9 Bs. con precios de comercialización de 1.000 Bs en Colombia. Esto significa una diferencia de precios de 11.000%, fuente de enormes incentivos al arbitraje y al contrabando de extracción.

Por su parte, el vicepresidente Ejecutivo aseguró, según lo reseña el portal Web de Globovisión el domingo 31 de agosto, que el Gobierno nacional descarta la liberación de los precios.

Por otra parte, el Gobierno ha optado por financiar parte del gasto público con la emisión de dinero inorgánico, con restricciones en el flujo de caja en divisas y una economía de puertos, creando una enorme presión inflacionaria.

Una vez que no se le permite a los sistemas de precios como mecanismo de interacción entre la soberanía del consumidor y la oferta de bienes y servicios llevar los precios a los niveles socialmente determinados y deseables; una vez que el Gobierno evita el impacto de corto plazo de la sinceración de los precios –especialmente de la divisa-; una vez que los controles de precios han generado una relación de precios relativos que incita al consumo y al contrabando; no le ha quedado al Gobierno sino cerrar el círculo conculcando las decisiones micro de los hogares e individuos como consumidores.

El Gobierno ha demostrado consuetudinariamente que uno de los objetivos de su política económica es eliminar las libertades y los derechos económicos, sustituyéndolos por una planificación central y un entramado de controles al consumo y sobre los precios. Lo anterior no es solo inconstitucional porque en la Constitución se encuentra definido el Estado como uno Social de Derecho, apegado a la democracia política, civil, económica y al Estado de Derecho, sino porque existen alternativas de política más eficientes y socialmente deseables –lo que significa que permitirían mejoras paretianas y hicksianas en el corto, el mediano y el largo plazo-.

De hecho, todos los distintos enfoques regulatorios parten de una misma premisa u objetivo como sería replicar el resultado de los mercados eficientes. Lo anterior significa que la instrumentalización técnica de las distintos enfoques regulatorios utilizan mecanismos regulatorios que buscan replicar los resultados de mercados competitivos; restituir las condiciones de mercado; crear, completar o perfeccionar los mercados para apuntar a la consecución del objetivo de política pública como sería proteger al consumidor o al bienestar social.

Sea la escuela Ordoliberal, sea la Escuela de Chicago, sea la Escuela Austríaca, sea la Escuela de Harvard o sea la Escuela Post-Chicago[1], todas coinciden en que el benchmark es un mercado eficiente, diferenciándose en su instrumentalización técnica. Las diferencias en sus distintas instrumentalizaciones técnicas se basan en como tutelar o reconstituir la soberanía del consumidor y la competencia en el mercado.

Por el contrario, el modelo económico y las políticas públicas y regulatorias en Venezuela parten de cuestionar tal benchmark e incluso se basan y se instrumentalizan por medio de la conculcación y la sustitución administrativa del rol y las libertades individuales de consumidores y oferentes. Tal enfoque regulatorio masifica un problema de falsos positivos y termina perfeccionando un modelo de Estado capturado por quienes administran la cosa pública.

El control de precios, el control de cambio con un precio del dólar preferencial y restringido, y la inyección de dinero inorgánico constituyen la fuente y causa de las distorsiones, así como la excusa para continuar conculcando la libertades económicas.

[1] Cseres Katalin Judit: Competition Law and Consumer Protection. Kluwer Law International. 2005.

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