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Economía política del racionamiento

El siguiente artículo pretende iniciar una discusión trascendente en el país sobre el sistema de racionamiento como una política pública, su asidero normativo y su sostenibilidad como política en el plano positivo.

Para muchos economistas el hecho que el presidente de la República no haya anunciado políticas económicas de ajuste implica un error o simplemente una estrategia para ganar tiempo –del tipo real option sobre las medidas económicas- hasta que la “fuerzas de las circunstancias” lo obliguen a tener que tomarlas. El análisis detrás de estas aseveraciones resulta parcial tanto en el plano normativo como en el positivo.

El presidente de la República en cadena nacional relataba que luego de una visita a un par de comunas había podido ver al hombre nuevo. En un proceso político como el Socialismo del Siglo XXI que ve en la sociedad moderna y democrática, donde impera el Estado de Derecho típico de sociedades industrializadas y de consumo –y/o “consumismo”- a una falla histórica; se complica el análisis clásico y neoclásico de la economía.

Propios y ajenos nos hemos preguntamos si haber decidido profundizar en el modelo socialista es racional, sostenible o incluso normativamente coherente. El meollo de analizar este tema se encuentra en que si partimos de una situación de escasez como determinada o estructural, se forza a que los objetivos de interés público como lo son eficiencia económica y equidad puedan encontrarse en conflicto –desarrollaremos este punto más adelante-.

Desde el punto de vista político y/o de la economía positiva, una política de racionamiento podría permitir que una mayor masa crítica tenga acceso a los bienes escasos, porque abolido el modelo de mercado y el sistema de precios, la disponibilidad de pago no constituye el criterio de acceso a los bienes sino su distribución administrada políticamente. Lo anterior lo plantea José Antonio Martínez Álvarez[1] como una alternativa para que políticas redistributivas –independientemente de su impacto sobre la eficiencia económica y el nivel de bienestar social- sea políticamente potable y sostenible. Martínez Álvarez plantea que simplemente atendiendo el objetivo de equidad, como podría ser instrumentar una política de racionamiento ante un escenario de escasez, podría multiplicar el número de beneficiarios versus los perdedores de la política, lo que podría traducirse en mayor apoyo popular, político e incluso electoral[2]. Incluso, podría existir una política de expoliación –redistribución de patrimonio y riqueza anteriormente creada y atesorada- que podría surtir el mismo efecto de multiplicación de los beneficiarios, a un número superior a aquel número de lesionados.

Aun cuando la reflexión anterior nos da luces de cuan sostenible en el tiempo y viable políticamente podría ser una política de redistribución de escasez, nada nos dice respecto al deber ser de un Estado Benevolente que debería pretender maximizar el bienestar social o satisfacer las necesidades reales.

En el plano normativo, la respuesta puede ser ambivalente. Martin Weitzman[3] profesor del MIT, desarrolló un análisis por medio del cual demuestra que partiendo de una situación de escasez como dada, dependiendo de la características de la demanda, el modelo de mercado por medio de su sistema de precios podría garantizar que el producto llegue a quien más lo necesita en un caso, mientras que bajo otras circunstancias un sistema de racionamiento podría garantizar –teóricamente[4]– lo propio.

De hecho, Weitzman demuestra que, ceteris paribus, el sistema de precios posee mayor efectividad comparativa respecto a la llegada de los productos escasos a aquellos que más lo necesitan cuando los ingresos están distribuidos más equitativamente y/o los gustos o la necesidad por el producto más dispersa. Por el contrario, plantea que un sistema de racionamiento resulta más efectivo cuando los gustos o necesidades resultan más uniformes y/o existe mayor desigualdad en los ingresos. En la economía neoclásica microeconómica existe una “amalgamiento” entre gustos, preferencias, restricción presupuestaria y disponibilidad de pago por medio de la curva de demanda. En este sentido Weitzman destaca que aquellos que defienden al racionamiento como mecanismo, aseguran que éste constituiría una mejor forma para asegurar que las verdaderas necesidades sean satisfechas. Bajo esta perspectiva, si es el sistema de precios y el precio que vacía el mercado el que determinara a quienes llega el producto escaso, este terminará en manos de quienes posean más dinero. Weitzman plantea la pregunta de cómo podría ser honestamente dicho que el sistema de precios seleccionará y podría satisfacer las necesidades reales cuando el criterio de reconocimiento se encuentra fundamentalmente basado en los ingresos y no en ningún otro criterio[5].[6] Weitzman plantea que una vía justa para asegurar que cada quien tenga igual chance de satisfacer sus necesidades sería dando más o menos la misma oportunidad de participar a cada consumidor, independientemente del tamaño de su presupuesto[7]. Para llegar a esta conclusión Weitzman desarrolla una función de bienestar del consumidor que presenta con cierta independencia a la utilidad intrínseca del bien escaso de la utilidad marginal de la renta. Esta función de bienestar  esta expresada de la siguiente forma: U(x;є) – λpx donde U(x;є) es la utilidad intrínseca que genera el producto dependiendo de su cantidad consumida x y є constituye un parámetro que representa la necesidad o el gusto por el producto. Por su parte p representa el precio pagado y λ constituye una medición indirecta del nivel de ingreso o riqueza, representando por la utilidad marginal de una unidad monetaria extra[8].

En el caso que los gustos sean uniformes y la utilidad intrínseca sea más o menos homogénea entre los consumidores, la utilidad marginal del dinero terminará incidiendo más en el bienestar y en su sumatoria colectiva. En esta situación el sistema de precios y el precio del mercado determinará que se oriente los productos a quienes posean menor utilidad marginal del dinero, es decir aquellos consumidores con mayor disponibilidad de pago y en consecuencia aquellos consumidores supramarginales –sin que ello signifique que aquellos que compran el producto escaso es quien más lo necesitan-. En este caso es que Weitzman plantea la necesidad de un mecanismo de racionamiento que pondere especialmente a la utilidad intrínseca ya que las diferencias en la utilidad marginal del dinero poseen una incidencia más que proporcional sobre el bienestar. Sin embargo, el ejercicio de Weitzman no pondera al bienestar social total como bien a tutelar sino que busca el mecanismo de distribución y/o asignación de los bienes que garantice una mayor sumatoria de la utilidad intrínseca del producto o una asignación a aquellas personas que más necesiten el producto. Por el contrario, cuando existen diferencias importantes en las necesidades –en la utilidad intrínseca del producto escaso- y existe homogeneidad en el ingreso, el sistema de precios resulta preferible porque la diferencia en la disponibilidad de pago estará explicada por la necesidad del bien y no por la diferencia en la utilidad marginal del dinero de los consumidores.

Sin embargo, el análisis anterior no necesariamente está a favor de ningún sistema de distribución de la escasez del tipo cuotas o cupos en el número de productos que podría permitírsele comprar a cada individuo o familia –como se asoma con el sistema biométrico-. De hecho, el racionamiento del que habla Weitzman no está orientado a asomar una distribución equitativa, sino a reflexionar sobre aquel caso donde existiendo escasez, existe un divorcio entre la necesidad del bien y la capacidad de pago del consumidor, que cuando existe heterogeneidad en los presupuestos familiares y homogeneidad en los gustos o en la necesidad del producto; la asignación racionada de los productos se orienta hacia aquellos que lo valoran más por medio de su utilidad intrínseca. Es decir, la distribución del producto escaso podría ser altamente concentrada igualmente.

Como ya lo hemos precisado en numerosos artículos, dado que los controles de precios no constituyen per se un buen mecanismo de garantía de acceso y de equidad –especialmente ante el amalgamiento de gustos, preferencias, presupuesto y disponibilidad de pago- se requeriría un mecanismo de redistribución y racionamiento de la escasez que partiría de la desaparición de la “soberanía del consumidor” y del mercado, por medio de un plan público de administración directa en la entrega. Sin embargo, lo anterior perseguiría eventualmente equidad, sin importar la eficiencia porque se parte de una situación de escasez y desabastecimiento.

El análisis anterior da muestra de que muchos nos hemos estado equivocado creyendo que el modelo socialista de racionamiento es insostenible en términos absolutos y que los anuncios económicos del tipo ortodoxo de ajustes y shock llegarán más temprano que tarde. El issue está en por qué tenemos que aceptar como dada la situación de escasez que pone en conflicto objetivos sociales que deberían ser complementarios como la equidad y la eficiencia. ¿No es mejor redistribuir riqueza que redistribuir pobreza? En el caso venezolano es un “simple” problema de poder político y de prejuicios, no un problema económico.

Conclusiones Fundamentales:

  • El problema de la distribución desaparece cuando no existe escasez, por lo que el problema parte por entender que la situación de insuficiencia de bienes debería ser transitorio y de corto plazo, atendiéndose a las causas que la han generado.
  • Un sistema de racionamiento no resulta superior al sistema de precios, ni siquiera en una situación de escasez si el benchmark es la maximización del bienestar social.
  • Sólo en aquellos casos que existe independencia entre la utilidad intrínseca del producto y la disponibilidad de pago, con homogeneidad entre los consumidores respecto a la primera y fuerte heterogeneidad respecto a la segunda; ante un escenario de escasez, un racionamiento podría garantizar que llegue mejor el producto a quien más lo necesita.
  • En sociedades económicamente sanas los precios no tienen porqué constituir materia de interés público –salvo en el caso de monopolios naturales-, y el poder de compra promedio del salario aumenta en la medida que aumenta la productividad de la economía. Esta realidad permitiría correlacionar a la utilidad del producto y la capacidad presupuestaria con la disponibilidad de pago.
  • La convergencia hacia arriba, hacia la inclusión en la generación de la riqueza y su distribución constituye un objetivo público. Sin embargo, lo anterior es algo muy distinto al modelo Socialista del Siglo XXI y a la redistribución de la escasez.

[1] Martínez Álvarez José Antonio: Economía del Sector Público. Ariel Economía. 2000.

[2] Hay quienes podrían preguntarse qué ocurriría después del proceso de redistribución y ciertamente este sería otro escenario que requeriría otro análisis.

[3] Weitzman Martin: Is the Price System or Rationing more Effective in Getting a Commodity to those who need it most? The Bell Journal of Economics. Vol 8, N 2, 1977.

[4] Nunca exento a la exacerbación de problemas agente principal, corrupción, despilfarro y fallas de Gobierno en las actividades públicas de prohibición de bienes privados de consumo privado.

[5] Weitzman Martin: Is the Price System or Rationing more Effective in Getting a Commodity to those who need it most? The Bell Journal of Economics. Vol 8, N 2, 1977.

[6] Sin embargo, el problema anterior no deja de ser un análisis de estática y de corto plazo, que podría encontrar solución dinámica y en el corto plazo fuera de una política de control de precios y de racionamiento.

[7] Weitzman Martin: Is the Price System or Rationing more Effective in Getting a Commodity to those who need it most? The Bell Journal of Economics. Vol 8, N 2, 1977.

[8] Esta función de bienestar se deriva de la siguiente función de demanda: x(p;є,λ)=A-Bλp+є

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