El Editorial

Los costos de la intransigencia

Aquello que era inminente finalmente se concreta. En un ambiente que se ha acalorado con rapidez Carlos Ortega anuncia un paro nacional general de 24 horas para el martes 9 de abril. Este paro cívico es la reacción natural de la sociedad frente al abuso de poder del gobierno. La intransigencia absurda y el autoritarismo ciego, que el gobierno ha pretendido imponer en PDVSA, forman parte de una política suicida, que propicia el choque de trenes y llama peligrosamente a la violencia.

Los conflictos superan la importante empresa petrolera venezolana, alrededor de la cual gira el país, hasta alcanzar a los más diversos sectores. Las universidades públicas, ante el incumplimiento presupuestario del gobierno, deslizaron sus acciones hacia el paro indefinido. El magisterio venezolano ya hizo sonar el clarín de la huelga en los oídos del mismo Aristóbulo Istúriz. Los médicos caminan asimismo hacia la radicalización, sin mencionar a los trabajadores del poder judicial. ¿Y el gobierno? Sordo e intransigente.

El anuncio de Diosdado Cabello es representativo de los problemas profundos que comprometen al gobierno respecto a los procedimientos democráticos. La imposición del criterio de autoridad por encima de la meritocracia en PDVSA, y el cinismo de pretender adelantar un “diálogo” sin la más mínima capacidad para ceder son síntomas del autoritarismo que los envuelve. Autoritarismo que es la máxima negación del proclamado carácter pacífico y democrático de la revolución, y que convierte en una cínica burla el carácter “participativo” del proceso.

El chavismo no entiende que la intransigencia tiene un alto costo político. Un gobierno que no ha sido capaz de sumar voluntades a su alrededor durante su gestión camina hoy con paso firme hacia un precipicio. Cada acción violenta propiciada por las turbas del oficialismo en distintos escenarios, desde la Asamblea Nacional hasta Los Chaguaramos, desde Maturín hasta Barquisimeto o Trujillo, aleja la posibilidad de sostener la convivencia democrática.

Esta incapacidad para el diálogo real fortalece a los más radicales, de un lado y del otro, mientras los moderados callan, otorgan y finalmente se retiran de un juego que se ha tornado absurdo y peligroso. La lógica de los enemigos, que solo vencen tras la destrucción del otro, sustituye a la de los adversarios, que han de tolerarse y respetarse. Al autoritarismo y la intransigencia del gobierno veremos responder con una mayor radicalización de los sectores de la oposición. Nos alejamos, rápidamente, de los mecanismos democráticos de resolución de conflictos, mientras se asoma en el horizonte la macabra posibilidad de que la sangre corra en un país que tiene un siglo en paz. ¿Pretende el gobierno manchar de esta manera la historia de Venezuela? Patética cosecha para el futuro. En definitiva, es demasiado triste el horizonte hacia el que parecemos caminar, y el gobierno será el responsable.

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