El 18 de octubre de 1945
El 18 de octubre de 1945 es una fecha polémica que ofrece visiones distintas con opiniones y posturas para la reflexión. Algunos estiman que el golpe de Estado de ese día estaba justificado porque el gobierno no avanzaba en la consagración del voto universal, directo y secreto. Hay otros que sostienen que fue un golpe militar clásico que interrumpió la apertura hacia la democracia y colocó a los militares como los verdaderos árbitros del juego político, tal como se evidenció el 24 de noviembre de 1948, con el alzamiento que derrocó al novelista Rómulo Gallegos.
Entre los primeros destacan Carlos Canache Mata, Germán Carrera Damas, Simón Alberto Consalvi, Marco Tulio Bruni-Celli. Entre los segundos, se pueden mencionar a Arturo Uslar Pietri, Miguel Otero Silva, Carlos Irazábal, Manuel Caballero, Jorge Olavarría y Corina Yoris, entre otros.
Más allá de las distintas miradas de este fundamental acontecimiento de nuestra historia política, hay dos hechos sobre los cuales puede haber consenso: el 18 de octubre puso fin al predominio del sistema político de inspiración positivista y le abrió las puertas a la democracia liberal.
Sobre lo que no debe haber discusión es que el 18 de octubre fue un golpe militar que sirvió de base a la llamada “revolución de octubre”, la cual hizo transformaciones de gran calado a nuestro sistema político. Y estos cambios se pudieron hacer mientras los lideres civiles tenían el apoyo militar. Al desaparecer este cimiento, sucumbió el proceso de cambio que se había iniciado. El sostén militar al sector civil desaparece con el golpe del 24 de noviembre de 1948.
Como consecuencia del golpe de Estado, el liderazgo civil encabezado por Rómulo Betancourt buscaba convertir a AD en un partido hegemónico, impulsar el voto universal, hacer una revolución al amparo del Plan de Barranquilla y echar las bases de la futura democracia. El liderazgo militar, representado por los llamados “plumarios” -formados en las academias-, buscaba arrebatarles el poder a los viejos generales del gomecismo, llamados “chopo e’ piedra” -curtidos en las batallas y en las escaramuzas- y obtener mejoras salariales.
Sobre este asunto, Carlos Canache Mata en su artículo del pasado jueves 13 de octubre, publicado en El Nacional, expuso las políticas de la Junta de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt. Destaca Canache Mata los aciertos en materia de conquistas políticas, como el sufragio universal y directo, así como en materia económica, petrolera, salud pública, política exterior y en educación. Estas son opiniones inapelables.
Una de las acusaciones que se formulan contra la Junta de Gobierno fue la persecución política que se inició con el Decreto N° 64 de noviembre de 1945, que creó el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa. Este tribunal fue diseñado para combatir la corrupción, pero se usó, más bien, para perseguir a los contrincantes políticos como Eleazar López Contreras, Isaías Medina y Arturo Uslar Pietri.
Este período quedó signado por el sectarismo, lo cual fue una de las excusas que usaron los militares para en derrocar al presidente Rómulo Gallegos en el golpe del 24 de noviembre de 1948. AD ocupaba todos los espacios de la burocracia del Estado, lo que molestó a los distintos grupos civiles, religiosos y económicos. Estos sectores reaccionaron y comenzaron a conspirar con el sector militar. Figuras como Germán Suárez Flamerich y Laureano Vallenilla Planchart se acercaron al grupo liderado por Marcos Pérez Jiménez.
Otro aspecto sobre el cual hay que reflexionar es el de las relaciones entre los civiles y los militares que surgieron con ocasión del 18 de octubre de 1945. El grupo militar delegó en los civiles las tareas de gobierno, mientras ellos se ocupaban de la seguridad territorial y de asuntos de la institución militar. En este contexto, Rómulo Betancourt, pese a su reconocido olfato, no percibió la amenaza que significaba Marcos Pérez Jiménez en su posición de jefe del Estado Mayor del Ejército. Luego, y desde esta posición, lideró el golpe contra Rómulo Gallegos del 24 de noviembre de 1948.
Aquí cabe preguntar: ¿quién utilizó a quién? ¿Los civiles a los militares, o al revés? Los civiles querían sus reformas políticas y los militares buscaban el control del ejército. Cuando los civiles comenzaron a estorbar a los militares, se acabó la alianza y vino el golpe del 24 de noviembre de 1948.
Durante el “trienio adeco” no operó la subordinación del poder militar al civil, como si ocurrió a partir de 1958. Lo aprendido con los errores cometidos llevo a Rómulo Betancourt, en su segunda presidencia, a manejar de manera apropiada la relación con el sector castrense. Logró su apoyo y esto fue la clave para derrotar las amenazas de la izquierda y de la derecha que gravitaban sobre su gobierno. Aplicó una metodología de respeto, equilibrio institucional y una acertada política de ascensos basada en méritos.
Con la experiencia vivida, Rómulo Betancourt mostró a partir de 1958 que sí era posible que el poder civil pudiese liderar la relación con los militares. Esto fue darle fuerza al principio de subordinación del poder militar al poder civil previsto en el artículo 179 de la Constitución de 1811. Esta norma proclamaba que “el Poder Militar, en todos los casos, se conservará en una exacta subordinación a la autoridad civil y será dirigido por ella”. Este mandato fue cumplido a partir de 1958, hasta que la crisis política que afectó el sistema de partidos desató nuevamente los demonios militaristas.
El segundo gobierno de Betancourt incorporó a la Fuerzas Armadas a los militares que habían sido excluidos y perseguidos por la dictadura de Pérez Jiménez. El estadista adeco demostró espíritu de colaboración con el poder militar en la búsqueda de los altos fines del Estado. Y todo esto fue afianzado por el prestigio moral e intelectual de los líderes civiles; el acuerdo político que cristalizó en el Pacto de Puntofijo; la fortaleza de los partidos políticos; la alianza con los Estados Unidos; la amenaza del castrismo que unificó al sector militar y la convicción del sector profesional de las Fuerzas Armadas de que había que defender los valores de la democracia y respetar el principio de alternancia del poder.
El 18 de octubre de 1945 no es la fecha en la que se inicia el poder civil en Venezuela, sino la fecha en la que se ratifica la participación militar para decidir los asuntos políticos. El 23 de enero de 1958, al contrario, es la fecha en la que se inicia un proceso de cooperación vigorosa entre ambos sectores. Y esto sirvió de sustento a cuarenta años de gobiernos civiles.
La relación constructiva entre los civiles y militares, en la búsqueda de los valores republicanos, merece apoyo sin reservas. Es lo que le conviene a Venezuela.
El 18 de Octubre de 1945 es aún controversial. Se dio un Golpe de Estado, (sustitución de un gobierno por una fuerza militar) contra el gobierno del Presidente General Isaías Medina, que orientado por sus asociados civiles (la dirigencia del partido “Acción Democrática”) originó una revolución democrática, porque en esos tiempos lo revolucionario era la democracia.
A la muerte del tirano Gómez en 1935 el poder lo heredó el Ejército Gomecista (1908-1958), comandado por el General Eleazar López Contreras, quien asumió la Presidencia y en 1941 impuso como “sucesor” (como en las monarquías) a su hombre de confianza: su ex secretario y ex ministro de Guerra y Marina, General Medina Angarita, quien pretendió imponer como “sucesor” en 1946 a un civil títere (al estilo de Gómez), porque desde tiempos de Cipriano Castro, quien le arrebató el derecho al pueblo venezolano de elegir al Presidente, éste era electo por el Congreso en elecciones censitarias y de tercer grado.
Medina, quien no desterró, encarceló, ni ordenó torturar ni matar a ningún venezolano por sus ideas políticas y respetó la libertad de prensa, méritos enormes en Venezuela, no fue electo por el pueblo. Era expresión del neogomecismo (los antiguos gomecistas decidieron hipócritamente en 1936 que “el único corrupto” era el fallecido Tirano Gómez y reformó la Constitución y aprobó una ley especial para confiscar los bienes de su herencia, considerada producto del saqueo del Tesoro Nacional, quedando impunes sus “socios” y testaferros, entre estos muchos venezolanos enriquecidos por las concesiones petroleras otorgadas por la Tiranía y negociadas con empresas extranjeras, oportunistas hechos millonarios de la noche a la mañana, quienes se disfrazaron de “gente decente”) y se negó a las reformas democráticas que reclamaba el país. Por tales razones, no se derrocó a un gobierno legítimo y por eso participó el mayor partido político opositor (AD), cuya principal bandera era rescatar la soberanía popular con la elección popular del Presidente y demás poderes públicos.
Y tal meta se cumplió entre 1945 y 1947, con la convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente, que aprobó una nueva Constitución democrática, y la elección popular de un Presidente (Rómulo Gallegos) y de un nuevo Congreso Nacional, mediante el voto universal, directo y secreto de todos los venezolanos mayores de 18 años (incluidas las mujeres y los analfabetas), quedando así abolidos los sistemas electorales censitarios e indirectos (de grados) y sin burlarse la soberanía popular con votos corporativos (propio del fascismo y de inspiración medieval), con falsos partidos opositores o por un partido único, propio de totalitarismos, ya sea fascista, nazi o comunista.
¿Quiénes y por qué le dieron el Golpe de Estado al Presidente Medina?
El Golpe lo dieron cerca de 150 jóvenes oficiales (de casi mil oficiales que tenía el Ejército Gomecista) de la logia “Unión Patriótica Militar” (militares organizados a semejanza de partidos políticos), cuyo líder era el Mayor Marcos Pérez Jiménez, excluido por torpeza de integrar la Junta Revolucionaria de Gobierno, en favor del Capitán Mario Vargas. Ellos expusieron como banderas la necesidad de democratizar al país y modernizar al Ejército Gomecista, dividido entre los viejos oficiales gomeros, los “generales, coroneles y tenientes coroneles de grito y machete”, por los oficiales jóvenes y de grados subalternos (mayores, capitanes, tenientes y subtenientes) formados en las escuelas militares y capacitados para manejar los más recientes armamentos adquiridos.
En realidad los golpistas no querían el regreso al poder del General López Contreras, cuestionado por el Tratado de Límites con Colombia de 1941, ni continuar postergados y eran conscientes de la necesidad de modernizar al Ejército Gomecista, un cuerpo armado policial con uniformes militares, como señaló la Misión Militar de Estados Unidos en su informe de 1942, destinado a reprimir a los civiles y asegurar las dictaduras y dictablandas de los Generales.
Al triunfar, los jóvenes oficiales se autoascendieron y se dedicaron a modernizar al Ejército Gomecista y adoctrinados en dos grandes mentiras enseñadas como dogmas por sus escuelas militares. En 1948 y bajo la batuta de Marcos Pérez Jiménez (principal líder de los militares gomecistas y golpistas de 1945, quien fue excluido, absurdamente y por miopía política, de su esperado puesto en la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945) derrocaron con otro Golpe de Estado al gobierno democrático del Presidente Rómulo Gallegos, electo en 1947 por la mayoría abrumadora de los venezolanos en las primeras elecciones libres de nuestra historia e impusieron otra larga, cruenta y corrupta dictadura militar que duró 10 años (1948-1958).
Las dos (2) más grandes mentiras creídas como dogmas por los oficiales del Ejército Gomecista, mentiras impuestas por órdenes de Gómez, eran:
1) Los oficiales gomecistas eran “herederos del Ejército Libertador”, en verdad formado en su abrumadora mayoría por los civiles que tomaron las armas desde 1810 hasta 1830 para ganar la Guerra de Independencia. Además el Ejercito Gomecista nace en 1909 para servir y afianzar la Tiranía de Gómez y existe hasta 1958 cuando su último oficial gomecista al mando, el autoascendido a “General”, Marcos Pérez Jiménez, es derrocado, y el Ejército se transforma en soporte del sistema democrático y no de dictaduras opresoras del pueblo venezolano.
2) Los civiles no tenían capacidad para dirigir el país, olvidando que Gómez (cuya más nefasta “herencia” fue el Ejército Gomecista) era un próspero hacendado cuarentón antes de participar en las guerras civiles de mano de su compadre Cipriano Castro, otro civil convertido en caudillo y General, y que López Contreras era un estudiante metido, ya Bachiller en Filosofía, en las huestes de la Revolución Liberal Restauradora de 1899. Ninguno formado en las escuelas militares, que no preparan gobernantes ni hombres de estado, menos aún en las escuelas gomecistas, que graduaron a tantos futuros corruptos, carceleros, esbirros, torturadores y asesinos, a imagen del nefasto y sanguinario Juan Vicente Gómez.