El Esequibo: el tiempo apremia

A finales del año vence el plazo aplicado por el Secretario General de las Naciones Unidas para resolver la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo. A partir de ese momento, el caso irá a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes decidan adoptar otro método de solución pacífica para resolver el diferendo.

En los últimos años -de los 25 que ha durado, el método de los buenos oficios como mecanismo para encontrar un acuerdo práctico y satisfactorio, como lo señala el Acuerdo de Ginebra de 1966, no ha producido ninguna solución aceptable para ambas partes. Es más, la actitud asumida por el gobierno de permitirle a Guyana que otorgase concesiones en la zona en reclamación, sin utilizar la protesta como medio jurídico de impedir que configurase una aceptación tácita del hecho, o peor aún, una aquiescencia, ha puesto a Venezuela en una situación extremadamente complicada, en caso que la decisión de resolver el litigio quede en manos de la CIJ.

Pero lo más grave es que esa actitud pasiva de las autoridades venezolanas frente a Guyana, para no enemistarse con el Caricom, ha permitido que ese país otorgase una concesión a EXXON, no solo sobre áreas marinas y submarinas de la zona en reclamación, sino en lo que constituye la fachada atlántica de las bocas del Río Orinoco, o lo que es lo mismo, la plataforma continental del Delta Amacuro. Esta corresponde a la prolongación natural del territorio terrestre de Venezuela bajo el mar y que pudiera extenderse hasta 350 millas de la costa, si el gobierno emitiese el más que necesario decreto sobre la plataforma continental que le corresponde a Venezuela en el Atlántico.

No hay más tiempo que perder si no queremos perder la soberanía, o mejor dicho, los derechos soberanos sobre los recursos del mar y su subsuelo, que está garantizado por la convención sobre el derecho del mar y por el derecho internacional consuetudinario.

Una cosa es buscarle una salida honorable a la reclamación, con base en el Acuerdo de Ginebra, y otra es garantizar la soberanía de nuestro país sobre su territorio.

Este asunto no debe ser politizado, tiene que representar la voluntad unitaria de todos los venezolanos para asegurar y defender nuestra integridad territorial.