El largo camino hacia la democracia
Antonio J Benitez
La democracia no es perfecta, por eso ¨Con cierta razón Winston Churchill decía que la democracia es el peor sistema a excepción de los demás, no dijo directamente que era el mejor, y esto por una razón muy simple, debido a que la democracia es perfectible, porque los tiempos y las situaciones humanas lo exigen, como lo exigen los tiempos de hoy en los que nos ha tocado vivir Francisco Escandón Valenzuela*
Sometido por las tiranías caudillistas el pueblo venezolano pudo, por primera vez, disfrutar de los beneficios de la democracia hace apenas unas décadas gracias al Pacto de Punto Fijo firmado en 1958. Aunque fue un periodo relativamente corto, el pueblo, libre del yugo de la dictaduraa, le dio rienda suelta a su capacidad intelectual para reconstruir el país después de largos años obligado a reprimir su capacidad creadora y su inmensa ambición de libertad. Tan rápido fue su avance que ya veíamos a Venezuela tocar a las puertas de los países desarrollados. Pero, mala suerte para el pueblo, sucedió lo que comúnmente afecta a esos que la suerte elije para el premio mayor de la lotería. Pierden todo en un despertar, embriagados en una borrachera de bonanza. Venezuela, luego de ganarse el premio mayor de la democracia logrado con el pacto de Punto Fijo vivió un periodo de derroche de la democracia, ausente de toda reflexión crítica para mejorar su funcionamiento. Los actores políticos, todavía carentes de una cultura democrática arraigada y definitiva, se desviaron hacia caminos y trochas creyendo que esa era la mejor forma de gobernar. En su precipitación, comenzaron a violar las reglas elementales e imprescindibles de la democracia.
Se llega así al año 1998, con una democracia estancada y envejecida prematuramente. Por falta de experiencia y sin planes de pedagogía para la renovación, ni los líderes políticos ni el pueblo tuvieron el discernimiento para comprender que la democracia es perfectible. Y es por eso que sigue triunfante desde que la inventaran los griegos hace más de 2500 años. Siendo año electoral, los candidatos presidenciales llegaron con halagadoras promesas basadas en sus diagnósticos severamente críticos de un gobierno que consideraban, estaba dirigido por ´cupulas podridas´ sin nada que ofrecer al pueblo. Se referían a una élite política corrompida y a unas instituciones desprestigiadas que habían debilitado gravemente la imagen de nuestra democracia. La corrupción era el gran problema de aquella Venezuela, por eso la gente votó por “caras nuevas”, creyendo que eso era sinónimo de cosas nuevas, pero lo que no imaginaron es que los males de la cuarta se convertirían en tragedia diaria durante la quinta, que los ladrones de cuello blanco serían suplantados por una mafia de cuello rojo que lejos de representar la agravación de la corrupción, se acerca más al pillaje, el saqueo, a la expoliación más grande que haya vivido un pueblo sobre la tierra. Brian Fincheltub http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/cupulas-podridas_260947 24 de nov 2018 Entusiasmado, en un voto masivo, el pueblo terminó aceptando la oferta electoral conocida como la Revolución Bolivariana RB del candidato Hugo Chávez Frías, adosada con el slogan “Con Chávez manda el pueblo”, al que eligió como su futuro mandatario. El pueblo esperaba los resultados del plan de gobierno presentado durante la campaña electoral. En la nueva Constitución aprobada por aplastante mayoría al final de 1999 se aprobaron los lineamentos constitucionales del Poder Público, representado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral estableciendo la legalidad que debería regir en la ejecución de dicho plan, en particular, todo lo incumbente al combate de la corrupción, al ejercicio de la gobernanza y de la democracia, a la sana administración de las riquezas nacionales, a la seguridad y defensa de la nación, la seguridad pública, la salud, la educación y otros servicios públicos esenciales que la sociedad necesita para su convivencia y desarrollo social y económico.
La RB ha gobernado al país durante veinte años, dotada de amplios poderes y de enormes recursos, suficientes para enrumbar definitivamente a Venezuela por el camino del desarrollo. Al final de este largo periodo todos se preguntan si ha habido algún beneficio para la sociedad. Tomando como apoyo los análisis de diferentes cronistas del acontecer nacional reflejados en la prensa nacional e internacional, lo que sigue es apenas un ínfimo recuerdo de lo que he podido retener de ese vasto material. El pueblo se ha beneficiado de una masiva redistribución de riquezas, pero estas han sido dirigidas más al consumo inmediato que a la inversión productiva con visión en el largo plazo. Se ha descuidado el fortalecimiento institucional, en particular, el Estado de Derecho, el desarrollo humano, la economía y la preparación para la competitividad del país a nivel internacional. Esto ha traído un deterioro de los servicios públicos esenciales, tal los servicios de salud dejados al abandono y suplantados por una institución paralela ineficiente. La violación de la soberanía del pueblo y la colusión de los inherentes poderes constitucionales al interponer en algunas alcaldías y gobernaciones, instituciones paralelas contrarias a lo expresado por el pueblo en los procesos electorales. Deterioro del tejido industrial y manufacturero por el impacto de las expropiaciones y el control de precios. Empobrecimiento masivo de la población a causa de una hiperinflación que consume los salarios antes de que estos lleguen al bolsillo de sus destinatarios. Despilfarro de los recursos de la nación en proyectos de infraestructura dejados inconclusos con la consiguiente desaparición de dichos fondos a través de redes de corrupción que devoran los recursos necesarios para la modernización de la infraestructura y los servicios públicos. Se estima que para el periodo 2002-2017 este flagelo habría sustraído entre 15%-20% del PIB del país, equivalente a más de 600.000 millones de dólares. http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/alejandro-andrade-muestra-cultura-corrupcion-del-chavismo_262154 Pero lo más alarmante de todo esto es el hecho que el pueblo ignore, que no comprenda que esos recursos son de su propiedad colectiva, y que sin ellos el gobierno no puede garantizarle servicios públicos de calidad y la construcción y mantenimiento de los grandes proyectos de infraestructura. Según el Latinobarómetro 2018, los ciudadanos no le asignan importancia a la corrupción.
Así pues, el panorama es sombrío para el país y la pregunta es, quien es responsable de todo esto. Como es sabido, la ciudadanía ha hecho lo que ha podido dentro de sus posibilidades, y lo ha hecho bien. Siempre ha obedecido las reglas de la democracia, ha dado la cara cumpliendo con su deber electoral cada vez que sus líderes lo han dirigido hacia metas claras, de interés nacional. Así fue en el 2007 cuando le infligió una derrota monumental al presidente Chávez que con su referendo constitucional pretendía convertir a Venezuela en un Estado socialista. Igual hizo en el 2015, cuando con su voto masivo rescató la Asamblea Nacional dándole mayoría absoluta. Su rol en el control y monitoreo de la acción gubernamental hubiera podido ser mayor si estuviera impregnada más a fondo de cultura democrática y de educación cívica.
Pero si el ciudadano común ha cumplido con sus deberes democráticos, no es el caso de los líderes de partidos políticos ni de los árbitros de los cinco poderes constitucionales que, a la luz del estado actual del país, han fallado en su deber de asegurar el buen funcionamiento de la democracia y la eficiencia de la acción gubernamental. Así, a veinte años de la RB, el pueblo nunca esperaba que el país llegara a su lamentable estado actual. Sigue esperando lo pautado en la Constitución de 1999 la cual en tan solo uno de sus artículos (Artículo 3) muestra la inmensidad de las promesas
El país cuenta con la estructura constitucional para construir un país decente, civilizado y próspero. Dispone de un arsenal de leyes, todas buenas, entre ellas, leyes especiales para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero como los árbitros no las aplican, la abierta desobediencia de las leyes que arbitran la cotidianidad de la sociedad puede llevar la impunidad a destruir la convivencia y la cohesión social y aún más, poner en peligro la propia soberanía de la nación. Con ello se anularía el potencial de progreso del país y la cosecha será de ruina, estancamiento, atraso, y más sufrimiento. Si aceptáramos llegar a ese estado, significaría que nada hemos entendido del legado del Libertador y demás héroes de nuestra independencia. Estamos en una encrucijada. No podemos seguir en el camino de la fatalidad. Tenemos que hacer uso de nuestra capacidad de resiliencia para vencer la pasividad e involucrarnos un poco más en el apoyo y defensa de la democracia y de sus instituciones. Cumplir con el deber electoral de votar en cada elección y luego regresar al hogar no es suficiente. El país le pertenece a todos, como pueblo somos copropietarios de sus riquezas, incluidas las que se roba la corrupción. Por nuestro propio bienestar, todos tenemos la obligación de defenderlo. Para ello debemos tener presente que, si participamos en los negocios de corrupción o aceptamos violaciones a la Constitución, estamos atentando contra nuestros propios intereses.
Parafraseando a G Clemençeau “La guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en mano de los militares”, diríamos que la política y la defensa de la democracia son asuntos demasiado importantes para dejarlos en manos de los políticos. La democracia no prospera sin la participación del pueblo. El papel del ciudadano en la vida del país tiene que ir más allá del voto, pero para ello es imprescindible que esté muy bien informado de la legalidad de las acciones de gobierno, lo cual no parece ser el caso en la actualidad. Para llenar este vacío, propongo la creación de un programa de formación para la institucionalización de un control ciudadano o control social basado en los Artículos 274 y 278 de la Constitución vigente. Eso sí, será necesario crear una nueva ley a fin asegurar la transparencia de su misión. La ley creará el marco legal para un programa de formación ciudadana para el control social, básicamente educación cívica el significado y funcionamiento de la democracia, la obediencia y respeto a la ley, la protección que ofrece la Constitución y las leyes, los deberes y obligaciones que todo ciudadano debe conocer para reforzar la defensa del orden constitucional, el control de la corrupción y la impunidad y la mejora de los servicios públicos. El control social será dirigido a los árbitros del Poder Público, así como al cuerpo de funcionarios de instituciones públicas. La legislación, así como el programa de formación determinaran las modalidades de su funcionamiento.
Los elementos del control social estarán basados en denuncias documentadas, verificables y dentro del marco de los límites que ley establezca. El sistema deberá ser acompañado de un programa de protección del declarante y de recompensas que pueden ser financieras cuando la denuncia permita la recuperación de recursos sustraídos al Estado, o de reconocimiento nacional cuando, por ejemplo, sus denuncias permitan mejorar sustancialmente un servicio público. Estos programas conocidos en inglés como Whistleblowers reward program, o lanzadores de alertas, han sido introducidas en algunos países entre ellos, los Estados Unidos de América durante el gobierno de Abraham Lincoln en 1863 y aun vigente. https://www.whistleblowersinternational.com/what-is-whistleblowing/rewards/
*Una perspectiva filosófica y ética de la democracia en un mundo globalizado. Francisco Escandón Valenzuela. http://congresos.um.es/sefp/sefp2009/paper/viewFile/3581/3521
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