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El respeto por el dinero

¿Cuándo voy a sentir que el ingreso me alcanza?  La respuesta a eso es otra pregunta: ¿te alcanza para qué?  Ahí, el abanico se abre a una disertación completa.  El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) ideó la “Canasta Familiar”, una cesta de bienes y servicios para una familia de cinco que costaba, en Venezuela, US$ 372 en marzo de 2020. Para ser sufragada con dos salarios mínimos, cada salario mínimo debería ser de US$ 186 por mes. Ahora, eso solo para sobrevivir, con el mínimo sustento indispensable y unos servicios básicos como agua, electricidad y telefonía provistos a precios que conducen a las empresas que los proveen a la quiebra. Con ese sueldo mínimo no hemos ido al cine, ni hemos comprado un helado.¿A eso se debe aspirar? ¿Solo a eso? Y, sin embargo, el salario mínimo venezolano equivale hoy a US$ 4; sería un triunfo llegar a los  US$ 186 o, más aún, a los US$ 552 que tienen los costarricenses. 

¿Cómo podemos llegar a eso? Muy fácil. Haciendo como los costarricenses: cuidando mucho nuestra moneda (el colón, en el caso de ellos) y aumentando nuestra productividad.Costa Rica tuvo una inflación anual de 1,52% en 2019, y tiene una altísima productividad, con un PIB por persona de US$ 12.027 en 2018 –Venezuela es hoy una sexta parte de eso– y exportaciones de US$ 4.500 por persona –Venezuela exporta hoy aproximadamente US$ 150 por cada venezolano–.

La productividad es la cantidad de bienes y servicios producidas por persona, por hora, por día, o por mes. Pero lo primero es producir, cosa que nosotros hacemos muy poco. Baja inflación es todo lo contrario de las permanentes subidas de precios y devaluaciones nuestras. Requerimos productividad y baja inflación.

Depreciación Monetaria y Controles de Precios

Las primeras devaluaciones de la historia se produjeron al rendir, en las monedas, el oro o la plata con metales más baratos, con el objeto de disponer de más monedas. Algo así como echar agua al caldo, para rendirlo porque llegaron más invitados. Ese caldo aguado no tiene las mismas calorías que el caldo concentrado, lo mismo que las monedas aguadas, o devaluadas, no compran lo mismo que las monedas fuertes – como el colón de Costa Rica. Uno de los que más abusó de rendir los metales de las monedas fue Diocleciano, emperador de la antigua Roma, que en el año 284 después de Cristo había reducido la moneda de la época, el Denario de plata, a una combinación de cobre y estaño que prácticamente no contenía plata. El resultado fue el crecimiento de los precios –o, la inflación–, que el gobierno romano rápidamente trató de contener mediante controles de precios.

De manera que los controles de precios no son nada nuevo. Por el contrario, son tan viejos como la historia del hombre. En la dinastía Lágida de Ptolomeo I, en el antiguo Egipto unos 300 años antes de Cristo, el Estado egipcio intentaba controlar los precios de los cereales mediante censores e inspectores que iban haciendo inventarios de hombres, animales, cosechas y estimaciones de cosechas futuras, imponiendo precios tan bajos que resultaban en que los campesinos, disgustados, huían de los campos y tenían que ser traídos de regreso mediante la fuerza y la tortura.

Ambas acciones –tanto el devaluar o depreciar la moneda para intentar disponer de más dinero, como controlar los precios– son errores en los cuales la humanidad ha incurrido numerosas veces. La República de Weimar es tal vez uno de los ejemplos más conocidos, pero cuyo propósito fue disminuir la carga de la deuda que Alemania debía pagar por reparaciones producto de su derrota en la Primera Guerra Mundial. La humanidad no está corta de ejemplos de gobernantes irresponsables que, pretendiendo gastar más de lo que tienen, han desbancado sus monedas, creando enormes inflaciones – las cuales luego tratan inútilmente de dominar mediante controles de precios, que no hacen sino degenerar en escasez de bienes.

Dinero por esfuerzo

Hugo Chávez y el autócrata Maduro no son sino ejemplos actuales de individuos que, ignorando las leyes de la economía y en la búsqueda desesperada de un dinero que no saben producir, devaluaron una y otra vez el Bolívar, hasta destruirlo como mecanismo de intercambio, de ahorro y de cuenta. Ambos, luego de la destrucción, buscaron refugiarse en el engaño de que los aumentos de precios son causados por la especulación de los comerciantes, y no la consecuencia de la pérdida de valor de la moneda.

Las sociedades, en su evolución a la prosperidad, han comprendido que el dinero es un concepto cuyo significado se debe respetar y resguardar. El dinero, como representación o equivalente del valor de los bienes y los servicios, es una invención maravillosa, y permite intercambiar el esfuerzo de unos por el esfuerzo de otros.

Según Francisco D’Anconia, un personaje ficticio de Ayn Rand, una escritora americana de origen ruso y proponente de la filosofía del Objetivismo, el dinero es la forma material del principio por el cual las personas que quieren intercambiar unas con otras entregan valor y reciben valor. Cuando se recibe dinero en pago por el esfuerzo propio, éste solo se acepta si ese dinero representa un esfuerzo equivalente de otros. Intercambiar por medio de dinero es un código de sociedades honestas, que descansa en el axioma según el cual cada persona es dueña de su mente y de su esfuerzo. El dinero no permite transacciones sino de mutuo consentimiento y beneficio. El dinero demanda no que sea entregado por pacotilla, sino por aquello que represente el máximo valor equivalente disponible. Cuando las personas viven mediante el intercambio, utilizando la razón y no la fuerza como su árbitro, el dinero siempre comprará el mejor producto, el mejor desempeño, y la mayor habilidad. Esas son las virtudes del concepto del dinero.

Decía John Maynard Keynes, el economista inglés considerado uno de los más influyentes del siglo XX, que «no hay ninguna manera más sutil, pero segura, para trastornar la base existencial de una sociedad, que desbancar, debilitar o deteriorar su moneda. Este proceso engancha con fuerza las leyes de la economía hacia la destrucción».

Cuando el esfuerzo no se valora porque se deprecia la moneda, el gobernante lo que demuestra es su desprecio por los gobernados. Las monedas, y los precios que ellas miden, deben reflejar el esfuerzo requerido para la producción de un bien o para la prestación de un servicio, ajustado al interés que haya en su demanda y la disponibilidad que haya en su oferta – su valor de oportunidad. Así, poner un kilo de azúcar en un mercado es el resultado de comprar la tierra, las semillas y los equipos de irrigación, recolección y procesamiento, sumado a los sueldos de quienes realizan el trabajo, así como a sus costos de empacado y distribución, sin dejar pasar los costos de infraestructura –como electricidad o gasolina–, para luego venderlo a un precio que se va reduciendo en la medida en que haya más vendedores de azúcar contra quienes competir. Cuando se regula el precio del azúcar, se desconoce todas las complejidades y los costos que entran en producir ese kilo de azúcar.

Respetar el dinero

Venezuela lleva más de 80 años con políticas de controles de precios, y sus perniciosos efectos sobre la economía. Los distintos gobiernos se han empeñado en mantenerlas, a pesar de haberse demostrado –suficientemente, y en todos los países– que no funcionan. Solamente en estos últimos 20 años, Venezuela ha sufrido los devastadores efectos de seis leyes que supuestamente buscaban proteger al consumidor, pero solo lograron lo contrario.

Mediante la (para ese entonces vigente) Ley de Protección al Consumidor, el gobierno de Hugo Chávez impuso en febrero de 2003 un control de precios sobre 45 bienes y 7 servicios, declarados como de primera necesidad. Luego, en mayo de 2004, se dictó la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, la cual fue sustituida en 2008 por la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, y que para julio de 2011 pasó a ser la Ley de Costos y Precios. El 23 de enero de 2014, nuevamente, se derogó la normativa antes citada, y se sustituyó por la Ley Orgánica de Precios Justos. Los elementos fundamentales de esta última fueron el establecimiento de un margen máximo de ganancia de 30% para cualquier actor de la cadena de comercialización, y la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), con amplias facultades para el seguimiento y control de los procesos de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios.

Para finales de 2017, el gobierno anunció la nueva Ley Constitucional de Precios Acordados, cuya política de controles perpetúa las distorsiones generadas por las leyes anteriores, con los mismos resultados nefastos. De hecho, las cifras del Banco Central de Venezuela –las pocas que hay– reflejan que las regulaciones no han servido para controlar y, mucho menos, para disminuir la inflación. Destaca que, aún con una significativa cantidad de precios controlados, Venezuela se convirtió en 2013 en la economía con mayor inflación en el mundo: 56,2% al año, según el BCV.

Ahora bien, esa cifra de 56,2% podría parecer insignificante al observar los niveles de inflación de los años más recientes en Venezuela. Bajo el argumento de la “guerra económica”, en enero de 2018 se aplicaron fiscalizaciones y ajustes de precios a multitudes de supermercados y abastos. El resultado, como todos sabemos, fue anaqueles vacíos y largas colas frente a los comercios, para tratar de conseguir productos. Y, esa vez, los aumentos de precios no los hicieron las propias empresas fabricantes, sino los llamados “bachaqueros”, que revendían cualquier tipo de producto a precios derivados de la ley de oferta y demanda. Finalmente, el organismo emisor reconoció –por presiones externas–  una inflación de 53.798.500% entre 2016 y 2019.

La inflación, el subsecuente control de precios y la destrucción de la moneda no resultan en bienes y servicios cuyos precios son muy altos, sino que resultan en la destrucción de la produccióny la productividad y, en consecuencia, en la destrucción de los ingresos de los trabajadores. Solo hay que ver cómo se ha comportado el salario mínimo en Venezuela para darse cuenta de los niveles de pobreza en que nos encontramos.

De acuerdo a las cifras oficiales, el salario mínimo en Venezuela era de Bs. 181.400 (US$ 337) para mayo de 1998, cuando empezó el primer gobierno de Chávez. El primero de mayo de 2013, con Maduro en el poder, se ubicaba en Bs.F. 3.634 (US$ 127,82). Cinco años más tarde, era de Bs.F. 2.555.500 (US$ 2,04). Esta situación se mantiene, y en mayo 2020 el salario mínimo fue de Bs.S. 800.000 (US$ 4).

Nuevamente, el problema no es que los precios de los bienes y servicios sean altos. Se trata, simplemente, de que los actuales salarios impiden al consumidor adquirirlos. Así, éste se queda sin acceso a una alimentación balanceada, a un buen sistema de salud –que hoy en día está en ruinas–, a un sistema de transporte digno –con servicios de metro, buses y ferrocarril–, a una buena vivienda, a educación –a todos los niveles–, a servicios de telecomunicaciones, de agua, de electricidad y de gas.

Venezuela es el país con salario mínimo más paupérrimo de casi todo el mundo. En países vecinos, como Colombia, el trabajador recibe una paga mínima de US$ 269 por mes; en Ecuador y Chile, asciende a US$ 400; en Costa Rica, se ubica en US$ 552. Si damos un vistazo a países más desarrollados, observamos que los ingresos mínimos son muy superiores, como en Estados Unidos, donde es de US$ 1.256, o en Alemania, donde es de US$ 1.788,57.

Los venezolanos necesitan recuperar la capacidad adquisitiva de su salario, y eso solo puede lograrse mediante políticas que estimulen la producción y la productividad. Los países que han logrado mejorar su productividad y calidad de vida son aquellos cuyos gobiernos han apostado por sus empresas, como es el caso de Costa Rica, instrumentando políticas que estimulan la inversión, resguardan la propiedad, alientan la educación, tienen una baja carga tributaria y convenios para la exportación, procurando importar lo mínimo posible y maximizando la producción y la productividad.

Incentivar la producción interna es el mecanismo para generar puestos de trabajo – muchos puestos de trabajo, tantos como sea necesario para que la ley de oferta y demanda suba el precio de ese servicio particular, vale decir, los salarios. Y, con mucha producción en marcha, los salarios solo se podrán preservar cuando el dinero se respete y se resguarde, manteniendo el valor de los bienes que se intercambian, como el colón, que se rige mediante el concepto de las sociedades honestas, como las que refiere el Francisco D’Anconia de Ayn Rand.

@jpolalquiaga

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