El Salario Mínimo Constitucional, ¿Letra Muerta?
Actualidad Salarial
Atrás quedaron los tiempos en que los incrementos “suficientes” del salario mínimo eran una política gubernamental de la revolución y se le comparaba favorablemente con sus pares de América Latina, así no lograse cubrir la canasta alimentaria y menos aún la canasta básica.
Hoy día el salario mínimo no significa prácticamente nada para quienes dependen del mismo. Ha quedado sin significado real para la sobrevivencia del venezolano, incluso para los casi 5 millones de pensionados, cuya pensión está vinculada al salario mínimo. Ni siquiera los bonos no recurrentes que otorga el gobierno nacional logran capear las necesidades de sobrevivencia de la población. Eso sí, estos bonos y las cada vez más restringidas “cajas clap” no han dejado de cumplir con su propósito de hacer más dependientes a los venezolanos de las dadivas del gobierno.
Por su parte, hasta los momentos las protestas por un nuevo aumento salarial no han sido lo suficientemente significativas, masivas y generalizadas por parte de la sociedad como para forzar al gobierno a rectificar en su política salarial de ajustes en el salario mínimo, que de tanto en tanto se producen. Ni siquiera la perversa y nada aconsejable política de indexación salarial se ha instrumentado para alcanzar el costo de vida. Mientras tanto, se sobrevive sin ninguna posibilidad real de tener un futuro positivo ante el proceso hiperinflacionario que se vive y las limitaciones del aparato productivo para dar respuesta a las demandas nacionales.
Ni pensar en que el salario se vincule a ganancias de productividad, y menos aún en épocas de la pandemia Covid-19, pues el cierre total o parcial, temporal o permanente de muchas de las empresas hace imposible el incremento de la producción y menos aún de la productividad laboral, particularmente por la ausencia de una política económica real de estímulo a la oferta doméstica y la conflictividad política.
Cada vez se hace más urgente un incremento muy significativo del salario mínimo, pero urge aún más que se reabran las fuentes de empleo y producción, si se quiere ver una mejora en la calidad de vida de la población, lo cual se ha agravado durante el presente año 2020 por las razones conocidas. Como consecuencia, las frustraciones de los venezolanos por no disponer de un salario digno y suficiente como lo establece la Constitución Nacional son crecientes. Mientras tanto, el incremento de la desnutrición y el empeoramiento de la salud del venezolano hacen que la convivencia social se haga cada vez más difícil, planteándole al gobierno un inmenso reto de cara al futuro.
Referencia Salarial en la Constitución Nacional
La Constitución de Venezuela de 1999 establece en su Art. 91 lo siguiente:
- “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales…”
- “El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.”
Aquí cabe la pregunta de para qué establecer un salario mínimo si este no lleva aparejado justicia social y cumplimiento de los preceptos constitucionales.
Atentados contra el Poder Adquisitivo: Política Económica Equivocada e Incertidumbre Política
La política económica seguida en Venezuela en las últimas dos décadas ha llevado a resultados muy negativos en lo económico (aun en épocas de crecimiento del producto, puesto que no ha generado condiciones para un crecimiento sostenido de mediano y largo plazo). Esto no permite una recuperación de los niveles de vida de la población. Tan solo en 2019, el FMI reconoció una inflación de 10.000% y una contracción del PIB de 35%, mostrando una acentuación de la hiperinflación y de la contracción económica, las cuales continuarán en 2020 (estimaciones de 15.000% y 15%, respectivamente).
Dado el grave deterioro económico del país, que se extiende hasta las arcas fiscales y las reservas internacionales, el gobierno no es capaz de costear el salario mínimo de la población si no es bajo la perversidad de estimular una devaluación permanente del bolívar. No obstante, esto no resulta en ninguna solución medianamente durable porque no se refleja en un mayor poder de compra real; la cabalgante inflación lo anula con creces, en un ciclo perverso de depreciación-inflación-depreciación.
El poder adquisitivo del salario debe tener una política económica sólida que le dé sustento, de manera tal que esta sea su protector y no su destructor. En este sentido, hay quienes piensan que en la actualidad venezolana sería incluso mejor que el gobierno no estableciese un salario mínimo, pues seguramente el salario del trabajador tendería a ser mayor bajo condiciones de flexibilización del mercado laboral y salarial.
Mientras no se entienda que los precios (incluidos los salarios) deben ser una variable resultante de las fuerzas y relaciones de los mercados y sus actores (y no fijados exógenamente), en esa misma medida se estaría obstruyendo la satisfacción de las necesidades de la sociedad, pues no se estaría obedeciendo a la realidad productiva, sino mas bien a visiones con otros intereses o manipulaciones de tipo político. Obviamente, esto no limita la participación del Estado como garante de unas sanas relaciones laborales.
Asimismo, otro elemento muy importante de soporte de la política salarial y/o el salario mínimo debe ser la política fiscal, ya que si está divorciada de una economía que busque el equilibrio y la estabilidad, no habrá nunca un incremento del bienestar nacional. Por supuesto, la incertidumbre e inestabilidad política que se viven en el país deben colocarse en el tope de las razones de la hiperinflación que se vive en Venezuela, pues genera expectativas negativas, y con ello, imposibilidad de devengar salarios de justicia social como lo establece la Constitución Nacional.
Nivel del Salario Mínimo y la Necesidad de un Ajuste Sustantivo
Sin que se entre a discutir la legalidad o racionalidad económica detrás de la propuesta, Nicolás Maduro planteó hace un tiempo anclar el salario mínimo al Petro, al señalar que el primero debía ser fijado en ½ Petro. Ello se planteó cuando el valor del Petro se decidió vincularlo al precio del barril de petróleo venezolano de US$/bl 60, que equivalía a Bs. 3.600. En consecuencia, ello condujo a fijar el salario mínimo en Bs. 1.800 (US$ 30) a partir de septiembre 2018.
De haberse aplicado esta propuesta de Maduro, el salario mínimo hoy día debería ser superior a Bs. 10.000.000 mensuales, sensiblemente más alto (25 veces) que los Bs. 400.000 que rigen en la actualidad como salario mínimo. Modesta diferencia, ¿no? Entre el desconocimiento, la irresponsabilidad, la manipulación o la ingenuidad pueden estar las razones de tal planteamiento.
Ni se diga si se hubiese establecido el salario mínimo como lo proponía la Federación Nacional de Empleados Públicos de Venezuela (FEDEUNEP), pues esta llegó a plantear que el salario mínimo debía ser de 2,5 veces el valor del Petro.
A título de referencia, el costo de la Canasta Alimentaria Familiar para el pasado mes de junio 2020, se ubicó en Bs. 41.386.644,17 (US$ 202,46) según el Centro de Documentación de los Trabajadores (CENDA), cuando el salario mínimo se había fijado en Bs. 400.000 mensuales (US$ 1,95 mensuales o US$ 0,065 diarios). Como puede observarse, el salario vigente es sensiblemente inferior a las necesidades establecidas por los organismos internacionales (US$ 1,90 diarios) para considerase en condición de “nivel de pobreza”. Estas cifras hablan por si solas.
Lo anterior lleva a exigir que no se siga experimentando con la resistencia de los trabajadores y sus familias, pues resulta demasiado costoso en términos de sus vidas y salud. Y esto es más grave aun cuando se incorporan a los pensionados y jubilados en “la ecuación”, ya que sus pensiones están equiparadas al salario mínimo. Es más, si se extiende esto a las implicaciones sobre las prestaciones sociales de los trabajadores, la situación resulta crítica y extrema, planteando situaciones que pueden profundizar la crisis humanitaria del país.
En las condiciones actuales de Venezuela, ningún bono gubernamental compensatorio racional de los que otorga el gobierno, puede compensar al trabajador por la pérdida en su poder adquisitivo en una situación de hiperinflación como la que se vive. En este respecto, el salario integral fijado en Bs. 800.000 mensuales (salario mínimo más bono) tampoco alcanzaría a cubrir la canasta alimentaria antes referida, y menos aún la canasta básica que incluiría el pago de servicios y otros gastos del hogar.
Lo cierto es que en la actualidad resulta inminente el aumento del salario mínimo, pero la incertidumbre política y la política económica actual no haría que este alcance un nivel tal como para que “la letra” de la Constitución Nacional deje de ser “letra muerta”. Resulta racionalmente imposible darle cumplimiento a menos que ocurra “un super milagro” que no se avizora en el horizonte, o sin acarrear más costos en términos inflacionarios, destrucción económica y deterioro social.
Finalmente, si bien el aumento del salario mínimo es de sentido común, ello no es suficiente. Resulta imprescindible disponer de un marco político estable y una política económica sólida, consistente y de largo alcance, incluida la política fiscal y la cambiaria, que haga viable la recuperación de la calidad de vida de la población.
