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¿Elecciones limpias, democráticas y transparentes?

Carlos Armando Figueredo

Los países que desconocen la presidencia de Maduro, por haberse juramentado, ante órgano incompetente y habiendo sido declarado por el mismo órgano sin que hubiese sido electo en elecciones válidas, le piden que convoque a elecciones presidenciales. Pero el caso es que el usurpador no puede convocar a elecciones, pues para que las mismas se convoquen es condición sine qua non, que renuncie a la presidencia, con todas las consecuencias que ello tiene, sin que su vicepresidente pueda asumir el poder. En tal caso, le correspondería a Juan Guaidó, como Presidente provisional, convocar esas elecciones, tal como lo establece la Constitución.

Por otro lado, hay quienes le piden a Juan Guaidó que las convoque, pero para ello es imprescindible que se cumplan, obligatoriamente, las condiciones necesarias. En efecto, para implementar los tres supuestos del retorno a la democracia, para el restablecimiento del orden constitucional, debe haber: 1) Fin de la usurpación; 2) gobierno de transición.

Una vez que el usurpador renuncie, sin que pueda suplirlo el vicepresidente ilegítimamente nombrado, el poder ya asumido por Guaidó el 23 de enero, es tomado efectivamente con el acceso a Miraflores, con pleno respaldo de la fuerza armada, dando lugar al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Estatuto de la Transición.

Si bien la Constitución exige que el Presidente provisorio convoque elección presidencial en un plazo de 30 días, en  la práctica ello es imposible y así lo ha reconocido el Estatuto antes citado.

Uno se pregunta ¿cuándo y cómo pueden realizarse esas elecciones?, a lo cual hay que responder: cuando se cumplan, entre otras, las siguientes condiciones:

  1. Nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral;
  2. Cese de la inhabilitación de candidatos y partidos políticos

No basta con que se elijan nuevos rectores del CNE que sean independientes, que no obedezcan instrucciones del gobierno ni de partidos políticos; hace falta que la Asamblea Nacional reforme la legislación electoral para que esté plenamente acorde con la Constitución y con los estándares internaciones relativos a elecciones libres, democráticas y transparente y que se reformen los reglamentos internos del CNE, que se definan claramente sus atribuciones, eliminando unas absurdas fijadas por el chavismo.

A la hora de aprobar la reforma electoral puede tenerse presente lo que fue el Consejo Supremo Electoral de la democracia, uno que estaba formado por siete miembros, cuatro correspondientes a miembros de partidos que hubiesen participado en elecciones anteriores y tres independientes. En la práctica las decisiones del CSE se adoptaban unánimemente de acuerdo con lo determinado por los miembros independientes que no obedecían instrucciones del gobierno ni de partidos políticos.

En el CSE había una fiscalía de identificación que autorizaba la expedición de cedulas de identidad y pasaportes por parte de la Dirección Nacional de Identificación y Extranjería (DIEX), con lo cual se impedían los abusos y la corrupción del actual SAIME. El fiscal del CSE siempre era funcionario de un partido distinto al del jefe de la DIEX.

Cuando fui miembro del CSE pude comprobar la independencia de sus miembros independientes. En una oportunidad, cuando junto con el Dr. Arminio Borjas yo era miembro de la Comisión de Registro y Control de Partidos Políticos, le correspondió a ésta determinar si se podía legalizar al partido comunista, a través del partido UNA, comprobamos que se cumplían todas las condiciones para aprobar la legalización, recibí una llamada del ministro de relaciones en la que me decía que no podía aprobarse el registro de un partido político formado por terroristas. Le respondí: “Lo siento, ministro, porque hay que autorizar el registro ya que han cumplido con todas las condiciones legales y usted sabe que el Dr. Borjas y yo no somos amigos del comunismo».

El CSE de la democracia siempre permitió observación internacional en las elecciones, cosa que no permite el CNE. El CSE era considerado modelo de organismo electoral democrático en América Latina. Tan es así que una comisión del mismo asesoró al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua en las elecciones en las que Violeta Chamorro venció al Daniel Ortega, el sandinista que años después se convirtió en dictador de su país.

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