En defensa del Estado

La interpretación del Estado como una simple herramienta de las oligarquías para reprimir a sectores populares representados por la insurgencia no soporta la menor evidencia. Pese a sus innumerables defectos y a la violencia, el Estado colombiano ha dado lugar a procesos de inclusión de las más diversas fuerzas sociales, no necesariamente ligadas a poderes económicos ni a las oligarquías de siempre.

Una corta anécdota dice mucho. Durante el trabajo de campo para un artículo académico sobre el conflicto en una región conocí por casualidad a un constructor, quien me contó algo que le sucedió a principios de los 90. Según su versión, un frente de las Farc secuestró a su socio y pidió como rescate algo así como un millón de dólares de la época, el precio de venta del proyecto que tenían en la región. De nada sirvieron las explicaciones de que esa plata no la tenían porque había que restar los costos de la obra; las utilidades eran solo el 20 por ciento del precio final.

Entre tanto, otro frente de las Farc le exigió el pago de la respectiva ‘vacuna’. Escandalizado, les reclamó que cómo lo extorsionaban si tenían a su socio secuestrado. A lo que respondieron que eso era asunto de otro frente, pero que si colaboraba con el pago le decían con quién podía hablar para que le bajaran el precio del secuestro a un monto razonable.

Dicho y hecho. Luego de pagar la ‘vacuna’ pidió una cita en Bogotá con la persona que le recomendaron. La persona era un congresista de la UP. En un cafetín al lado del Congreso de la República le explicó su caso. El congresista no habló; solo al final le dijo que no se preocupara. Al poco tiempo, las Farc aceptaron los 200.000 dólares y liberaron a su socio.

El caso demuestra que en Colombia el Estado ha permitido suficiente participación para que hasta la guerrilla pueda tener funcionarios afines en él. Lo acontecido no fue nada distinto de un representante del Estado que estaba de acuerdo con que un crimen fuera una herramienta de financiación de la violencia política. El congresista era, sobra decir, de la más antagónica oposición a las oligarquías.

No pretendo banalizar los crímenes de Estado –el exterminio de la UP fue un hecho real y vergonzoso para la institucionalidad–, sino llamar la atención sobre lo ingenuas e imprecisas que son ciertas interpretaciones del conflicto y de los bandos en cuestión.