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Enterraron el estatuto anticorrupción

Beatriz de Majo  

Todos en Colombia coinciden, menos los parlamentarios que se encontraban en funciones en el palacio del Congreso, en que no hubo interés ninguno para considerar el estatuto anticorrupción que debían haber recibido atención prioritaria del legislativo por haberlo así exigido en votación un altísimo porcentaje de ciudadanos.

En efecto, fueron más de 11 millones de colombianos quienes se pronunciaron en una consulta a favor de un conjunto de leyes anticorrupción en agosto de 2018, un tema que solo recibió desinterés y apatía, o quién sabe si deliberada dilación,de parte del conjuntode los diputados y los senadores, para provocar su fracaso. Esto ocurrió esta misma semana.

El asunto no comenzó mal pero el desapego fue elocuente. Siete leyes conformaban un paquete sobre el cual hubo cuatro debates en el Senado y la Cámara, pero los dos textos que se produjeron debían ser conciliados y ello nunca ocurrió para el momento en que tocó cerrar las sesiones legislativas el pasado jueves. Se fue al foso, pues, una iniciativa de mucha trascendencia.

Lo que se ha puesto de bulto es que hubo una grave negligencia activa de todos ya que el tema había sido objeto de un compromiso público y serio de parte del propio presidente Duque, pero el texto de la reforma no era del agrado ni de tirios ni de troyanos. Alguien dijo que es imposible pedir que quienes pueden ser objeto de penas de corrupción se animen a votar a favor de ellas. Quizá no le falta razón.

Lo cierto es que el mandato de los ciudadanos reclamaba una profunda reforma de las normas existentes para enfrentar la corrupción y todos hicieron caso omiso de ello.La verdadera causa del manifiesto desdén, tenía que ver con disposiciones específicasde una de las leyes propuestas en las que se obliga a los funcionarios públicos a pagar con prisión si son declarados culpables de delitos relacionados con corrupción. Se elimina la casa por cárcel, igualmente, como solución alternativa. De haber sido aprobado el estatuto, en lo sucesivo esta no sería una opción posible, ni tampoco la reclusión en centros penitenciarios especiales. Los funcionarios irían, como cualquier transgresor de normas, a dar con sus huesos en prisiones ordinarias. Otro de los grandes escollos para los parlamentarios era aprobar la norma que rezaba que quien haya sido condenado por corrupción no podrá hacer contratos con el Estado en el futuro, se detendrían las contrataciones en ejecución y su inhabilitación será perpetua.

Sin embargo el asunto es más vergonzoso que todo lo anterior. Aseguran quienes si defendían la necesidad de un régimen que no fuera bondadoso con los funcionarios criminales y los corruptos de vocación, que mientras esta última sesión deliberante tenía lugar, los legisladores se entretenían mirando el partido de la Selección Colombia frente a Catar en la Copa América, en una pantalla grande instalada dentro del recinto. Mas desvergüenza no puede haber en un asunto que le corroe el alma a muchos millones de colombianos y que es un indicador de moralidad para el conjunto de los congresantes colombianos de cara al mundo que los observa.

El final de este oprobioso capítulo aún no está escrito.  Las consecuencias del lado de los norteamericanos, quienes ya han acusado a Colombia de falta de determinación en la lucha contra el narcotráfico, pudieran ser grandes e incluso llegar hasta la descertificación, un hecho frente al cual tiembla el alto gobierno neogranadino.

En el momento de esta entrega, el Presidente Duque ha tenido el gesto responsable de hacer revisar por su equipo de juristas la posibilidad de llamar a una nueva sesión parlamentaria para los fines de retomar la consideración de estas leyes. Aun esas cartas no están echadas.

Lo anterior deja un mal sabor en la boca. No son más leyes lo que necesita el país vecino. El país no adolece de falta de disposiciones robustas y punitivas que enfrenten este delito. Lo que es imperativo en una actitud proactiva de probidad y determinación en el fortalecimiento de mecanismos de prevención y la aplicación seria de las medidas penales contundentes que ya existen. Pero no parece de existir en el seno de la augusta Asamblea colombiana.

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