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Esquilmación de la cuenca orinoquense

Desde el propio instante cuando nos constituimos en República, no ha existido instancia alguna capaz de resolver y/o controlar el prognato minero por Guayana, el cual, según observaciones in situ, así como hemerográficas, se vigoriza, exponencialmente, a partir de 2006, cuando a partir de esquemas de control territorializados, a cargo de organizaciones  delictivas, entramadas con  los poderes, casi un total de los mineros, están obligados a pagar a dichas organizaciones “vacunas”, cuyo esipendio no baja de un 50 porciento de la ganancia total de mineral extraído. Son bandas armadas que, por sus orígenes, fines y vínculos, se denominan “sindicatos” y/o cárteles. Pero, realmente, se trata de un modus operandi nutrido de tramas impuestas desde los presidios, bajo la figura del “pran”, un recluso líder, empoderado, de peso específico en todo reclusorio, jefe de una estructura vertical de dominio y patrones operativos, con influjo muy remoto del área reclusoria. En efecto, el control de tales bandas armadas sobrepasa al espacio de cualquier mina; desarrollan su poder, coercitiva y organizativamente por todo el territorio socioeconómico de la región, por las urbes asentadas en los municipios Heres, Caroní, Piar, Sifontes, El Callao, Cedeño, Sucre y  Gran Sabana,  uno de los más críticos.

Viene a colación la constitución del proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO),  dizque modelo de minería responsable (¿?); mejor, una política depredadora, de ecocidio y corrupción, suerte loca de multiplicidad de la minería ilegal ante la estrechez progresiva, adrede, de nuestra matriz productiva, la industria petrolera. Pero, simultáneamente, el “aparataje legal” para constituir/demarcar el área de semejante adefesio jurídico, entre el sur del Orinoco y norte del estado Bolívar, con extensión de unos 112000  km cuadrados; equivalentes a un 47 porciento de la superficie total de esa entidad federal, violatoria de diversas disposiciones constitucionales, Ley Orgánica del Ambiente y motiva un conflicto de intereses coligados a la minería ilícita con actores estatales, tal y como ya se manifiesta en un contexto de permeabilidad del estado venezolano, representado en sus poderes e institución de una suerte de ”rentismo lumpenproletariado”.

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