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Estado de Derecho y Estado Maltrecho

El término Estado de estado de derecho (en alemán Rechtstaat) surgió en Alemania, en el siglo XIX, bajo las ideas de los juristas de esos tiempos que se oponían al absolutismo y a la autocracia que le habían y seguían haciendo tanto daño a la sociedad en general. Ya antes, Montesquieu y Rousseau se habían manifestado.

Sobre el Estado de Derecho (en inglés “state under the rule of law” y en otras acepciones “estado bajo el imperio de la Ley”, el Secretario General de las Naciones Unidas, en 2004, dijo:

 “el estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal»

(Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos}. 

Para que se diga que un Estado es un “Estado de Derecho” es uno en el que hay una sumisión general a leyes promulgadas públicamente, que se hacen cumplir por igual y que son “compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. Bajo esos criterios, no se puede decir que la República Bolivariana es un estado de derecho. Efectivamente, bajo el gobierno que, con un usurpador poder, como es Nicolás Maduro, las leyes no son promulgadas públicamente, bajo los requerimientos exigidos por la Constitución, sino por cuerpos creados en violación de esa Carta Magna, sin potestad legislativa, como lo son la írrita Asamblea Nacional Constituyente y/o la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia, incluso mediante decretos presidenciales con rango, valor y fuerza de ley, dictados bajo una nula delegación de facultad de legislar. En la República Bolivariana no hay separación de poderes, todos dependen del Ejecutivo, de lo que decida el dictador. El único poder legítimo es la Asamblea Nacional Legislativa, reconocida por más de cincuenta Estados en el Mundo, pero que la Sala Constitucional del TSJ ha declarado inexistente. No hay igualdad ante la ley ya que a los partidarios del gobierno se les conceden beneficios que se le niegan a los demás ciudadanos.

En resumen, en Venezuela no hay un Estado de Derecho sino un Estado Maltrecho en lo que abunda es el cohecho.

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