¿Estado genocida?
Isaías A. Márquez Díaz
La OEA en su compromioso esencial que le obliga a mantener al hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad, en virtud de las responsabilidades que surgen de sus instrumentos jurídicos y declaraciones, así como el mandato imperativo de su historia más reciente, halla procedente las denuncias y testimonios que, desde 1998, han consignado, personalmente, ciudadanos venezolanos, quienes han sufrido persecución del régimen, lo cual corresponde, ahora, a la Corte Penal Internacional (CPI) decidir acerca del “fundamento suficiente” sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, conforme a una lectura jurídica adecuada, mediante el trabajo del panel de expertos designados para ello, quienes aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro ha incurrido en tales hechos por abusos contra su pueblo y los ataques a la democracia.
Crimen de lesa humanidad o contra la humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (7/1998) consiste en todo aquel acto tipificado de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado, desaparición forzada de personas; diferentes tipos de actos inhumanos graves, que reúnan dos condiciones: “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población…”. Tales delitos podrían fundarse en razones siciopolíticas, que sería el caso Venezuela.
En Venezuela durante las protestas de 2017 denominadas por algunos medios de comunicación: “Primavera Venezolana” o “Rebelión de Abril”, que consisten en una ola de protestas tanto a escala nacional como internacional contra el presidente Nicolás Maduro por el fiasco institucional generado durante ese año, así como otros eventos a causa de la disensión sociopolítica, tras las elecciones parlamentarias de 2015, en virtud del triunfo opositor con un 60 % del total de votos, que el gobierno obvia y promueve una asamblea furtiva.. Y, ahora la AN legítima, declara a Maduro ‘USURPADOR’ de la presidencia, al tildar de “farsa” los comicios donde el mandatario gana la reelección.
Se estima que el delito más relevante es el de la crisis humanitaria que, por su actitud presumida, forja una represión inmisericorde al estilo Pol Pot en Camboya, con saldo estimado de unos cuatro millones la diáspora venezolana y pacientes quienes boquean por falta de insumos y medicinas.
