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Gobernanza en Venezuela

En la década de los noventa muchas modas inundaron el mundo político, sobre todo, modas que buscaban, desde el punto de vista conceptual, redefinir las acciones y comportamientos de las relaciones entre el Poder y la Sociedad. Uno de estos términos, muy usados, fue el de “gobernanza”, para dar a entender el interés, por parte de los estudiosos de la ciencia política (politólogos), por estudiar todos los mecanismos, procesos y reglas a través de los cuales se ejerce la autoridad económica, política y administrativa de una organización, tanto empresarial como estatal o del tercer sector, entiéndase organizaciones no gubernamentales (ONGs), que, a fin de cuentas, para los estudios de aquella época, eran consideradas grupos de presión.

Esta manera de abordar el tema político ha permitido vislumbrar las relaciones sistémicas que se dan entorno al Poder. Quien escribe nació en el seno de un hogar que enaltecía el Poder, y yo no entendía el por qué. Eran militantes de aquella vieja guardia bipartidista que surgió después del 23 de enero de 1958, y veían en el ejercicio del Poder, todo cuanto era valioso e interesante en la existencia del hombre en sociedad. Pero no ejercitaban el músculo del Poder; la democracia representativa les hizo eunucos en la participación y acceso a la toma de decisión política. Se les convocaba para elecciones y para ocupar espacios en las actividades propias de los partidos políticos. No ejercieron nunca el Poder, éste se valió de ellos para masificarse, consolidarse y legitimarse.

La llegada en 1998, del proceso revolucionario, o de cambio en Venezuela, trajo consigo nuevas banderas; reivindicar ese rol de la política en su relación con el Poder y la Sociedad, y ciertamente se ha venido abriendo paso en la búsqueda de la consolidación de la democracia participativa y protagónica. ¿En dónde ha venido fallando este nuevo modelo de vinculación del Poder con la Sociedad? En que  se ha ampliado tanto el espacio de participación que ha dado paso a sectores de la sociedad que, por su perfil de grupo de interés, no deberían tener vinculación directa con las decisiones en políticas púbicas. Un ejemplo, el sector empresarial; este sector, por estar abiertamente identificados con sus intereses pecuniarios, su razón de ser es la rentabilidad del capital invertido, no están allí, salvo excepciones muy puntuales, para ejercer, conjuntamente con su negocio, una responsabilidad social.

En este sentido, cuando se mira desde la gobernanza la realidad sociopolítica venezolana, se busca comprender cómo queda determinada la conducta de las instituciones por todo el variado conjunto de agentes y reglas que influyen sobre ella; y al coexistir pueblo y empresarios, el producto de esta relación es, en términos netamente marxista, la plusvalía. El empresario ve en sus clientes y obreros, ovejas indefensas para ser sacrificadas en beneficio de su capital. ¿Cómo entender que existan grupos de interés cohabitando con los derechos de participación en las políticas públicas? ¿Quién con valores revolucionarios, o humanistas, ocupa cargos públicos y termina siendo un pequeño nuevo rico? ¿Se puede dormir con la almohada llena de dinero? Un empresario le diría que sí; pero un ser humano, consciente de su papel histórico y entendido de que todos somos iguales y que debemos luchar por fortalecer los vínculos de esa igualdad, le diría que es una soberana locura acumular tanto capital a expensas de una masa indefensa y a la cual se le violan todos sus derechos.

Cuando algún académico o escritor, me increpa en que los derechos de autor deben ser protegidos, no hacen más que aflorar esa percepción de empresarios que ha sido un mal ejemplo para las nuevas generaciones en Latinoamérica. Involucrar al pueblo con estos sectores no ha sido beneficioso, le ha restado independencia, autodeterminación y, sobre todo, ejercicio efectivo del Poder. Por ello, cuando se menciona la figura del Poder Popular, se está recogiendo ese error que se ha tenido en el pasado. No con esto digo que no tengamos aspiraciones, pero seguir repitiendo la teoría de comportamiento organizacional, conocida como la Pirámide de Maslow (que formula una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados), es un franco error. Crecí con un afiche de esa Pirámide pegado al copete de mi cama, y sin duda, ya con un poco de experiencia de vida, estoy más convencido de que es la teoría de mayor contradicción con los valores del ser humano: ¿Por qué tengo primero que tener capital para poder crear o construir mi mundo espiritual y material? O más aún: ¿por qué debo pertenecer a una empresa (CADAFE, CANTV, PDVSA, entre otras), para ser lo que soy? Muchos de quienes he conocido los identifican por ser “el gerente de tal o cual empresa”, y no por ser la persona que se es. Esta confiscación de lo personal, de la esencia humana es lo destruye el contexto político; sobre la corrupción y los desaciertos morales y éticos, no es un asunto para darle mayor o menor centimetraje. Eso existe porque no hay una consciencia humanista, de valores ceñidos a las entrañas y de respeto al semejante. Quizás quien me lea y sea depositario de mi “candente intolerancia a la deslealtad”, dirá que no predico lo que escribo; pero yo respeto a mis semejantes y a los que tengo en la línea amarilla por desleales, traidores y minimalistas, también los respeto, lo que sino hago es coexistir con su putrefacción, que ellos se vayan consumiendo así mismo en el estiércol en el que deambula su vida y su arrogancia.

En otro aspecto, y volviendo al término gobernanza, hay preguntas puntuales y técnicas que uno debe hacerse como cientísta social para entender la conducta política de la Venezuela contemporánea: ¿Cuál es el diseño interno de la estructura organizacional del Estado venezolano? Una estructura piramidal segregadora y altamente tóxica para la vida de los ciudadanos. La revolución no ha podido desmontar el parásito de la ineficiencia, la improvisación y la ignorancia en el manejo de las políticas públicas. ¿Cómo opera el sistema de incentivos que regula las relaciones entre sus miembros? De forma muy desigual; se mantienen grupos y subgrupos de Poder que tienen acceso a mayores beneficios y eso hace profundizar la brecha entre el pueblo y su Gobierno; esto no implica que se mantenga una lealtad ideológica al proceso, si el proceso aumenta en adeptos es más por la identificación con los valores ideológicos que por un reconocimiento a una gestión de gobierno. ¿Cómo impactan las normas legales que rigen sus acciones? El Estado cuenta con un marco legal fuerte, el cual abre un abanico de posibilidades para mejorar las acciones de Gobierno, la crítica es que no se aplican las leyes, deben comenzar a ser articuladas con los intereses de la sociedad. ¿Cuáles son las restricciones morales y sociales que pesan sobre la conducta de sus funcionarios, directivos o gerentes? Persiste la idea de una sociedad materialista y de consumo; hace falta inyectarle valores de compromiso y entrega a la construcción de un nuevo modelo de sociedad, más igualitaria, más justa y, sobre todo, donde prevalezca el diálogo y la tolerancia. Y ¿cómo influyen en la organización los distintos actores y sus potenciales intereses? Al no prevalecer una consciencia de transformación e independencia, los actores deambulan entre el conformismo y la improductividad, se requiere motivar al trabajo, a la independencia de los oficios y la búsqueda de beneficios que sean de interés común y no de un grupo o sector privilegiado.

En una palabra, la gobernanza nos muestra una realidad de país con escollos, con situaciones de inconformidad y repliegue voluntario; se necesita activar a las comunidades, hacer real el Poder Popular y minimizar el manejo licencioso del Poder por parte de grupos y subgrupos que como parásitos se incrustan en los partidos políticos y terminan por contaminar todo cuanto existe.

Para abordar la gobernanza como estudio científico, desde un enfoque politológico, implica llegar a la realidad desde diversas disciplinas de estudio: las teorías del comportamiento de las organizaciones y los aspectos sociales del management; las teorías económicas de los costos transaccionales y la economía institucional; las teorías jurídicas sobre la personalidad de las sociedades y el derecho laboral; las teorías financieras; las nuevas teorías sobre recursos humanos y liderazgo; la filosofía de la economía, la ética en los negocios, la ciudadanía corporativa y la responsabilidad social empresarial (RSE); los estudios de políticas públicas; las regulaciones de las relaciones entre el Estado, las empresas y las ONGs; entre otras.

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