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Gobernar con los Mejores

Se entiende que gobernar y gerenciar con los mejores es de sentido común. Esto debe ocurrir para llevar a “puerto seguro” los propósitos y objetivos perseguidos, en un marco eficiente de manejo de los recursos disponibles. Sin embargo, hacerlo lleva consigo riesgos para los mediocres, pues pueden “sentirse descubiertos”. Para ellos, muchas veces es mejor ocultar sus deficiencias entre sus pares.

A menudo, lo antes señalado se ve tanto a nivel de la conducción de los países como de las empresas y demás instituciones. Pero, las consecuencias de no contar con gobiernos y gerencias adecuados son igualmente catastróficas, tanto en la institucionalidad pública como privada, aunque muchas veces en las primeras no se le da la importancia debida, tal vez por aquello de que “el sector publico nunca quiebra o nunca lo hacen quebrar”.

Un ejemplo emblemático entre las instituciones públicas de Venezuela durante la llamada IV República fue el Banco Industrial de Venezuela (BIV), del cual recurrentemente y por años se hablaba de su descapitalización e inviabilidad, pero la decisión siempre era reinyectarle capital para mantenerlo a flote. No se adoptaban las acciones y el gobierno corporativo adecuado para hacerlo viable. Finalmente, en su última etapa, la junta directiva del BIV decidió su liquidación en 2015 y posteriormente en 2016 la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario dio a conocer su disolución.

Muchos otros casos devinieron en la realidad venezolana con la V República, lo cual incorporó la práctica de cambiar los nombres de muchas empresas del Estado como si con ello se solventarían los problemas de viabilidad de las mismas. Esto ha hecho que muchas empresas se mantengan bajo “respiración artificial” o simplemente inoperantes, potenciando los  focos para la ineficiencia y la corrupción, pues “parecen no existir dolientes”. Es cierto que cantidad de empresas públicas no son viables por razones asociadas a políticas perversas anti empresariales, donde no se logra entender que para repartir beneficios sociales entre la población se requiere primero generar resultados económicos positivos, conjugado con manejos gerenciales eficientes. Sin embargo, no por ello los contextos políticos y clientelares en que estas empresas se desenvuelven han terminado por encubrir sus pésimas gestiones administrativas y gerenciales.    

Lo más grave es cuando las equivocadas políticas aplicadas en las empresas públicas permean las esferas medias y altas de gobierno, convirtiéndolas en políticas de estado (aunque lo contrario también es verdad), donde no hay ni premios ni castigos, ni para los empresarios ni para los gobernantes. Enjuiciar las malas conductas y resultados deberían ser parte de la evaluación normal de empresas y gobiernos. Destituciones, liquidaciones y revocatorios deberían ser parte de las consecuencias, pero también el reconocimiento público a las buenas gestiones. Cuando existe ausencia de castigos, se produce un efecto demostración perverso en la administración pública, llevándola progresivamente a su inviabilidad. 

Pero más perverso es cuando “a conciencia” se designan a los conductores de las instituciones públicas sin las calificaciones adecuadas para ejercer las posiciones de dirección. Actuar a conciencia colocando a personeros no calificados en posiciones clave, en menosprecio explícito o implícito de la labor encomendada a las entidades, es simplemente irresponsable. Esto refleja, muchas veces, la falta de preparación de los jefes de estado, no solo en materia gerencial sino más aun en materia moral y de responsabilidad por el bien común nacional, pues ni están ellos mismos capacitados ni designan a funcionarios calificados y eficientes que le “enmienden la plana” y encubran sus propias deficiencias y precariedades. Aquí se da la figura de “enmendarse la plana mutuamente”, donde sus deficiencias tratan de ocultarse irresponsablemente en ambos niveles de gobierno.    

En el campo económico, las erradas designaciones en cargos clave para el diseño y manejo de la política económica (supeditando lo económico a lo político) han demostrado recurrentemente ser inapropiados e inviables para el país, constituyéndose en un “auto suicidio” que postra a la población a la precariedad y la pobreza.

Todo lo anterior lleva a referir el reciente anuncio de una nueva reconversión monetaria  para eliminar “ceros” a la moneda nacional (entre 2008 y 2021 se han producido 3 reconversiones que acumulan la eliminación de 14 ceros). Como ya se ha mencionado, se eliminan cada vez más ceros en menor tiempo. ¿Puede ser este nuevo anuncio una decisión correcta? Cabe preguntarse: ¿De quién es la culpa, de quien decide al máximo nivel de gobierno la reconversión monetaria, o de quienes sugieren y aceptan la misma para ejecutarla?  Obviamente, la responsabilidad es de ambos. Si la decisión no se enmarca en una política económica integral adelantada por funcionarios calificados que se enfoque en estimular el aparato productivo en un escenario de estabilidad, los resultados seguirán siendo “más de lo mismo”: más inflación (hiperinflación desde 2017) y mayor contracción económica (continuada desde 2014), sin abrir posibilidades para la recuperación nacional. Es responsabilidad  intransferible del Presidente de la República la designación de los funcionarios públicos, pero también es responsabilidad de estos últimos aceptar o no estas posiciones/cargos de acuerdo a sus capacidades, pues su desempeño determinará o no la consecución de los objetivos nacionales e institucionales.

Estrictamente hablando, los cargos los deberían ocupar los mejores (comenzando por el cargo de mayor investidura nacional) si el fin último es el beneficio de la sociedad y el país. Pero para que ello ocurra, quienes los elijan/designen deben tener la preparación y moral suficientes para ejercer los cargos. Por ello, la educación es la clave para que los países escojan a buenos gobernantes y eleven la calidad de vida de sus ciudadanos. Es la tarea que aún le queda a muchos países y Venezuela no es la excepción.

Gobernar con los mejores requiere inteligencia para aceptar las limitaciones propias, mucho liderazgo y una adecuada percepción de la realidad. No se requiere saber de todo ni aparentar que todo se conoce, tan solo se requiere ser inteligente para escoger a las personas calificadas para ejercer la gerencia y administración de las instituciones públicas.

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