¿Habrá elecciones en octubre?

El Gobierno venezolano armó una Asamblea Constituyente en la que sus integrantes fueron escogidos por sectores, comunas y gremios. Y el resto, supuestamente, por libre elección. Los primeros no están incluidos como procedimiento de elección dentro de los parámetros contemplados en la Constitución. Porque todos los posibles candidatos en estos eventos deben ser de elección libre y popular, con vocación de servicio y que sean ciudadanos probos, autóctonos de su región con trayectoria conocida y que puedan actuar siempre en favor de sus representados.

Esa fue de las razones por las que la oposición ciudadana argumentara para no aceptar como legal este proceso Constituyente. Y que, de hecho, se convirtió en el motivo de peso para que se produjera una reacción negativa a nivel internacional, incluyendo su desconociendo por ilegítima.

La otra razón no menos controversial fue la de no haber convocado al poder originario -al «pueblo «, que no «Ciudadanos»- para consultarle si querían ir o no a un proceso constituyente, tal y como reza  la vigente Constitución venezolana desde 1999.

Por otro lado, el Gobierno, no obstante haberse debido enfrentar a 4 meses consecutivos de protestas ciudadanas por hambre, escasez de medicamentos, inseguridad y pérdida de esperanzas, y que se tradujo en graves consecuencias, como fue la muerte de casi 130 ciudadanos, de miles de heridos, de arrestos y enormes pérdidas por daños materiales, convoca a un proceso constituyente. Y lo hace simulando un proceso electoral, a su medida y gusto para que “participe” una minoría de votantes del padrón electoral, consciente del innegable rechazo al que se enfrentaba.  Por supuesto, el resultado de los “electos” no podía ser otro: únicamente personas pertenecientes al partido de Gobierno o simpatizantes del mismo. Y con el agravante de que ni esos propios “electos”, tuvieron acceso a la información objetiva y certificada por las instancias electorales que demostrara cuál había sido el número de participantes, y con cuántos sufragios habían sido respaldados.

Bajo esas condiciones, desde luego, se hacían inevitables las dudas, suspicacias y multiplicidad de las reacciones adversas dentro y fuera del país.

Desde entonces, aquella figura comicial que fue promovida como una especie de elixir medicinal útil y efectivo contra todos los males que vive la Nación, se mantiene entre reuniones de un lado para otro -y siempre de la mano con  el Gobierno- en procura de ganarse la confianza y el respaldo ciudadano del que han carecido ambos.

Como se esperaba, ha sido una hermandad política que, según las encuestadoras acreditadas, no ha podido superar su condición de aliados para atacar, juzgar, condenar a quienes disienten, cuestionan y se atreven a desenmascarar procedimientos contrarios a los principios básicos de cualquier democracia. Mientas tanto, a nivel internacional la duda se convierte en rechazo, desconocimiento y acusaciones, hasta concluir, inclusive, en la aplicación y solicitud de sanciones  contra las autoridades y el propio país.

La Fiscal del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, la misma que se pronunció en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia cuando decidió “borrar” a la Asamblea Nacional electa por 14 millones de ciudadanos en diciembre del 2015,  hasta decir que aquello equivalía a una ruptura del hilo constitucional, también, dentro y fuera del país, ha declarado que las elecciones de la Asamblea Constituyente obedecen a un procedimiento ilegal. Pero, además, que entre los objetivos de dicho proceso, está el de disponer de una especie de escudo jurídico y político para confrontar la supuesta  existencia de delitos cometidos por altos funcionarios, como es el caso 0derbrecht.

Dichas acusaciones, que luego se tradujeron en motivo para que se le destituyera, ahora han pasado a convertirse en motivo para que se le considere una perseguida política, y se le ofrezca asilo en varios países. Incertidumbre y dudas distinguen todos los hechos relacionados con la acusación inicial de la funcionaria  y su posterior  persecución, mientras que ahora se espera por la actuación de las instituciones venezolanas e internacionales, para que se demuestre en dónde está la verdad y si, en efecto, existen responsables por lo sucedido en Brasil con una de sus emblemáticas empresas privadas, cuyo nombre y prestigio, sin embargo, aparecen comprometidos con actos delictivos en 16 países del mundo.

Con todas estas denuncias y situaciones y ante este peculiar panorama, es poco probable que el Partido de Gobierno y sus aliados  puedan tener posibilidades de éxito en un proceso electoral regional en estos momentos. Saben que participar se traduce en jugársela políticamente dentro y fuera del país. Y que a lo peor que se están enfrentando, es a la posibilidad de sufrir una derrota  contundente y terminal para dicha organización partidista.

Y si esa es la posibilidad que está radiografiada ante los ojos ciudadanos y los del mundo, y que describe anticipadamente, además, una fotografía situacional,  ¿cuánto se puede apostar a favor de la celebración de tales comicios?.

Repitiéndose la misma situación que se generó antes de la celebración del pasado referéndum revocatorio, no es impensable ni descabellada la idea esgrimida por analistas en cuanto a que habrá alguna solicitud individual de suspensión y diferimiento, para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se ocupe de hacer su trabajo y dejar a los interesados en participar con los crespos hechos.

Otros observadores, inclusive, han indicado que al mismo grupo que decidió lo de la Asamblea Constituyente no le quedará otra alternativa que posponer las elecciones para ganar tiempo, en procura de coger aliento, y todo con base en la excusa  que les ofrece la campaña que ya ha comenzado a desarrollar el Gobierno: «el cerco económico internacional  accionado por el imperio norteamericano, y aplaudido y provocado por la Oposición traidora a la Patria”. ¿Duda alguien de la posibilidad inclusive, de que en octubre Venezuela se declare en default, por las mismas acciones antes citadas, al no poder refinanciar y/o reprogramar pagos, además de  recurrir al crédito internacional?.

Luce lógico:  no es posible distraer capital para un evento electoral, en el medio de un huracán económico, a sabiendas de que se trata de unas  elecciones que se podrían realizar en una mejor oportunidad.

Al Gobierno, ya se le ha cuestionado por haber adoptado la decisión de donarle hasta 5 millones de dólares  a los Estados Unidos, y participar así en ayudas a los pobladores que fueron afectados por la tormenta Harvey. Y es un cuestionamiento bien merecido,  después de haber incurrido en la pifia política de olvidarse de los venezolanos que estaban bajo las aguas en Choroní , y después en Paraparal, en las del Lago de Valencia. Sin embargo, lo que es igual no es trampa, y más si lo que está planteado es un hecho electoral que implica un mayor y peor costo político, en unos comicios que pueden traducirse en esa hecatombe que visualizan hasta los propios seguidores del régimen.

Realmente, ¿habrá elecciones regionales en octubre?. ¿ Está dispuesto el Gobierno a seguirse dando un duchazo de barniz democrático, sacrificando –como ha dicho en privado- que sí están en condiciones de mantener el control hasta de 10 gobernaciones?.

Amanecerá y veremos. Pero hoy todos los caminos conducen a Roma, indistintamente de que el Papa Francisco siga todavía en Colombia, honrando su palabra de hacerse presente, luego que allí se produjera el bien promovido acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Acuerdo que, de paso, también se ha convertido en serio motivo para que los Estados Unidos, activista de esa misma causa, se considere mucho más comprometido con impedir que el desorden -o la “antipaz”- se traslade integralmente a Venezuela.