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Hasta el final

El fiscal del caso Nóos sostiene que a la infanta Cristina se le imputan varios delitos por ser quien es. Los hechos subrayados por el juez sugieren lo contrario: la Administración de justicia trata a la hermana del Rey como a otros sospechosos de delitos económicos. Recuperar la confianza en las instituciones implica que a la infanta se le trate como a cualquier otro ciudadano. Cierto que la investigación se ha dilatado demasiado, pero existe experiencia sobrada de que eso mismo sucede en otras causas complejas, lo cual muestra que la lentitud es un problema general de la justicia, y no particular de la causa sobre la infanta.

Sin sorpresa, el juez cierra la investigación en la creencia de que hay indicios suficientes para mantener la imputación a doña Cristina por fraude fiscal y blanqueo. No tiene dudas de que facilitó a Iñaki Urdangarin los medios para delinquir y de que actuó a través de lo que denomina la “colaboración silenciosa” de su 50% en la sociedad Aizoon, coparticipada con su marido. Para el juez, era una mera pantalla utilizada para apoderarse de fondos públicos y beneficiarse de los mismos, con violación de las normas tributarias, entre otras. Al tiempo sostiene que doña Cristina se lucró con las actividades ilícitas del duque de Palma.

Doña Cristina permanece hoy igual de cerca del banquillo que durante los últimos meses. Que ella y los otros 15 imputados sean juzgados (entre ellos 10 ex altos cargos de Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid) depende de los escritos de acusación de la fiscalía y de las partes personadas, y de posibles recursos ante la Audiencia de Palma. En todo caso, la revisión de lo sucedido por la justicia y que esta dilucide si doña Cristina participó activamente en los hechos o se lucró sin conocer su origen ilícito —lo cual no le excluiría de devolver las cantidades obtenidas—, forma parte de las reglas del juego.

La Casa Real ha reaccionado bien al manifestar su “pleno respeto” a la independencia del poder judicial, corrigiendo así la impresión causada por el apoyo mostrado a la fiscalía, hace más de un año, en contra de la primera imputación de la infanta. Muchas cosas deben cambiar, en coherencia con la conducta “íntegra, honesta y transparente” prometida por Felipe VI durante su proclamación, en la que no estuvo presente doña Cristina.

La tentación de dejarse llevar por ruidos y maniobras es explicable. Pero la sociedad tiene que mantenerse firme en la defensa de la Constitución, que garantiza el derecho al juez natural, es decir, al juez predeterminado por la ley. En esta ocasión se trataba del titular del juzgado 3 de Palma, José Castro, que ha llevado a cabo toda la investigación —incluso contra la opinión del fiscal y de la Agencia Tributaria, en lo que se refiere a la infanta— y tiene todo el derecho a que se le respete, lo mismo que los magistrados que intervengan en las fases sucesivas. Exigir que el procedimiento siga hasta el final es ineludible, cualesquiera que sean sus consecuencias.

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