¿Justicia? ¿Dónde está?
Antonio José Monagas
La inmediatez sobre la cual el alto gobierno venezolano busca pivotar sus medidas, hace que buena parte de las decisiones gubernamentales terminen siendo un escaso llamado de atención alrededor de problemas considerados focales o llamados problemas terminales del sistema social. Estas situaciones no sólo hacen dudar de la capacidad del gobernante. Si no también, del modo como son concebidos o entendidos los principios a los que se acoge tanto el proyecto de gobierno, como la gobernabilidad del sistema político.
En ámbitos políticos dominados por doctrinas socialistas, corporativistas, populistas, así como en otros sistemas avalados por condiciones militaristas, fundamentalistas o estructuralistas, aplicados a instancia de las presunciones que se arrogan gobernantes empecinados en ofrecer una imagen embadurnada de premisas y promesas que, a simple oído, lucen atragantadas de imposibles, la gestión de gobierno pretendida se convierte en una mera excusa para torcer las realidades según las conveniencias exigidas por las circunstancias.
De ahí que resulta sumamente complicado sistematizar compromisos aludidos y pronunciados en tiempo electoral. Es cuando el gobernante apela a la improvisación. Esto, a manera de paliar la brecha o escapar de la fisura, problema éste ante el cual arengó y comprometió su palabra (falsa).
Basta con una rápida reflexión que conduzca la mirada sobre las dificultades que derivan de regímenes pomposos en alusiones sobre justicia y libertad, para dar cuenta rápidamente que tan altisonantes declaraciones se quedan en la letra de leyes, decretos, resoluciones y reglamentaciones. Y además de discursos. Tan apocalíptico cuadro de hechos, derrumban todo el andamiaje sobre el cual se erigen preceptos que, en teoría, apuntan a exaltar valores morales y políticos. Pero, que sin embargo, la avidez del gobernante por ganar espacio político, incita la creatividad necesaria sobre la cual estructura mentiras y engaños de los que se vale para embutirse en estancias de poder.
Con tan turbio pensamiento, el gobernante busca captar la atención de quienes mejor puede manipular con base en rosarios de promesas que repite por doquier. Por tanto, no escatima esfuerzo por enganchar en su juego de banalizada sagacidad política, quienes padecen de alguna discapacidad o alguna enfermedad.
Estas personas, son presa fácil del juego político en el que estos gobernantes apuestan buena parte de sus “fichas”. Se aprovechan de lo que la esperanza representa en ellos para su curación. Esta perversión estimula en el gobernante la insensibilidad de la cual hace una trinchera desde donde propaga su indolencia utilizándola como criterio para ganar el mayor apoyo de estas personas, afectadas en su salud.
Por consiguiente, al gobernante le es fácil crear las limitaciones o trabas que le permiten justificar su retahíla de pretextos fundamentados en la artificiosa necesidad de justificar medidas de control. O para salvaguardar la humanidad de estas personas con discapacidad, o para arrinconarlos y así convertirlos en canal humano de solicitudes que puedan avalar la gestión pública en curso. Aunque sea, cuota por cuota. O trazo por trazo.
En medio de todo esto, se plantea un serio problema de desigualdad. Indistintamente del hecho que refiere la Constitución de la República al exhortar la igualdad entre los valores superiores del ordenamiento jurídico nacional. Sin intención de condenar este señalamiento, la igualdad desluce de la praxis política venezolana. Es ahí cuando cabe preguntarse sobre el papel que tiene la justicia en el discurrir político, social y económico del país.
Es justamente cuando vale dudar sobre la justicia, vista como cuerpo de leyes que signan y orientan la dinámica nacional en todas sus manifestaciones. Es ahí cuando, luego de observar las realidades que afronta el país, la incertidumbre, dada su condición de receptáculo de los problemas que desmedraron a Venezuela, lleva a hacerse la siguiente interrogante y correspondiente y decidida respuesta: ¿Justicia? ¿Dónde está?
