La banalización del acoso político como herencia de Hugo Chávez
Uno de los rasgos característicos de la práctica política del chavismo en Venezuela es el uso sistemático del acoso, de la provocación del sentimiento de la violación, del agavillamiento, del robo directo y personal, de aquello que los humanos parece que aprendieron de la conducta de las hienas, todo eso como base de una estrategia de respuesta política frente a la disidencia.
Esta es una práctica central del movimiento creado por Hugo Chávez, y revela su intrínseca intolerancia de la crítica y de la expresión política disidente. Al tratarse de una visión dogmática de la política, se establece una superioridad moral que justifica crímenes. Sobre todo determinadas manifestaciones del sadismo y cierto gusto por el dolor ajeno. Ha ocurrido muchas veces y cada vez se observa un mayor grado de coordinación y selectividad. También se ha mostrado últimamente cómo estas acciones pueden “encenderse” y “apagarse” con las órdenes precisas.
Más allá de la controversia ideológica, más allá de lo que se crea sobre el funcionamiento de los mercados, más allá del discurso sobre la opresión imperialista y los poderes financieros internacionales, más allá de toda duda razonable sobre la justicia y el dinero, más allá y por encima de todo eso, lo que realmente queda es una manera de entender la política que reivindica a la humillación física individual como punto de partida de un proyecto de hegemonía cultural.
La estrategia gubernamental para disuadir la acción política opositora suele combinar la represión policial con la acción directa de grupos paramilitares, de pandilleros cuya intención primera es infligir dolor mediante los golpes y la humillación del despojo directo, todo esto como un giro morboso del ejercicio del poder. Las víctimas pueden ser unos manifestantes anónimos en una calle cualquiera, un grupo de periodistas que capta evidencias “sensibles” o incluso los diputados opositores dentro de las mismas instalaciones de la Asamblea Nacional.
De tanto haberse visto, de la cotidianeidad de su presencia, de la rutinaria desfachatez de sus soldados sólo puede concluirse que hay una estrategia, y una estructura, deliberadamente diseñadas para destruir el vigor contestatario mediante el quiebre de la autoestima y el amor propio de la persona que intenta rebelarse. Cuando se constituye y se dirige a las fuerzas de choque, la orden incluye de manera explícita el amedrentamiento, el robo, la golpiza en grupo y el despojo más íntimo, todo esto como parte de un mensaje de terror y de dominio sicológico que se desea transmitir desde las mismas vísceras.
Quiero insistir en este punto porque quizás ya se ha acumulado suficiente información para armar unos cuantos casos judiciales contra determinadas personas. Los casos jurídicos bien armados son uno de los principales instrumentos disponibles hoy día, para defendernos de los poderes que usan la conspiración criminal a la sombra del Estado para liquidar la disidencia política pacífica y abierta.
¿Cómo puede la sociedad civil enfrentarse a un gobierno que no solo usa la fuerza pública en contra de los opositores, sino que también ha privatizado parte de la represión “comprándole” servicios a grupos que se mueven entre el hampa y el paramilitarismo?
En un país donde el gobierno tiene un dominio vertical y absoluto de las instituciones de justicia.
Una, entre varias opciones no excluyentes entre sí, es armar casos de crímenes de lesa humanidad, de estos crímenes puntuales y frecuentes, sistemáticos e institucionalizados. Armar un caso significa recolectar, ordenar y presentar evidencias sobre la responsabilidad de los ejecutores y, sobre todo, de los coordinadores. Porque la soberbia que produce el poder, la ebriedad de una impunidad continuada, seguro han mermado los controles y las escenas están llenas de huellas, de ADN, de rastros de diversos tipos dejados con displicencia.
Los crímenes del poder no prescriben. Los orquestadores del dolor y del miedo, los expertos en las armas de la desmoralización tienen que comenzar a pensar que el día de su juicio llegará. Y que va a ser un juicio en esta tierra, con debido proceso y presunción de inocencia. Más temprano o más tarde. Dentro o fuera del país, porque cada día se acepta más la jurisdicción global de las cortes de justicia internacionales.
Y si llega el momento en que una acusación deba ser negociada para salvar la transición, pues quizá habrá que tragar grueso y continuar. Pero deben estar seguros de que no todos se salvarán de la justicia. Esta es una de las amenazas que deben hacerse creíbles en una lucha tan difícil y asimétrica como la que actualmente se libra en Venezuela.
