La caída del cartel
“Bajo la toga del magistrado se esconde el puñal del sicario”. Piero Calamandrei (1889 – 1956), jurista, político y periodista italiano, refiriéndose a los magistrados que refrendaban todos los deseos de Benito Mussolini.
Desde que el finado llamó “plastas” a los magistrados del TSJ que se atrevieron a sentenciar que lo del 2002 no fue golpe de estado sino “vacío de poder”, la revolución se movió a buscar fichas dóciles, jueces tras una buena jubilación, políticos que a duras penas superaban un post grado, para que llenasen esos cargos claves para dar el baño “constitucional” a un gobierno que se pasaba la constitución por el mero forro.
Valiéndose de una Asamblea roja (por “autosuicidio” de la oposición), ampliaron a 32 el número de magistrados y poco a poco fueron sustituyendo alfiles y caballos por viles peones. Y peonas. El “Uh, ah! Chávez no se va” que coreaba el cartel de las togas impúdicamente en las aperturas del Año Judicial, derrumbó la moral en lo que debía ser el palacio de la justicia para todos los venezolanos.
En los últimos diez años, el descarte de verdaderos magistrados, a quienes jubilan incluso antes de vencerse su período, ha dejado cada vez más ciega a la dama de la balanza. Jamás emiten una sentencia que perjudique al gobierno, o que tan siquiera lo disguste. El afecto apasionado por el caudillo y su revolución perturbó incluso a algunos que con poco currículo para ser magistrado como Luis Velázquez Alvaray o uno que sí conoció al dragón porque era el portador de sus llamas, como Eladio Aponte Aponte, decidieron desertar cada uno por sus razones pero ambos echando el cuento de cómo el finado llamaba pidiendo que le pusieran preso o que le abrieran juicio a opositores. Debían seguir las directrices de la Fiscal y les advertían que no se preocuparan por las pruebas, porque también el contralor Clodosvaldo Russián (Dios lo tenga donde merece) colaboraría gustoso, aportando “pruebas”.
El TSJ ha seguido la misma política de cartel con el gobierno de Maduro. Los magistrados, supuestos garantes de la Constitución, se han dado desde hace años a la tarea de corregirle la plana a la Carta Magna y emitir sentencias supra constitucionales. Como aquella que admitió la reelección indefinida, aprobada en un dudoso referendo, pues la verdadera consulta sobre la reforma constitucional rechazo todas las propuestas del finado, incluida la reelección indefinida.
Con las irreversibles rectoras del CNE, conforman un grupo deleznable de violadores de la voluntad popular. Para que el caudillo no se les muriera en la campaña, adelantaron las elecciones presidenciales a octubre, aún cuando la toma de posesión siguió en su fecha del 10 de enero. Todo este cartel de magistrados, rectoras, defensor, contralora, asambleístas engañaron al país: sabían con toda certeza que al presidente le quedaba poco tiempo de vida y no debían admitir su reelección. Pero todos ellos arriesgaban sus jugosos cargos y el poder absoluto. Y siguieron adelante pese a que los periodistas, la oposición y medio planeta sabíamos que el hombre jamás podría cumplir otro mandato.
Apostaron al amor ciego que muchos tenían al caudillo y ganaron. Pero vendría lo peor: mentir al país sobre la verdadera condición del líder. A los 3 días de la victoria, el entonces reelecto presidente nombra a su entonces canciller Nicolás Maduro como vicepresidente. Regresa de Cuba para despedirse el 8 de diciembre en una cadena para el recuerdo histórico, nombra encargado de la presidencia a Maduro y pide votar por él en caso (que él sabía seguro y por tanto, mentía) de que no regresara. Así Nicolás Maduro, alguien cuya partida de nacimiento es el secreto mejor guardado del régimen, llega a la presidencia de la República. Pasado un mes y a sabiendas de que la ausencia era total y absoluta, el TSJ se hace sordo ante clamor de los juristas y deja en el limbo la ausencia presidencial. Hasta que en marzo la verdad indiscutible de la muerte del finado (no, no es redundancia) obliga al TSJ a emitir una sentencia declarando que quien debe encargarse de la presidencia es el vicepresidente y no el presidente de la Asamblea Nacional, como ordena la constitución en caso de ausencia presidencial antes de la primera mitad del mandato.
Para ayudar aún más, no tomaron en cuenta que el finado ni siquiera se había encargado por lo que muy extrañamente el vicepresidente podía tomar un cargo cuyo titular nunca se juramentó. Pero necesitaba otro empujoncito para asegurar la silla, así el TSJ declaro que el Vicepresidente sí podía lanzarse a la presidencia sin separarse del cargo temporal que ocupaba, violando así el artículo 229 de la constitución. El heredero no pudo tener peor desempeño, ajustado a su escaso currículo. Así que ni la complicidad de poderes pudo evitar la rebelión de los votantes el 6 de diciembre. Como despedida, la derrotada AN nombro a la carrera y violando lapsos y condiciones, magistrados que ayuden a conservar los privilegios del poder aún por encima del voto de los venezolanos.
A pesar de la paliza, el cartel no entiende el rechazo de la mayoría hacia sus tramposas, por decir lo menos, conductas. Lo primero que hicieron los recién vestidos magistrados fue quitarle la mayoría calificada a la oposición, anulando la elección de tres diputados de Amazonas. Y el CNE que los proclamo, mudo. Por su parte el presidente solo afrenta a un pueblo que está sufriendo una crisis humanitaria: en lugar de hacer cambios indispensables hasta para su gobierno, que tiene el agua al cuello, aumenta la burocracia creando cinco ministerios más, entre ellos una burla que se llama “agricultura urbana”. En sus discursos amenaza a los productores con intervenirlos, a los medios con cerrar la importación de papel, a Mendoza con encarcelarlo. Pero jamás menciona el 270% de inflación que acabo con la clase media, ni el racionamiento eléctrico que extermina hoteles y centros comerciales; tampoco habla del agua podrida y de la crisis sanitaria y medicinal de Venezuela. Ejemplo de esa conducta a espaldas al país es su visita a Valencia, donde su paso desde el aeropuerto a la fábrica que inauguró fue cubierta metro a metro por soldados, que también ordenaron cerrar las puertas del Hyperlíder cercano, para que el presidente no viera las gigantescas colas.
Ahora el TSJ declara “constitucional”, por encima de la constitución, un decreto de emergencia económica que permitirá al gobierno tomar a manos libres toda clase de decisiones incluidas expropiaciones y corralitos. Este cartel ineficiente y corrupto, ha arruinado en tiempo récord lo que quedaba de Venezuela, pero tendrá que rendir cuentas pronto. Todos sus pasos afrentan al país decente. Que la Asamblea Nacional y la MUD determinen de una vez cual es la formula constitucional para deshacernos CONSTITUCIONALMENTE de este cartel. Nadie quiere aventuras suicidas. Y si ellos fueran responsables tampoco las querrían. El país cruje agobiado y molesto. La salida es ya.
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@charitorojas
