La carta de Almagro

Fechada el pasado 10 de noviembre, la carta del secretario general de la OEA para la presidente del CNE es de trascendental importancia. La contundencia de sus argumentos, pero también el meticuloso conocimiento de lo que aquí sucede en vísperas electorales, constituyen un reclamo y una denuncia que no pueden pasar inadvertidos. La calidad y la seriedad de la exposición deberían rebatirse con unos planteamientos sólidos que no ha lucido hasta ahora quien se niega, por razones inconfesables, a permitir la observación del proceso comicial solicitada por la institución que encabeza el remitente. De seguidas se comentarán los elementos sustanciales del documento, a través de un vistazo que apenas pretende referirse a algunos puntos básicos.

Almagro concede preferencia a lo estrictamente electoral, para insistir en el predominio de una evidente inequidad que favorece al partido de gobierno. La inequidad se refleja, según su correspondencia, en la omisión del organismo electoral ante los desmanes del oficialismo y en la inexistencia de igualdad de condiciones para los partidos que compiten. Si se considera que el PSUV maneja a su antojo el erario y la alta burocracia para buscar o comprar votos, mientras la institución dirigida por la señora Lucena no se da por enterada, se configura un cuadro de provechos ilegítimos que solo un ciego-sordo puede permitir sin inmutarse. Tales provechos se concretan en la multiplicación de las posibilidades de propaganda que favorece a los mandatarios, lo cual no solo es grave en sí mismo. También se vuelve lápida agobiante, agrega, si se considera el poco espacio que dan los medios a los mensajes de la MUD debido a las presiones del régimen, y a las restricciones económicas provocadas por las trabas impuestas a las alternativas de financiamiento para quienes no estén del lado de la “revolución”. Después de detenerse en estos elementos panorámicos, toca tres puntos concretos: la inhabilitación groseramente unilateral de siete candidatos, que solo afecta a políticos nominados por la oposición; la manipulación de las circunscripciones de manera que produzcan más diputados en las regiones que hasta ahora han simpatizado con el PSUV; y las bajezas más rastreras en la elaboración del tarjetón, en el cual se ha querido meter gato por liebre tratando de disfrazar de organización opositora a una bandería cómplice del oficialismo. ¿Cómo se le pasó esto al CNE? ¿Acaso lo prohijó?, se pregunta el secretario general. En materia electoral está enterado de lo grande y de lo que parece minúsculo para reclamar a la señora Lucena una parcialidad y una desidia imperdonables aun para el juez menos severo.

Pero también hace consideraciones sobre la mengua democrática de Venezuela, debido a la cual se menoscaba la elección de los diputados en un teatro de seguridad y confianza. Encuentra evidencias palmarias de tal deterioro en el escandaloso juicio de Leopoldo López, un caso extremo de “subjetividad judicial”; en los decretos de estados de excepción en 23 municipios de 3 estados cuyo destino político puede depender arbitrariamente de las manos largas de los gobernadores; en la intervención de la directiva de Copei por el TSJ, tras el propósito de debilitar a la MUD; y en las detenciones masivas y en presuntas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por unas OLP que generan zozobra, en lugar de la serenidad deseable para que cada quien vote según su conciencia en diciembre.

Estamos ante reproches esenciales que hace un funcionario libre de toda sospecha. Ofrece observaciones generales y particulares ante cuya envergadura conviene profundizar para manejarse con voluntad y cabeza claras el 6-D. Sus palabras son su compromiso con la democracia latinoamericana. Son la expresión de la mirada del otro que ve con buena fe  desde una atalaya relativamente lejana en la cual no predominan las pasiones. Son, además, acumulación de  preocupaciones y temores del mismo género compartidos en el resto del continente. Ante el supuesto negado de que vaya a contestarle, se recuerda a la señora Lucena que, antes de hacer lo que hace ahora en la OEA por las obligaciones inherentes a su cargo, Luis Almagro fue ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay durante el gobierno de Pepe Mujica.