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La ciudad que no queremos

Antes de alcanzar la Presidencia de Brasil, Fernando Henrique Cardoso había esbozado la idea del “contraplán” como respuesta a los intereses de las fuerzas dominantes por imponer la “única solución posible”. Con un enfoque todavía más interesante, Giulio Carlo Argan, entre otras cosas alcalde de Roma entre 1976 y 1979, había definido el plan (en este caso, específicamente el plan urbano) como obra abierta, más que como prefiguración del siempre incierto futuro, como un “actuar en el presente según un proyecto”, porque “Se proyecta contra algo que es, para que cambie: no se puede proyectar para algo que no es… planificando no se planifica la victoria, sino el comportamiento que se propone mantener en la lucha”.

Hoy en Venezuela estos temas van más allá de la reflexión académica y se convierten en cuestiones de vida o muerte para la república y sus ciudadanos: tenemos ante nosotros un país con una economía devastada y ciudades en ruinas, consecuencia de la letal mezcla de corrupción con incompetencia que ha caracterizado al llamado Socialismo del siglo XXI, que, aunque hay que acelerarlo, no permite esperar al “cese de la usurpación” para actuar porque entonces podría haberse traspasado el punto de no retorno: es menester, piensa quien pergeña estas líneas, seguir la recomendación de Argan de “actuar en el presente según un proyecto”.

Quienes nos interesamos por los temas urbanos, sea como planificadores, investigadores, gobernantes, inversionistas o activistas, solemos abordar el tema a partir de plantearnos “la ciudad que queremos”, lo cual, particularmente desde nuestra ubicación en el mundo, implica por lo menos dos tipos de riesgo. El primero es adoptar como modelo otras ciudades que entendemos como exitosas, olvidando frecuentemente que ellas se insertan en contextos económico, político, socio-cultural y hasta geográfico- diferentes; el otro es volver la vista al pasado, con los peligros bien conocidos de la nostalgia.

Definir la ciudad que no queremos es decir que no queremos una ciudad que excluya y segregue sectores de la población; que contribuya al calentamiento global; que deprede el ambiente, tanto el natural como el construido; que favorezca a la especulación inmobiliaria forzando el desplazamiento de actividades y habitantes; que genere contaminación ambiental; que dañe o empobrezca el patrimonio urbano; que obligue a grupos de la población a largos y extenuantes desplazamientos para ir a sus centros de trabajo o de estudios; que alimente la desigualdad entre sus habitantes.

Cuando en 2012 la Alcaldía Metropolitana hizo entrega del Primer Avance del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, parecían estar madurando las condiciones para que la capital de la República conociera un viraje histórico que habría puesto en serias dificultades a la espuria hegemonía que ha hundido al país en esta crisis sin precedentes: en las elecciones de 2013 la oposición democrática obtuvo 5 de las 6 alcaldías del AMC, 39 de los 50 concejales municipales y 8 de los 13 metropolitanos. El oficialismo, aunque con una mayoría disminuida, logró retener el municipio Libertador, indiscutible joya de la corona por superficie y tamaño poblacional, pero también allí se avecinaban importantes cambios: si en las elecciones presidenciales de 2012 el oficialismo había ganado 14 de sus 22 parroquias, en las parlamentarias de 2015 sólo logró retener 4, con el agregado de que en ellas se redujo sensiblemente su ventaja.

El régimen entendió el mensaje y aceleró la operación de demolición del Gobierno Metropolitano que ya había iniciado desde octubre de 2009: en 2015 se produjo el violento e ilegal arresto del Alcalde y en diciembre de 2017, también ilegalmente, sin argumentos que lo justificaran ni proponer alguna alternativa para llenar el vacío, la definitiva “supresión y liquidación” de todos los órganos del Gobierno.

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