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La complicidad del CNE

La actuación de la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) forma parte de una política de la cúpula de gobierno civil y militar, violatoria de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como único mecanismo de mantenerse en el poder, para defender sus grandes intereses acumulados ilícitamente en el manejo de los fondos públicos a lo largo de casi dos décadas de gobierno chavomadurista.  Al perder el apoyo del electorado del país, expresado en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015,  y verse en el peligro de tener que entregar el gobierno a los representantes de una Alternativa Democrática, si permite la  realización del Referendo Revocatorio, han optado no sólo por profundizar la represión secuestrando a dirigentes de la oposición como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Manuel Rosales y más de un centenar de luchadores por la democracia y el bienestar de la población nacional, sino también bloquear cualquier vía electoral que consume su derrota.

De allí que la mayoría del CNE al restringir el número de máquinas capta huellas y centros de votación, para hacer imposible que puedan acudir a sufragar los 4 millones o más de electores que se requieren para alcanzar el 20% del Registro Electoral, para solicitar el Referendo Revocatorio, lo que hace es cumplir con el papel que le corresponde en la ejecución de esa política estalinista, castrista, para preservar un poder ilegítimo, inconstitucional.

De allí también que como al Movimiento de Solidaridad en Polonia, en sus luchas contra el comunismo estalinista de la época, hasta lograr el triunfo definitivo, a la Mesa de la Unidad (MUD) le espera un corto, mediano o largo período de resistencia democrática, contra todos los Poderes Públicos, excepto la Asamblea Nacional, coludidos para hundir a los más pobres en la miseria y a todo el país en el atraso económico, social y moral, para tratar de controlarlo mediante el engaño y la represión.

Esa mayoría de CNE no es que sólo recibe instrucciones de Miraflores, sino que es solidaria y acompaña al gobierno cívico militar de Nicolás Maduro en la violación de los Derechos Humanos, en la complicidad con funcionarios públicos, señalados internacionalmente, con vinculaciones con la corrupción y el narcotráfico, con las mafias organizadas del hampa que controla las cárceles,  domina las calles y sobre todo los barrios más pobres donde asesinan a centenares de jóvenes  en una semana, a miles en un mes y a un total de más de 200 mil en los 17 años de gobierno autoritario.

Los venezolanos no disponemos de una  instancia nacional independiente  para defender nuestros derechos constitucionales,  desconocidos o violados por  funcionarios públicos en complicidad con diferentes poderes para abusar de los límites legales de sus atribuciones.

Son varios los casos conocidos públicamente de ciudadanos que han apelado a todas las instancias legales del país y se han considerados burlados en sus derechos legales, y han acudido a organismos internacionales investidos de autoridad por Acuerdos  y Convenios ratificados por Venezuela, para hacer valer sus derechos. En nuestro territorio solo nos queda la protesta en la calle, enrumbados hacia la lucha de masas, según acordado por la Mesa de la Unidad Democrática, sin descartar el diálogo con sectores de la cúpula civil y militar que puedan avenirse a una solución o transición democrática sin exclusiones, sin retaliaciones, pero con justicia.

El país democrático puede y debe intentar  ponerle fin a las  arbitrariedades gubernamentales, y sobre todo impedir que las siga cometiendo Nicolás Maduro, derrotándolo en la calle y en las elecciones que se puedan realizar.

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