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La crisis con Guyana

Recientemente la Exxon Mobil hizo un hallazgo importante de petróleo en la concesión Stabroek, en un punto que está en aguas guyanesas, pero la concesión abarca también áreas tanto de la Zona en Reclamación del Esequibo como de la fachada atlántica del estado Delta Amacuro. La Cancillería venezolana envía una nota de protesta a la Exxon, alegando que está violando el Acuerdo de Ginebra de 1966. Obviamente, la nota de protesta debería haber sido enviada a Guyana. El Acuerdo de Ginebra es un tratado entre Estados y obliga sólo a las partes firmantes. Pero la intención del gobierno Maduro es política: hacer aparecer que el enfrentamiento es con una transnacional norteamericana. Es interesante notar que en el proyecto Stabroek, la Exxon está asociada con la Nexen Petroleum Guyana Limited, que es propiedad de China National Offshore Corporation (Cnoon), socia de Pdvsa en la Faja del Orinoco y en el proyecto de gas costa afuera Mariscal de Ayacucho.

En la Gaceta Oficial del 27 de mayo aparece el decreto 1787 en el cual se crean y activan unas Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain). En la Zodimain Atlántica, se incluye además de las áreas marinas y submarinas de nuestra fachada atlántica y de la Zona en Reclamación, buena parte de la fachada atlántica guyanesa, pero también aguas correspondientes a Surinam y Guayana francesa, violando además el límite marítimo entre  Guyana y Surinam, fijado en el Laudo Arbitral de la Corte Internacional de Justicia del 2007. El decreto tiene el aspecto positivo de demostrar que en la Fuerza Armada y en el gobierno, por fin, hay preocupación por las acciones de Guyana, tanto en la Zona en Reclamación como en nuestra fachada atlántica. Que el decreto incluya aguas que, en estricto derecho, deberían ser guyanesas, podría verse como un mecanismo de presión para negociar, dado que Guyana también incluye en su plataforma continental áreas que deberían ser claramente venezolanas. El aspecto negativo es la extralimitación del decreto al afectar Surinam, la Guayana francesa y violando un arbitraje de la CIJ. En Gaceta Oficial del 8 de Junio se reimprimió el Decreto por «fallas en los originales», agregándole un párrafo al final de fijar las líneas de la Zodimain atlántica que dice: «Sin embargo existe un área marítima por delimitar que será determinada una vez se resuelva la controversia entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana según el acuerdo de Ginebra de 1966, la cual está definida por los puntos «T» «U» «V». » Los puntos y las líneas en el mapa no cambian. El párrafo fue incluido evidentemente para controlar parte de los daños que el decreto original causa en la comunidad internacional.

Guyana, en un comunicado oficial del 07-06-2015 afirma que el Decreto N 1.787 es una violación flagrante del derecho internacional y su nuevo Canciller Carl Greenidge anuncia que denunciará ante la comunidad internacional la agresión venezolana y solicitará la intervención del Secretario General de la ONU, para que, en el marco del Acuerdo de Ginebra, se logre una solución definitiva a la reclamación venezolana y propone la Corte Internacional de Justicia.

La Cancillería venezolana responde rechazando «las afirmaciones falsas del comunicado guyanés» y afirma que se debe «proseguir con el mecanismo del Buen Oficiante bajo la figura del Secretario General de las Naciones Unidas».

Esta crisis puede convertirse en una oportunidad para reactivar la negociación prevista en el Acuerdo de Ginebra. Venezuela debe aprovechar el nuevo e intenso interés de Guyana de delimitar definitivamente con Venezuela para replantear la negociación. Insistir en los buenos oficios cuando Guyana ya los descarta, no creo que sea una opción conveniente. Guyana en el marco del Acuerdo de Ginebra puede solicitar unilateralmente al Secretario General de la ONU de proceder a escoger otros de los medios de solución pacífica previstos en el art. 33 de la Carta de la ONU.

Mientras tanto, frente a la nueva posición del gobierno guyanés, Venezuela debe:
a) Reafirmar públicamente que la salida libre al Atlántico no es negociable.
b) Nombrar, con urgencia, un negociador-facilitador por Venezuela a tiempo completo. El actual encargado Embajador Roy Chaderton tiene otros cuatro cargos que atender.
c)  Mantener el patrullaje tradicional de la Armada en nuestra fachada atlántica.

Espero que el decreto 1787, que implica un cambio de actitud muy relevante respecto al desinterés e  inacción de los últimos años, no tenga sólo el objetivo político interno de distraer la atención de la grave crisis socioeconómica y política que padecemos.

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