La dictadura en su laberinto
Carlos Canache Mata
Ayer comenzó la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, foro que servirá para el debate de los temas y problemas existentes en el escenario mundial. En lo que se refiere a la región latinoamericana, la grave y prolongada crisis que atraviesa Venezuela aparecerá en los discursos de los representantes de los más de 100 países que participan en el evento. Al momento de escribir estas líneas, se ignora si Nicolás Maduro asistió a la Asamblea y logró superar el miedo que mostró al asegurar que “su vida corre peligro”. Ese miedo no se compadece con la eficacia de los operativos de seguridad que despliega la primera potencia del planeta para garantizar la integridad física de los dirigentes y la normalidad de las sesiones del importante cónclave internacional.
Se ha anunciado que, durante el encuentro, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Paraguay dirigirán una carta a la Corte Penal Internacional solicitando una investigación formal de la violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura imperante en Venezuela. El documento irá acompañado de dos informes: el que elaboró la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que denuncia las detenciones arbitrarias, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales contra protagonistas de las protestas populares anti-dictatoriales ocurridas entre abril y julio del año 2017; y el que elaboró un grupo de expertos designado por la OEA en el que se sostiene “que once individuos, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la Corte Penal Internacional”. El pedido de los cinco países latinoamericanos se fundamenta en el artículo14 del Estatuto de Roma, que creó la Corte, que a la letra reza: “Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas”. Lo que implica el nuevo trámite es que se pasaría del “examen preliminar”, iniciado por la Corte el pasado mes de febrero, a la “investigación formal”.
Saldrá a relucir también en la Asamblea General de la ONU el tema de la migración masiva de ciudadanos venezolanos, que ha sido comparada por Acnur (de la misma ONU) con la crisis migratoria de Siria, país en guerra, además de expresar que “en su historia moderna, América Latina nunca ha experimentado un éxodo de esta dimensión”. Son alrededor de 4 millones de venezolanos desparramados por el mundo, según los expertos, que la dictadura ha obligado a exiliarse para escapar del hambre y de la opresión política. Es ridículo el sainete aéreo de una “vuelta a la patria” de los que se han ido que ha montado la dictadura, aparentando no percatarse de que los 3.217 retornantes (cifras del régimen, según informa El Universal del 23-09-18) son apenas una gota de agua en el océano de los cuatro millones. Vergüenza debería darle a los que usurpan el poder desde la guarida del Palacio de Miraflores que los países de la región estén creando “mesas de donantes” para mitigar las penurias de nuestros compatriotas.
A que se airee toda esa tragedia en la Asamblea General de la ONU es que le teme Maduro, no al imaginario riesgo de que podría correr peligro su vida si acude a la cita de Nueva York.
