La farsa no puede continuar
El sábado pasado Nicolás Maduro declaró que sigue “apostando al diálogo, al entendimiento y a la resolución pacífica de nuestras diferencias”. Como estaba por comenzar el carnaval, creyó aconsejable ponerse el disfraz de ser un hombre de paz. Parece que aún no se ha percatado que, dentro o fuera del país, ya no engaña a nadie.
Son conocidos y reconocidos los desmanes dictatoriales que el régimen ha ordenado para castigar el país. Haber acordado , con la ayuda de sus palafreneros el CNE y el TSJ, la inoperancia de facto de la Asamblea Nacional; cerrarle el paso a la convocatoria del referendo revocatorio presidencial, que es como taparle la boca al pueblo; la no realización de las elecciones regionales en el 2016; la demolición de las instituciones del Estado; la prisión de más de 100 disidentes políticos; la vuelta de la tortura que se inflige a varios opositores del oficialismo; la neutralización o compra de unos cuantos medios de comunicación para que la libertad de expresión sea apenas una luz que se extingue, son hechos, entre otros, que ninguna simulación puede sepultar.
¿Por qué, cabe preguntar, los voceros gubernamentales recitan a diario odas al diálogo, dando la apariencia de que todavía continúa, a pesar de que la MUD, que representa a la oposición democrática, ha dicho que mientras sigan las violaciones a la Constitución y el ahogo del Estado de Derecho, el tal diálogo es un capítulo cerrado? La respuesta es clara: el oficialismo piensa que las invocaciones al diálogo bastan para atajar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) por parte de la OEA.
El año pasado, el Consejo Permanente de ese organismo regional conoció el Informe de su Secretario General, Luis Almagro, en el que se denuncia la alteración del orden constitucional por el gobierno de Maduro, pero no se han dado la apreciación colectiva de la situación y la adopción de las decisiones que se estimen convenientes, como reza el artículo 20 de la CDI. Si resultaren infructuosas las gestiones diplomáticas dispuestas por el Consejo Permanente para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”, procede entonces la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea General que, de conformidad con la Carta de la OEA y de la CDI, podrá suspender a cualquier Estado Miembro “del derecho de participación en la OEA”.
La farsa no puede continuar.
