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La Fiscal se ocupa

La fiscal Luisa Ortega Díaz dijo estar preocupada por la cantidad de denuncias que recibe su despacho de violación de derechos humanos en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo.

Además agregó que investigan la participación de «particulares» en operativos hechos en el 23 de Enero y en Ciudad Caribia, en Caracas.

Que la funcionaria se preocupe y se ocupe es un avance. Sin embargo, no podemos olvidar que durante las protestas del año 2014 también se denunció la participación de «particulares» en la represión, y en total coordinación con la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional.

Esos «particulares» no son otros que los autodenominados colectivos, grupos parapoliciales que ha utilizado este gobierno para reprimir a la disidencia.

La denuncia fue hecha por los colegas de Runrun.es en un muy buen trabajo periodístico que, al parecer, la Fiscal leyó con otros ojos. Es un cambio en positivo el experimentado por Luisa Ortega Díaz. No es la primera muestra de ello. Se presentó ante la AN, dio cifras de la inseguridad y no se prestó a la patraña contra Coromoto Rodríguez. Es un cambio que saludamos.

Diferentes ONG de derechos humanos han denunciado las violaciones que han ocurrido en las OLP.

Los datos recogidos por Provea son espeluznantes.

Más de 250 personas asesinadas, la mayoría de ellas ejecutadas extrajudicialmente; más de 14 mil detenciones arbitrarias. De cada 140 detenidos solo uno es puesto a la orden del Ministerio Público. Una novedad en esta orgía represiva es la demolición de 976 viviendas. De la Misión Vivienda han desalojado 1421 inmuebles; han realizado más de 15 mil allanamientos ilegales y han incendiado 10 casas, todo en el marco de la OLP, una «razzia contra los pobres», según Provea.

Datos aportados por Fundahumanos- Foro Cambio Democrático dicen que se ha producido 1,2 ejecuciones diarias por parte de los cuerpos de seguridad entre julio de 2015 y julio de 2016.

Los abusos contra los derechos humanos ejecutados en las OLP son tan burdos que han logrado que José Vicente Rangel se vuelva a preocupar por el tema, luego de haber guardado silencio cómplice en años anteriores.

La OLP viene a ser el plan número 22 que pone en marcha la «revolución» para reducir la inseguridad que se vive en el país.

En esta oportunidad, como en todas las anteriores, el resultado es el mismo: un absoluto fracaso y para remate viene acompañado por esta masiva violación a los derechos humanos.

No podemos dejar de resaltar las declaraciones del mayor general Gustavo González López, ministro de Relaciones Interiores y jefe de la OLP, quien ha acusado en diversas ocasiones a la «derecha» y a la oposición en general de estar detrás de actos delictivos. Este afán por partidizar su actuación es preocupante, más cuando también se ha referido a los demócratas como el «enemigo interno», concepto muy bien definido en la tristemente célebre doctrina de la seguridad nacional.

No hay que descartar que lo que viene ocurriendo en la OLP sea una práctica de lo que algunos desde el Gobierno tienen pensado implementar para acabar con la oposición venezolana. Tales prácticas están muy lejos del progresismo y el humanismo que los jerarcas del proceso dicen profesar. No es por nada, pero la actuación del ministro de Relaciones Interiores nos recuerda a Pinochet y Videla. El peligro es evidente.

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