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La hipocresía gubernamental ante el 12 de octubre

El día de la Hispanidad celebrado en otros tiempos y en nuestros predios como día de la raza, o del encuentro de dos mundos, se ha convertido en los últimos años en una fecha aniversario recargada de polémicas, en torno a las consecuencias del arribo a estas tierras de los conquistadores españoles y su dominio del continente durante más de tres siglos, que representó luego de la independencia en el siglo XIX a América Latina, para así diferenciarlo de la América anglosajona. 

Es evidente que el juicio histórico a la conquista y colonización de la América Hispana registra un genocidio devastador que exterminó a millones de indígenas y explotó económicamente estos territorios, al punto que las glorias del imperio español se basaron en la extracción y expoliación de riquezas de esta región del mundo, así también se debe agregar que de sus entrañas surgieron los libertadores de orígenes, español, indio, negro y mestizo, quienes forjaron las repúblicas del continente, las cuales con todos sus avatares durante más de 2 siglos fomentaron las naciones persistentes hasta el presente siglo XXI. 

Por tanto, saldar la historia de desigualdades con la decapitación de las estatuas de Colón y de numerosos conquistadores, en manifestaciones donde se pintarrajea esculturas, museos con el único objeto de promover la cultura del resentimiento, constituye un acto de demagogia supremo que no se compadece con la miseria ancestral que han sufrido por siglos las etnias indígenas en todos los países de Latinoamérica.  

Estas políticas son más deplorables aun cuando provienen de los gobiernos de cualquier color político. En ese contexto López Obrador retira recientemente la estatua de Colón en la ciudad de México, siendo este país señalado y cuestionado en diferentes gestiones gubernamentales por el abandono, la discriminación a la población indígena, que representa a la de mayor tradición y riqueza cultural del continente. 

En el caso venezolano el expediente de ataques gubernamentales contra las diferentes etnias es prácticamente una política de estado, al suspender ilegalmente desde 2016 hasta el presente 2020 a diputados indígenas del estado Amazonas; al eliminar en 2020 el derecho al voto universal a la representación indígena al parlamento nacional consagrado en la vigente constitución, sustituido para las próximas fraudulentas elecciones a la AN por el voto asambleario en segundo grado; al ejecutar represión brutal en 2020 durante la pandemia contra integrantes de la etnia Wayuu en Paraguaipoa estado Zulia por protestar y exigir gasolina, servicios públicos de calidad: Agua, luz, transporte, salud, educación; al asesinar a indios pemones en la frontera con Brasil en febrero 2019 por exigir la ayuda humanitaria. Actos criminales que contradicen el articulado del 119 al 126 sobre Los Derechos de Los Pueblos Indígenas consagrados en la CRBV, que califican a estos como patrimonio de nuestra nación y de la humanidad.  

A estas violaciones a los DDHH se agrega la implantación de un estado de emergencia desde 2015 hasta el presente 2020 que afecta directamente a las poblaciones indígenas que habitan en las fronteras Occidente y Sur del país, al impedir el ancestral libre comercio y sustento de sus comunidades en esas regiones.  

Asi que, recurrir hoy a cambiarle el nombre a la Autopista Francisco Fajardo por el de Cacique Guaicaipuro, es un acto propagandístico más para enarbolarse la defensa del indígena, cuando en realidad lo ha condenado a la miseria como lo refleja la precariedad de vida, de cientos de miles de estos venezolanos pertenecientes a las diferentes etnias que deambulan a lo largo y ancho del territorio nacional.  

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