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La hora menguada

Una hora menguada -como la que alguna vez mencionó Gallegos- vive nuevamente Venezuela. Es una hora que ya lleva una duración de casi 17 años. Repúblicos insignes han pasado por la Presidencia de la República, como el mismo Rómulo Gallegos y José María Vargas, para mencionar sólo dos que sobresalieron más allá de la acción política. Esa institución, la presidencial, fundamental para el Estado y el rumbo del país, se ha degradado para preocupación y alarma de la comunidad nacional e internacional.

Esta malhadada desventura ocurre cuando los venezolanos estamos a las puertas de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Estamos esperando que esta sea la ocasión para comenzar a dejar atrás la noche y desde la Asamblea Nacional se echen las bases para que el país recupere, dentro y fuera de nuestras fronteras, la dignidad extraviada. De las manos del pueblo surgirá el milagro de la redención.

Hace unos días, el 10 de noviembre, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dirigió una carta pública a la presidenta del CNE en la que hace una lista de las irregularidades que han estado vulnerando la campaña y reclama que sean libres y limpias las próximas elecciones y ofrece nuevamente la observación internacional de ese organismo. Acertadamente advierte que “Venezuela tiene obligaciones con la democracia que trascienden a su propia jurisdicción” y que velar por la transparencia de esas elecciones es también obligación de la OEA y no es ninguna “injerencia”, como ha pretendido hacer ver el oficialismo. Para avalar la declaración de Almagro, bastaría con citar el artículo 3º de la Carta Democrática Interamericana, suscrita por Venezuela, que señala como uno de los elementos esenciales de la democracia “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”. Por eso es que Almagro recuerda en su carta que cuidar la no adulteración de la voluntad popular “es una obligación del CNE, pero también es una obligación de la OEA”.

El mismo 10 de noviembre, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que expresa que “la presencia de observadores internacionales ayuda a fortalecer la confianza y la transparencia del proceso” y le recuerda a la FAN, cuyo rol institucional pretende castrar el régimen, que “los integrantes del Plan República son los encargados por oficio de velar por el desarrollo seguro, pacífico y confiable del evento comicial”.

Si ese CNE regañado por la OEA y la Iglesia da un resultado electoral fraudulento el 6 de diciembre, pienso que esta vez la protesta popular creará una crisis política de enormes proporciones.

Carlos Canache Mata

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