La ilegitimidad creciente
Hay dos maneras de determinar la legitimidad o ilegitimidad de un gobierno. La primera es la llamada legitimidad de origen que ocurre cuando el gobernante surge de elecciones libres mientras que la de ejercicio se basa en ejercer el poder conforme al estado de derecho, es decir respetando las instituciones contempladas en la Constitución.
En nuestro país hubo elecciones, cuestionadas por el estrecho margen con el que ganó Maduro, sin embargo los poderes del Estado de esa época las convalidaron y finalmente terminaron siendo aceptadas por la sociedad en su conjunto.
El problema está en que el gobierno ha venido violando sistemáticamente la Constitución al desconocer las atribuciones de la Asamblea Nacional, utilizando a la Sala Constitucional del TSJ como un supra poder constituyente y torpedeando con la complicidad de los poderes del Estado el articulo 72 de la Constitución, que establece que todos los cargos electivos son revocables al cumplirse la mitad del período para el cual fue electo el funcionario e incumpliendo con la obligación constitucional de convocar a elecciones de gobernadores y alcaldes en el lapso previsto por la Constitución.
Estas acciones son suficientes para que la OEA decida que se aplique la Carta Democrática, por existir causas suficientes para demostrar la falta de legitimidad de ejercicio del gobierno actual de Venezuela.
A esto se suman múltiples violaciones de los DDHH como el número creciente de presos políticos, la ausencia de medidas oportunas para paliar la inefable crisis humanitaria que se agrava día a día y la utilización del Sebin como sustituto de hecho de la Fiscalía General de la República.
De continuar el gobierno en esta peligrosa senda de desconocer el texto y fundamento jurídico de la Constitución, estaremos entrando en un régimen de facto, que es lo contrario a un sistema democrático de gobierno, y dejará de ser jurídicamente legítimo.
