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La libertad de los ‘exparas’

Antes de que termine este año, y en pleno proceso de paz con las guerrillas, el país asistirá a uno de los momentos definitivos de la negociación que, hace una década, llevó al desmonte de los grupos paramilitares: la salida de prisión de los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra que se acogieron a la jurisdicción alternativa de Justicia y Paz.

Sin que la gran mayoría de ellos –más de 2.000– haya recibido aún condena, se han completado los tiempos máximos de privación de libertad –8 años–, establecidos por la justicia transicional para los que le cumplieron a la paz. Y en medio de la polémica siempre viva respecto a qué tan real fue ese compromiso, hay un hecho concreto sobre el que acertadamente han llamado la atención tanto el fiscal Eduardo Montealegre, en reciente entrevista con este diario, como la Misión de la OEA que a lo largo de todos estos años ha acompañado el proceso: el Estado hizo un pacto de reconciliación y debe honrarlo con las reglas de juego establecidas. Eso, en plata blanca, equivale a aceptar que responsables de algunos de los peores crímenes cometidos en las últimas décadas tienen derecho a probar que están listos para regresar a la sociedad.

Aunque siempre se han mostrado críticos del proceso con las Auc, es un hecho que las Farc y el Eln están mirando la suerte de los exparamilitares que le apostaron a la desmovilización. Así las cuentas, parece claro que quienes atendieron los compromisos de verdad, justicia y reparación merecen la oportunidad de demostrar que Colombia no se equivocó al concederles la gabela de pagar menos de la cuarta parte de la condena que, en condiciones normales, habrían tenido que cumplir por su enorme responsabilidad en el conflicto armado.

Dicho esto, al Estado, empezando por la Fiscalía, le corresponde evitar que los que han hecho trampas queden en libertad. Son muchos los cuestionamientos dirigidos al incumplimiento, especialmente de los grandes jefes, respecto a la reparación de las víctimas. No tendría presentación alguna que, después de una condena relativamente menor, ellos salgan a disfrutar de las grandes fortunas que amasaron como capos del narcotráfico y despojadores de tierras y que han logrado esconder en todos estos años. Reconocidos narcos de las Auc, como ‘Julián Bolívar’ y ‘Diego Vecino’, por mencionar solo algunos, brillan por los pocos bienes que han entregado para reparar a sus miles de víctimas. Ellos dos, también, han sido cuestionados incluso por la Corte Suprema por su reiterada negativa a decir la verdad sobre los ‘parapolíticos’ que se lucraron, electoral y económicamente, de la intimidación y del saqueo en medio de la guerra.

Las libertades no serán automáticas y, en cada caso, habrá una valoración sobre el cumplimiento de los compromisos de paz. Y los que regresen a las calles estarán durante varios años bajo la lupa de la justicia, pues, si cometen un nuevo delito, perderán automáticamente los beneficios de la pena alternativa y volverán a prisión a pagar las condenas ordinarias.

No menor es el reto que tiene Colombia frente a la reintegración de los desmovilizados que dejen las cárceles. El gran desafío que asumió el país hace una década con casi 50.000 desmovilizados de ‘paras’ y guerrillas y que logró consolidarse en los últimos seis años tendrá una nueva prueba de fuego, que no podrá superarse si la reintegración sigue mirándose como un problema del Estado y no como la responsabilidad de una sociedad que realmente se la juega por la paz.

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