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La pelea por la confianza y el maquiavelismo de las cosas

El último lunes, con otra fecha patriótica como sombrilla, volvió a movilizarse en la Capital Federal y en otras ciudades y pueblos del país la heterogénea confluencia de sectores intensos que se consideran amenazados por el gobierno de Alberto Fernández: algunos porque quieren que se termine completamente la cuarentena, otros porque sostienen que están en peligro las libertades ciudadanas y hasta la democracia, otros porque se oponen a la reforma judicial que se ha empezado a discutir en el Congreso, otros porque se oponen a que haya cambios en la Corte Suprema (aunque el Presidente se ha pronunciado en contra de esa idea y no hay aún ninguna propuesta oficial de modificaciones en circulación, hay quienes sostienen que “es un proyecto que puede terminar con la colonización kirchnerista de todo el Estado”). En fin, otros manifestaron sencillamiento porque son opositores políticos.

Misturas con un sentido

Tratando de definir ese conglomerado, un afamado analista apeló el lunes a un concepto del sociólogo catalán Manuel Castells, que llamó “wikirevoluciones” a los  “movimientos sociales espontáneos en un entorno de comunicación digital”,  una colcha de retazos en la que cada participante incorpora su propia motivación, su propio objetivo.

Alejandro Dolina, desde otra perspectiva, coincidió en lo sustancial: aludió a la “gran variedad de voces” de la marcha, que hacía difícil  -dijo- “entenderla como una expresión unívoca”, Sin embargo, fue un poco más al nudo de la situación y aenturó un sentido: quizás, dijo,  «la verdad de la propuesta está en otra cosa, no está en el motivo; a lo mejor no es necesario tener un motivo para ir a una marcha de protesta contra el gobierno si uno ya tiene una posición ante el gobierno”. 

En suma, el denominador común que encuentra Dolina en esa mescolanza de consignas es “la posición ante el gobierno”, es decir, la desconfianza, el antogonismo o la decidida resistencia al oficialismo, al kirchnerismo o al peronismo. 

En cualquier caso, la clave que ofreció Dolina debería  alcanzar para que el gobierno se inquiete. La idea de que hay un sentimiento de desconfianza que empieza a ganar la calle (y que se manifiesta en los estudios demoscópicos, aunque no de un modo dramático, con una elocuente baja de la imagen presidencial) debería operar como un llamador para que el poder político afine la sintonía y actúe. 

Desconfianza y confrontación

Frente a la largamente anunciada marcha del 17 de agosto el oficialismo reaccionó más bien a la defensiva: acusar a los movilizados de jugar con la salud colectiva es un argumento que ya no cala en la sociedad como podría haberlo hecho tres meses atrás. Si bien se mira, los manifestantes no desafiaron el distanciamiento mucho más que los clientes de negocios en avenidas o inclusive los de los comercios barriales.

El gobierno debe frontar el principal desafío, que es el esmerilamiento de la confianza pública y la atmósfera de sospecha que rápidamente sumerge hasta sus mejores decisiones. Inclusive una iniciativa donde se conjugaron el Estado y la actividad privada (la asociación del país en la producción de una vacuna contra el Covid19) y que supondrá el  anticipo de la vacunación para la población argentina puede ser golpeada en este clima de sospecha.

El proyecto de reforma judicial, que acaba de ingresar al Senado con dictamen favorable, es políticamente uno de los blancos de sus adversarios. Es evidente que la oposición no puede pretender que el oficialismo retire su propuesta por una manifestación. Si se considera con fuerza puede tratar de  derrotarla legislativamente, sea a través de una manyoría que vote en contra o de una jugada parlamentaria que evite el quorum para tratarla.

En el clima actual estos últimos expedientes parecen alcanzables: el peronismo cordobés que responde al gobernador Schiaretti, el de Santa Fé, el lavagnismo legislativo y otros aliados del oficialismo hoy se muestran remisos en acompañar la prisa reformista que la señora de Kirchneer imprime en la Cámara Alta. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, parece haber comprendido que el apresuramiento y la presión no son herramientas que sirvan para que la reforma pase. De lo que se trata, en realidad, es de ofrecer a esos aliados (y también a los sectores más cooperativos de la oposición) cambios en el proyecto de reforma y argumentos conducentes para que pueden enfrentar el vocerío de las líneas más confrontativas, que inducen a desconfiar de las propuestas oficiales y a achacar complicidades a quienes colaboren en aprobarlas.

Pensando en votos

Los escarceos internos de las dos coaliciones mayores van prefigurando el escenario político y, si se quiere, también la escena electoral de 2021 y 2023. Es preciso tomar en cuenta no sólo el balance entre ellas, sino los equilibrios o desequilibrios que se producen en cada una.

La elección de medio término de 2021 renueva la mitad de los diputados (los que ganarron sus bancas en 2017) y un tercio de los  miembros de la Cámara Alta (renuevan aquellas provincias que eligieron senadores en 2015). Los dos comicios de referencia para la renovación parlamentaria de 2021 son, pues, ocasiones en las que triunfó la coalición Cambiemos/Juntos por el Cambio  (que en varios distritos sumó otros aliados locales). Por ese motivo, esos bloques son los que más legisladores arriesgan en esta ocasión.

En 2017, por caso, las alianzas con eje en Cambiemos alcanzaron juntas un 41.75% de los sufragioscon lo que se acreditaron 61 diputados. Ese es el capital que la coalición  pondrá en juego el año próximo.

Cuatro años atrás, el peronismo congregó un número considerable de votos, pero esos no se sumaban en un solo cesto, sino en canastas separadas. El kirchnerismo ortodoxo hizo campaña como Frente para la Victoria y alcanzó 31 diputados, distintas versiones provincianaas del peronismo federal se quedaron con 22 bancas y el massismo obtuvo 4. Eso hizo un total de 57 diputaciones, la casi totalidad de las cuales se congregaría más tarde en el Frente de Todos, mientras algunos pocos  tomaron el camino de opciones autónomas, de cercanía no automática con el actual oficialismo. Así, el año próximo el Frente de Todos pone en juego 51 de las 119  bancas que constituyen su capital en la Cámara de diputados. La cifra que se requiere para tener quorum propio (y así, ejercer un dominio desahogado de la Cámara) es 129 bancas, un número que el presidente de la Cámara, Sergio Massa se arregla muchas veces para alcanzar con la ayuda de bloques independientes, pero que en temas controvertidos, como la reforma de la Justicia, se vuelve más inaccesible.

La victoria alcanzada por el Frente de Todos en 2019 tuvo dos componentes: por una parte, la capacidad para reunir a todas las fracciones de origen peronista y a sus aliados en una oferta única y, junto con eso, el paso atrás de la señora de Kirchner, y la candidatura de Alberto Fernández, como señal de que, en caso de triunfo,  la nueva experiencia no sería una reedición del kirchnerismo de la década anterior y de que no se repetirían políticas hegemónicas. Una paradójica condición para que una victoria de dimensión análoga se reitere el año próxima (algo que podría permitir al Frente de Todos conseguir quorum propio en Diputados y mayoría de dos tercios en Senadores) residiría en que aquella señal del año último no se evapore, sino que, por el contrario, se confirme con claridad.

Esto es lo que estará en juego en la puja interna del oficialismo.

Duros y durísimos

En cuanto a la oposición, sus alternativas ya empiezan a estar a la vista: de un lado, un sector duro y confrontativo, que cree que fortalecerá electoralmente a la coalición adaptándose a las actitudes más recalcitrantes de un sector intenso de sus electorados urbanos, y otro sector -moderado y de mirada más estratégica- que sabe que se ganan elecciones (y se puede gobernar) escuchando y dando respuesta no sólo a los puros propios, sino a quienes están en el medio y también a un sector constructivo que está del otro lado.  Parece claro que en Juntos por el Cambio las figuras electoralmente más atractivas (Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal) y varias de las más estratégicas (Rogelio Frigerio, Emilio Monzó) se inclinan por la moderación, mientras Patricia Bullrich, Elisa Carrió y hasta Mauricio Macri, juegan a la intransigencia. 

Olfateando el sentido profundo en la variopinta movilización del lunes 17,  Patricia Bullrich y Elisa Carrió buscaron ponerse a la cabeza de la protesta. Bullrich, interpretando que había tenido un acierto, hizo una proyección electoral quizás precipitada: “Podemos volver a gobernar”, dijo. Todavía falta mucho para que se discuta el gobierno en las urnas; y una algarabía callejera -las ha habido mucho más numerosas que la del 17 de agosto- no se traduce necesariamente en victorias electorales.

Es posible, por lo demás,  que el ala dura de Juntos por el Cambio encuentre en 2021 un competidor: los sectores liberales más ortodoxos (Ricardo López Murphy, José Luis Espert, el pintoresco Javier Milei) pretenden correr el año próximo por la derecha del macrismo, preparándose para negociar dos años más tarde una alianza con Juntos por el Cambio para enfrentar al peronismo, según la táctica de “marchar separados, golpear juntos”. 

Los votos que puedan ganar los ultraliberales saldrían  del caudal al que aspira la coalición que dejó el gobierno hace menos de un año, razón por la cual algunos malpensados imaginan que quienes alientan la jugada ultraliberal son operadores del oficialismo. Es la manía del pensamiento conspirativo, que se empeña en descubrir intenciones en el simple maquiavelismo de las cosas. 

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