La persecución, un crimen de lesa humanidad
Desde que el chavismo se instaló y se convirtió en poder en 1999 se ha venido aplicando una política de persecución política que por su generalidad y sistematicidad constituye un crimen de lesa humanidad, objeto de la competencia material de la Corte Penal Internacional. Estos hechos, sin duda alguna, serán en algún momento investigados y sus autores enjuiciados y castigados por tribunales penales, sean nacionales, si están dispuestos a hacerlo; o en su defecto, por órganos internacionales, como la CPI, en base al principio de la complementariedad, independientemente del cargo que hayan ocupado en la administración o de su participación en los hechos como autores materiales o intelectuales, cómplices o cooperadores.
La persecución a la que se refiere el Estatuto de Roma en su artículo 7-1-h no es un simple delito, ni una violación más de derechos humanos. Si entramos en los detalles es algo más complejo. Cuando la persecución se ejecuta en forma sistemática y generalizada en contra de una parte de la población civil, en nuestro caso, opositores y críticos del régimen, con el fin de anularles sus derechos fundamentales, estamos ante un crimen de lesa humanidad.
La persecución en el sentido que nos interesa debe ser sistemática y generalizada. Es decir, debe responder a una política de Estado, lo que es el caso en Venezuela, aunque no exista un decreto formal que lo declare. Se trata además de actos generalizados, es decir, actos perpetrados en contra de una parte de la población civil: opositores y críticos. Los cientos de presos y detenidos injustamente, muchos torturados y maltratados, con procesos judiciales de corte político en los que se irrespetan las normas fundamentales del debido proceso; los miles de perseguidos que han abandonado el país, asilándose en otros, traducen la generalidad que se exige para la calificación de crimen de lesa humanidad de estos actos de persecución.
Aunque algunos todavía no lo crean, ni acepten, la justicia llega y llega a tiempo. Mientras el país se hunde en la miseria, en una crisis humanitaria sin precedentes, la Fiscalía conoce varias denuncias, la última de ellas en relación con los actos criminales que el régimen central y la Gobernación de Táchira han emprendido en las zonas fronterizas con Colombia en contra de grupos importantes de la población civil. En estas denuncias se pide a la Fiscalía que constate que hay razones fundadas para determinar que en el país hay una situación en la que se cometen crímenes de lesa humanidad, lo que podrá permitir la apertura de casos individuales para determinar la responsabilidad penal internacional individual de los autores de esto crímenes.
La Corte es competente para conocer crímenes de esta naturaleza. Además, ella puede ejercer su jurisdicción por cuanto como todos sabemos y lo han confirmado órganos internacionales como la CIDH y respetables organizaciones no gubernamentales, en Venezuela los órganos de justicia funcionan a la orden del Ejecutivo y del partido oficialista. Aunque se otorgue preeminencia a los tribunales nacionales para conocer los crímenes de esta naturaleza, sabemos que ello no es posible. No hay ninguna posibilidad de que se abran procedimientos objetivos, por el contrario, los procesos abiertos buscan más bien trasladar la responsabilidad a los opositores, un signo más de persecución sistemática.
El régimen no entiende y abusa de su irreverencia al insistir en sus políticas de persecución y de discriminación contrarias al Derecho Internacional, causando grave daño a los venezolanos; pero la justicia llega y los responsables de actos como estos que humillan no sólo a las víctimas y a sus familiares sino a la sociedad entera, serán enjuiciados y castigados. La impunidad tiene sus límites, lo que pasa en Brasil con Lula que ha decepcionado a unos y otros es una muestra de que el poder y los atropellos ceden finalmente ante la sana aplicación de la justicia.
