La Presidencia alquilada
En Venezuela tenemos un gobierno con desahucio moral y con una gestión administrativa inauditable y fracasada. A su frente se halla formalmente Nicolás Maduro, a quien puede aplicársele aquella frase con la cual Rómulo Betancourt describió a Germán Suárez Flamerich, presidente de la Junta de Gobierno en la que realmente los militares Pérez Jiménez y Llovera Páez ejercían el poder: “un civil de alquiler”. La intervención, camuflada o directa, en la vida civil, de lo que se conoce como militarismo, apareció, según Gianfranco Pasquino, en la última etapa del imperio romano, extendiéndose posteriormente en países europeos y, con elevada frecuencia, en países latinoamericanos.
Por temor a las Fuerzas Armadas y en procura de su lealtad, Maduro ha anunciado que a partir del primero de este mes ha comenzado a tener vigencia un aumento salarial del 45% para todo el personal de esa institución, aumento, por cierto, no incluido en el proyecto de presupuesto para el año 2015 que acaba de presentarse a la Asamblea Nacional.
Nadie ha objetado ese aumento, dada la alta inflación existente, sino que fue calificado de “excluyente” al no otorgarse a los demás empleados y trabajadores del sector público. Haciendo boxeo de sombra, Maduro ha salido a “defender” ese aumento por las supuestas críticas que ha recibido por parte de la oposición y de la oligarquía, que, “con todo el odio que le tienen a nuestra FANB, llegarían directo a dividirla, destruirla, destrozarla, pero no volverán, no podrán”. Lanza así a los adversarios políticos las propias culpas del chavismo, porque, como ha sido señalado por Rocío San Miguel, experta en asuntos militares, “la FANB está profundamente dividida producto del proceso de partidización a que ha sido sometida en las últimas décadas”.
También, en esa carrera desesperada de granjearse simpatías, Maduro, entre julio y agosto, ascendió a generales a 240 oficiales, para los cuales no habrá tantas unidades militares en espera de ser comandadas. En el marco del militarismo que permea a la sociedad venezolana, esos generales se adicionarán a las muy abundantes fichas castrenses que colonizan los más diversos espacios civiles de la Administración Pública, ya trajeada de verdeoliva.
Pero, sin duda, el signo más elocuente y revelador de la debilidad, de la precariedad, de la presidencia alquilada que está al frente de los destinos del país es la aceptación y acatamiento del ultimátum de los colectivos armados “5 de Marzo” y “Escudo de la Patria” que exigían, en un plazo de 48 horas, la destitución del Ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, y de los directivos del CICPC, a quienes acusaban de ser responsables de la muerte de compañeros suyos en los sucesos de un edificio cercano al mercado de Quinta Crespo. Es grave para la república que un presidente, independientemente de su legitimidad, ceda a los requerimientos demandados por grupos irregulares.
La gente se pregunta: ¿ en qué manos estamos ?.
