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La SUNDDE y el Record Guinness

El Gobierno ha anunciado que se sumarán 27.000 fiscales, así como 516 capacitadores de fiscales y 24 jefes estadales a los empleados de la SUNDDE. Esto significa que este ente regulatorio tendrá un personal o una fuerza de inspección y fiscalización que supera los 27.540 personas. Tal número de fiscales probablemente constituye uno de los mayores record en la historia de la humanidad en lo que al número de fiscales y/o empleados que regulador alguno en materia comercial, de precios y de protección al consumidor haya tenido.

Para tener una referencia, el Federal Trade Commission (FTC) el ente regulador en materia de competencia, protección al consumidor y regulación económica en USA en el año 1999 tuvo 1.000 empleados, mientras que en el 2001, 960 empleados; el primer caso bajo la administración Clinton y la segunda bajo la administración G. W. Bush.

En el caso de USA su PIB ascendió a 14.204.322 millones de US$ en el 2010 y una población de 308.745.538 habitantes en el 2008; mientras que en el caso venezolano el PIB se ubica alrededor de 382.500 millones de US$ y la población 29.500.000 habitantes.

Esta data nos permite calcular que en Venezuela existirá un fiscal o funcionario de la SUNDDE por cada 1.071 habitantes, mientras en USA existe un funcionario de la FTC por cada 321.609 habitantes. Más allá, si queremos buscar un ratio que relacione el nivel de la actividad económica interna con el dimensionamiento “institucional” a través del número de fiscales, en Venezuela existirá un fiscal de la SUNDDE por cada 14 millones de US$ de Producto Interno Bruto, mientras en USA existe un funcionario de la FTC por cada 14.796 millones de US$ de Producto Interno Bruto.

Dos hechos destacan respecto a estos anuncios. Primero, al incorporar grupos particulares de interés en la administración de una norma de orden público que tutela el interés público, se estaría violando la institucionalidad que debería proteger a todos los ciudadanos y al bienestar social en última instancia. Las instituciones que tienen por fin proteger al interés público exigen robustez e independencia para evitar la captura de su funcionamiento en favor de algún grupo de interés, especialmente si el regulador se encuentra enmarcado en un Estado Social de Derecho donde debería actuar como un Regulador Benevolente que tutelar el bienestar social o incluso el excedente del consumidor.

Segundo, la concepción regulatoria del Gobierno, que suele partir de la presunción de culpabilidad de las empresas y que pretende corregir las distorsiones en los incentivos al arbitraje generadas por los propios controles de precios vía una amenaza de una policía administrativa sancionatoria; ha podido motivar tal hipertrofia institucional. La regulación de conducta que suele proteger a la sociedad por medio de la prohibición de una serie de estrategias corporativas como ilícito económico del tipo explotativo o abusivas, restringe, exclusivamente sus actuaciones a aquellos casos que podrían poner en riesgo el bienestar social y por tanto el interés público. Las instituciones regulatorias destinadas a tutelar el bienestar social sólo deben actuar sobre aquellos casos que podrían poner en riesgo al colectivo, de lo contrario se estaría utilizando recursos públicos –con elevados costos de oportunidad- cuya función es proteger a toda la sociedad para beneficiar a grupos de interés particulares. La diferencia en la concepción sobre cuál es el target de empresas –que ostenten o no una posición de dominio- que pudieran “despertar” al interés público, podría constituir la diferencia entre un ente regulador desproporcionado e ineficiente y uno coherentemente dimensionado y socialmente útil.

Adicionalmente, la materia de regulación económica, regulación de competencia y de protección al consumidor, a la cual responde muchas disposiciones de la Ley Orgánica de Precios Justos, resulta ser extremadamente técnica, por lo que fiscales no economistas, ni abogados sin entrenamiento económico hacen flaco favor a la protección del bienestar social, al punto que pueden exacerbar riesgos de fallas de Gobierno y falsos positivos.

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