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La violencia gubernamental a escrutinio

Beatriz de Majo

En los próximos días en varios foros internacionales el plato fuerte será la lamentable situación de nuestro país. No solo el éxodo forzado de los venezolanos – un drama tan protuberante que es imposible ignorarlo porque al lado de lo inhumano y cruel está la afectación de los países receptores de esta oleada de depauperados compatriotas- lo que llamará la atención de quienes nos observan desde otros países.

Otros elementos que han comenzado a mostrar cifras tan colosalmente grandes como espantosas y que evidencian los destrozos que ha causado el gobierno actual a la sociedad, están saltando a la palestra pública, aportados por organizaciones de seriedad incuestionable. Me refiero al último informe de Amnistía internacional sobre los derechos humanos de los venezolanos.

El contenido de este documento recorre, de manera rauda, las redes digitales y ha ido a parar en las pantallas informáticas de la prensa internacional al igual que sobre los escritorios y entre las manos de los personeros de los entes internacionales que en pocos días o en pocas horas examinarán el caos creado dentro de nuestro país también en ese terreno.

Ya era hora que se le pusieran números a las ejecuciones extrajudiciales que se han producido en Venezuela desde hace varios años – y que se siguen practicando hoy- a través de la actuación criminal de los agentes de seguridad y la policía política del gobierno. Ya era hora que se llamara la atención del mundo sobre lo que ocurre en las barriadas de Venezuela donde una vida no tiene valor y donde se asesina a mansalva a los más pobres so pretexto de estar administrando justicia para la colectividad. De esa manera caen delincuentes menores, opositores políticos, azotes de barrio capaces de ser restacados, menores consumidores o traficantes de drogas, o cualquiera a quien un agente del orden le haya tomado ojeriza.

El informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela» es terrorífico porque da cuenta numérica de estas “ejecuciones” y de los encarcelamientos sin proceso. Dentro del análisis de la circunstancia venezolana no existen imágenes que soporten este exabrupto y evidencien la barbarie que encierran, de la misma manera que sí han circulado por el planeta las gráficas de los caminantes que huyen del hambre, pero que huyen también de esa singular y nefasta administración de “justicia” que está diezmando a los jóvenes de las clases menos favorecidas. Por ello el tema de los venezolanos errantes es mucho más tratado en público que los homicidios que enlutan miles de familias cada año.

La denuncia de AI pone de relieve una investigación en la se demostró, a través de testimonios, que en dos años y medio, desde inicios de 2015 hasta mediados de 2017,  fueron ejecutadas extrajudicialmente, tanto por el hampa común como por las fuerzas de seguridad 8200 venezolanos, el 95% de los cuales tenía entre 12 y 44 años de edad.

Como comencé diciendo, esta es otra nueva arista, una muy elocuente en cuanto a la atroz violación de los derechos ciudadanos que practica la administración actual venezolana. Pero esta es una que, por primera vez, será vista en toda su flagrancia tanto en la Asamblea General de la OEA, como en el Grupo de Lima que se reunirá a nivel de Cancilleres y, será traída a colación, igualmente, en la ocasión de la denuncia a Nicolás Maduro por violación de derechos humanos que será introducida ante la Corte Penal Internacional de La Haya por cinco Jefes de Estado de la región latinoamericana.

Todo ello va sumando en la esfera mundial y engrosando la condena que, más temprano que tarde, se sumará al rechazo interno y causará la eyección de los usurpadores de la democracia en Venezuela.

“¿Cuántos muertos hacen un genocidio?”, publicaba ayer El País de España a través de una nota de Hector Schamis. “Hay genocidios con bombas y con cámaras de gas en la historia, lo hemos leído. Pero también han existido genocidios sin plomo, causados por hambre como el Holodomor de Stalin. Maduro pertenece a esta categoría”.

Pertenece también a la de quienes conviven con la violencia como política de Estado y promueven la impunidad y el crimen.

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