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La visita, ¿”acuerdos” o/y “sugerencias”?

Carlos Canache Mata

Hagamos tres precisiones previas: 1) Maduro mintió cuando agradeció a Michelle Bachelet “haber atendido mi invitación y haber realizado esta visita”, ya que, en verdad, la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es realizada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo internacional, antes de la presentación de su informe final sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el próximo 5 de julio de este año, en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza; 2) El régimen de Maduro esta vez simplemente aceptó la solicitud de visita que anteriormente en forma reiterada negaba, y, como ha señalado Carlos Ayala Corao, Vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, “los llamados procedimientos especiales llevan más de diez años pidiendo visitas a Venezuela, por ejemplo, la relatoría contra la tortura, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y la relatoría sobre independencia de jueces y abogados, a estos mandatos no se les ha permitido entrar a Venezuela”; 3) como recordó recientemente la Cátedra de Derecho Constitucional UCV, “el régimen de facto imperante excluyó a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y desconoce las decisiones condenatorias y preventivas de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, por lo que el involucramiento de la ONU, a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, es de gran importancia.

Analicemos ahora la Declaración que Michelle Bachelet hizo pública el pasado 21 de junio, al final de su visita a nuestro país, en la que afirma que llegó a acuerdos o compromisos con el régimen, a la vez que le hizo llamados y solicitudes.

Veamos los acuerdos o compromisos. Sostiene que “hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí, con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica y, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela”. Además de la ya citada presencia de los oficiales de derechos humanos, “tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia”. Otro acuerdo fue que “el Gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centro de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad”.  Y, por último, en el texto de la Declaración se informa que “el Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas, conocidos como relatores especiales”.

En cuanto a los llamados o solicitudes, destaco lo dicho por la Alta Comisionada referente a los presos políticos: “Hago un llamado a las autoridades a liberar a todas las personas que están detenidas o privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica”, así como celebró la liberación del parlamentario Gilber Caro y de otros encarcelados por motivos políticos, asegurando que va a “continuar transmitiendo estas demandas y abogar por la justicia y la reparación para ellos, sean quienes sean los perpetradores”. Adicionalmente, formuló consideraciones sobre “la situación humanitaria en Venezuela (que) se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales”; sobre “la situación sanitaria (que) sigue siendo extremadamente crítica”; y sobre “esta inmensa crisis económica, la cual se ha exacerbado dramáticamente desde 2013”, aunque admite que las sanciones impuestas por Estados Unidos la han agravado, reconoce que esa crisis económica era “preexistente”.

Quien haya leido cuidadosamente lo anteriormente expuesto, comprobará, por las citas textuales, entrecomilladas, de la Declaración de Michelle Bachelet, que ella asegura y testifica que el régmen de Maduro sí hizo algunos acuerdos o compromisos, los indicados arriba.

Ahora bien, Nicolás Maduro, tras su encuentro con la Alta Comisionada para los Derechos de la ONU, le dijo al país el 21 de junio, no que había hecho acuerdos o compromisos con ella, sino que había recibido “sugerencias, recomendaciones y propuestas para que Venezuela tenga un sistema de derechos humanos cada vez mejor”.

Es obvio que es la Alta Comisionada la que dice la verdad, y que Maduro ya tiene preparada, como en otras ocasiones, la coartada para no cumplir con la palabra empeñada y seguir con sus desmanes.

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