Las Farc y el proceso de paz
Los recientes actos protagonizados por las Farc y el Eln, como los atentados que ocasionaron el derrame de crudo en el Putumayo, la destrucción de un acueducto y dos tramos de una importante carretera en los Llanos Orientales, la voladura de torres de energía en Buenaventura, los ataques bélicos indiscriminados que ocasionaron la muerte de niños indefensos, el daño de inmensa magnitud a la infraestructura de servicios públicos con afectación de comunidades que viven en condiciones vulnerables, entre muchos otros hechos, demuestran la obstinada y persistente intención de estos grupos de conducir las hostilidades con desprecio por los límites humanitarios que están obligados a respetar.
La persistencia en infracciones perjudica el proceso de diálogo, produce un ambiente de desconfianza mutua, aleja los acuerdos, pone el proceso en riesgo de deslegitimación y genera un repudio colectivo que en el futuro puede significar el voto negativo de muchos compatriotas a los acuerdos logrados en la mesa de La Habana. Las Farc realmente no deberían rodear de tanta oscuridad e incertidumbre esta, quizás única e irrepetible, oportunidad para alcanzar la convivencia pacífica, la concordia nacional, la estabilidad institucional y la justicia social.
Como Defensor del Pueblo tengo la obligación constitucional de hacer un llamado categórico a las partes a respetar el Derecho Internacional Humanitario y en especial a mantener fuera del radio de sus acciones a la población civil y a los bienes que no constituyen objetivo militar.
Desconcierta el pronunciamiento hecho por el principal jefe de las Farc en relación con el tema de las víctimas, que precisamente debe ser tratado en breve dentro de la agenda de conversaciones de paz con delegados del Gobierno Nacional, en el cual sugiere una suerte de crítica a la desigualdad de criterio frente a las responsabilidades del Estado y de ese grupo armado respecto de los afectados por el conflicto.
Hemos señalado que el Estado y las guerrillas están obligados a respetar el DIH, pero de igual modo es cierto que, en relación con las operaciones legítimas de la Fuerza Pública, cuando estas actúan dentro del marco constitucional y legal que define su misión institucional, no pueden ponerse en un plano de igualdad o equiparación jurídica con las acciones militares de las Farc o de cualquier otro grupo armado irregular, pues, de por, sí el alzamiento en armas ya implica un desafío al orden constitucional y legal vigente.
Comparto la expresión de las partes en la mesa de diálogo de La Habana en el sentido de que “no se trata de negociar impunidades”, y que por esa razón el Estado y las Farc, cada uno en su ámbito, tienen que reconocer sus errores por acción y omisión, a fin de responder a las víctimas del conflicto armado por sus derechos violados. Esta actitud frente a las víctimas debe guiar los acuerdos en la materia y no la de la elusión tras la arrogancia o la prepotencia del no arrepentimiento.
La actitud y las acciones del Eln merecen, de la misma manera, nuestra preocupación, pues en estos días ha perpetrado no pocos atentados contra la población civil en varias regiones del país, incluida Bogotá. En realidad, esa estructura no demuestra su interés por iniciar un proceso de diálogo para la paz.
Confiamos en que, pese a todos estos actos adversos que conspiran contra el proceso, se impongan la sensatez y la grandeza, se ratifique la continuidad de los diálogos y que las partes mantengan la negociación como un supuesto ético irrenunciable, como una responsabilidad histórica con el país y los colombianos.
(ElTiempo.com)
