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Libertad, en 140 caracteres

El investigador Giovanni Sartori, uno de los protagonistas del debate político contemporáneo, nos recuerda que “el gobierno de opinión (la democracia representativa) requiere solamente de la existencia de una opinión pública, de un público que tenga opiniones”. Una democracia se sostiene en la expresión libre de puntos de vista, y uno de sus dispositivos de validación es el voto ciudadano, por ejemplo. Pero no la única, ciertamente. De otro modo, la ineludible participación de minorías -eje de legítima preocupación sobre el cual gravitan las democracias modernas- quedaría redondamente proscrita. De allí el interés de preservar la libertad de expresión en los medios de comunicación, los cuales se erigen así en afinados agentes socializadores, garantes de la transmisión de valores y referentes democráticos, facilitadores de la justa y equilibrada participación de todos los sectores sociales. Pero, ¿cómo asegurar el amplio acceso a ellos?

Con la aparición de Internet, la posibilidad del feed-back inmediato y relevante, la concurrencia activa y múltiple de la opinión de los ciudadanos en red para facilitar la gestión de demandas y así generar cambios en su entorno, crea inesperado avío de mejoramiento cualitativo de las democracias. Así, la idea del uso de las redes sociales como vehículos de conexión gobernantes-gobernados, aporta precioso atributo capaz de añadir valor al salto de la simple representatividad a la real participación: invaluable avance en aras de la pluralidad y de la posibilidad de promover la cohesión-integración social, con el que muchos estudiosos de la comunicación política jamás hubiesen siquiera soñado antes.

En Venezuela, ese alcance hoy se magnifica. Y no precisamente porque el entorno preexistente sea prometedor caldo de cultivo para la ampliación cualitativa de la democracia, no; sino justo porque ese entorno hoy está gravemente desfigurado. Dado el precario acceso de la opinión plural a los medios tradicionales como la TV, (donde aún caza el Homo videns) redes sociales como Facebook o Twitter se convierten en plataformas de tráfico no solo de información y opinión atadas a la comunicación del ámbito privado, sino sobre todo de la que genera el ámbito público. La paulatina restricción de espacios ha hecho que no sólo voces anónimas sino aquellas de personalidades reconocidas se instalen o migren hacia la amable “red de amigos”, donde todos concurren e intercambian, no importa sexo, edad u orientación política. El problema es cuando esa comunicación propia del ámbito privado (donde, como señala Hanna Arendt, privan las emociones) destinada originalmente al tête-à-tête del gueto virtual, salta sin filtros a esa nueva comunicación ampliada, donde ahora se debaten temas cruciales para el espectro público. Sin duda, allí abren sus fauces los riesgos de la banalización de la política, la caótica alteración de datos, la ilusión del falso activismo, la reproducción de vicios de la anti-política, el Narcisismo de la opinión (F. Vallespín) o la articulación de matrices perniciosas que induzcan al “efecto rebaño” o asalten de forma personalizada a individuos; pero eso no implica “vender el sofá”, estigmatizar un instrumento que brindaría tantas ventajas y que en especial para los venezolanos, ofrece hoy aliviadero para el ejercicio de la libertad de expresión.

Justamente: 2014 cerró con saldo inaudito en país que se dice respetuoso del precepto democrático: 7 tuiteros presos, todos de oposición. Entre ellos, quizás el caso más emblemático es el de la zuliana Inés González (@InesitaTerrible), detenida por el Sebin y acusada de “terrorismo cibernético”. El pecado de Inés, ella misma lo reconoció: escribir unos tweets encendidos de tono, algunos en irrespetuosa y provocadora clave, que aludían al asesinato de Robert Serra (y donde mencionaba a altos funcionarios del Gobierno). La andanada de insultos en tweets de pro-oficialistas que obtuvo como réplica (algunos con amenazas de muerte incluida) no se mencionan, claro. Igual Inés, quien en tribunales pidió transmitir sus disculpas a la familia de Serra, fue encerrada, tildada de amenaza para la sociedad, incomunicada durante 22 días. No llamó a la guerra, no es una delincuente, sólo expresó su vehemente opinión en una red social también tocada por la metástasis de la violencia en el lenguaje que nos ha castigado cada día, durante 16 años, en los medios públicos. Pero igual, va presa.

He allí la dificultad de no contar con más alternativas que hagan viables las relaciones democráticas. A estas alturas, sabemos que internet es instrumento que empodera o que nos despoja de poder. Eso no es ajeno a un Gobierno que pretende extender sus tentáculos de control a todo espacio visible. Ya en días pasados, el desmentido rumor sobre secuestro de niños dio pie a la Fiscal Ortega Díaz para opinar que “hay que regular las redes sociales”… ¿que pasaría si una de las pocas ventanas que nos queda -ese remedo de libertad en 140 caracteres- es también clausurada?

@Mibelis

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