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Lorenzo Mendoza: Descabellada denuncia

Una grabación ilegal de una llamada telefónica entre Ricardo Hausmann y Lorenzo Mendoza, dos amigos que manifiestan su interés por Venezuela y la preocupación de nuestra crisis. La difamación en televisión de estos ciudadanos, tergiversando al absurdo el contenido de la conversación. La denuncia a Lorenzo Mendoza, para que sea investigado, a partir de dos delitos: 1. Una grabación ilícita y 2. Una difamación. Así nace una causa judicial injusta, para sumarse a las otras tantas que hacen vida bajo esta jurisdicción de persecución y represión.

Conversar no es un delito. El “delito de conversar” es tan absurdo como el “delito de comer”. Estos dos señores conversaban.

Seguramente el fantasma de la guerra económica ahora tendrá una cabeza visible con nombre y apellido. La paradoja, es que esa cabeza visible, cuyo nombre y apellido son Lorenzo Mendoza, es quien garantiza la mayor cantidad y calidad de alimento para los venezolanos. Para todos los venezolanos, sean rojos, pardos, enanos o mantuanos.

Una segunda paradoja, es que a todas luces pareciera que Diosdado Cabello difamó a ambos ciudadanos en televisión abierta; es decir, como que cometió, como es su costumbre, el mismo acto típico, antijurídico y punible que le ha endilgado a más de una veintena de personas vinculadas, casi todas, a los medios de comunicación independientes El Nacional, La Patilla y Tal Cual.

Como presidente de la Asamblea Nacional, Cabello requirió a la fracción parlamentaria del PSUV presentar una denuncia “… para que sean investigados aquellos ciudadanos que dicen ser venezolanos y están sometiendo a nuestra patria a la venta, a la subasta…” Lorenzo Mendoza no “dice” ser venezolano. Lorenzo Mendoza “es” tan o más venezolano que la harina pan.

Un claro ejemplo del hecho de “estar sometiendo a nuestra patria a la venta, a la subasta”, más bien lo observamos en el caso concreto de la compañía china CITIC Construction Co. LTD y los contratos firmados con la República que podrían estar inflados hasta por un 234%, según la investigación realizada por La Patilla, lo cual es un gravísimo delito en contra de la Nación. Dichos contratos, para comenzar, contienen cláusulas de confidencialidad, lo cual es ilegal ya que al tratarse de contratos de interés nacional, general y público –pues fueron suscritos con el Ministerio de Vivienda y Hábitat para la construcción de viviendas de interés social– no pueden ocultarse a pueblo soberano y a la rendición transparente de cuentas del erario público.

En vez de usar el tiempo y los recursos de todos los venezolanos en acusar a un prohombre y constructor de patria como Lorenzo Mendoza, por hablar por teléfono sobre lo que le dé la gana, quien además garantiza gran parte de la alimentación del pueblo, ¿por qué más bien no solicita una investigación sobre el caso de la empresa china CITIC y el presunto desfalco a la Nación?

Por último, conversar con amigos en el FMI o el BM no es delito. Evaluar escenarios económicos… Tampoco. Afirmar, como lo hizo Hausmann, de que “… yo soy de la opinión de que no es posible pensar en una salida de Venezuela de este peo sin ayuda internacional substancial…” no es un delito. ¡Es una realidad! De hecho, Maduro vive mendigando ayuda substancial a China. El problema es que la ayuda China termina malversada como en el claro ejemplo del caso CITIC.

Pareciera que ser racional, inteligente y próspero es un delito. Y conversar también. Si así fuera, sería algo verdaderamente jalado por los cabellos.

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