Los “mandatos” y el 23 de enero
El 16 de julio del 2017 y el 12 de diciembre del 2020 la sociedad civil realizó dos gestas que merecen el aplauso para sus promotores y voluntarios que las hicieron posibles. Ciudadanos independientes, militantes de partidos y miembros de organizaciones no gubernamentales participamos por estar conscientes de su importancia como señal de rechazo a la dictadura totalitaria, demandar a la Fuerza Armada defender la Constitución, renovar los poderes públicos mediante elecciones transparentes, exigir el cese de la usurpación de Maduro y realizar gestiones ante la comunidad internacional para rescatar nuestra democracia y atender la crisis humanitaria.
Ante el éxito de ambas consultas, varios políticos y miembros de la sociedad civil han acusado al presidente (e) Guaidó y al llamado G4 de incumplir esos “mandatos”, llegando a tildarlos de traidores a la voluntad del pueblo. Es oportuno tener presente que cuando un general ordena tomar una colina le proporciona a los soldados fusiles, granadas y morteros. Además, los apoya a distancia con fuego de artillería o con aviación.
Cabe preguntar si en esas consultas proporcionamos las herramientas para que se cumpla ese “mandato”. ¿Acaso alguien sensato puede pensar que se lograría con solo aprobar unas peticiones? ¿Entonces, a qué se deben las descalificaciones?
A más de seis décadas del 23 de enero de 1958, fecha del derrocamiento de Pérez Jiménez, es oportuno recordar que el dictador tuvo que irse porque los militares le quitaron el apoyo, aunque fue importante el papel de la sociedad civil. Hay que reconocer y agradecer la resistencia que ofrecieron al régimen varios valientes dirigentes de Acción Democrática que pagaron con su vida, cárcel y exilio la lucha clandestina. Así mismo, dirigentes del Partido Comunista, unos pocos militantes de Copei y de URD, y algunos militares.
El régimen se empezó a derrumbar con la huelga estudiantil del 21 de noviembre de 1957 y con el alzamiento, el 1 de enero de 1958, del teniente coronel Martín Parada y otros aviadores; así como el teniente coronel Hugo Trejo y del mayor Evelio Gilmond Báez, quienes movilizaron los tanques del cuartel Urdaneta. Ese movimiento fracasó fundamentalmente porque no estaba comprometido el Alto Mando, ni oficiales generales o coroneles.
Es necesario tomar en cuenta que, desde la creación del Ejército, la única insurrección militar que tuvo éxito con participación de oficiales de baja graduación fue la del 18 de octubre de 1945.
A mediados de enero de 1958 se profundizó el descontento civil y militar, y hubo un par de intentos fallidos por parte de los militares. La huelga general del 21 de enero y las manifestaciones en las calles de Caracas, convocadas por la Junta Patriótica, aceleraron la conspiración militar. La situación se definió en contra del dictador cuando ese día se pusieron de acuerdo los comandantes generales de la Marina, Ejército y Aviación.
Hoy, numerosos militares están exiliados o fueron pasados a retiro. Además, hay 124 oficiales presos y varios de ellos han sufrido tortura. Lamentablemente, el Alto Mando sigue embarrándose con las violaciones de los derechos humanos y la corrupción de la dictadura. Esta situación dificulta una legítima y deseable insurrección militar para reinstaurar la Constitución.
Si la Fuerza Armada pareciera no estar dispuesta a intervenir, ningún país ha dado la menor señal de sacarnos las castañas del fuego y la población protesta a diario, pero tiene que abocarse a obtener el sustento, además del temor que infunden los organismos policiales y paramilitares. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Considerando lo anterior y que la Unión Europea, la OEA y el Grupo de Lima pusieron la pelota en nuestro campo, pareciera que la opción es devolvérsela con el mensaje de que sí queremos negociar, pero para ello requerimos que presionen al régimen para que ceda. Lo ideal sería que se instaurara un gobierno de transición para realizar elección presidencial y parlamentaria. Sin embargo, pareciera difícil lograrlo a corto plazo. Los países amigos no reconocieron la elección presidencial del 2018, ni la parlamentaria de diciembre, por ello no se podía participar.
Próximamente, nos guste o no, habrá elección de gobernadores. Quizá es el momento de evaluar si realmente estos países tienen disposición de presionar suficientemente al régimen. La negociación no puede ser para darle oxígeno. Si el régimen no acepta seguirá vetado internacionalmente, pero de nuestro lado también habrá que ceder.
Muchos dirán que la elección de gobernadores no es lo fundamental. Tienen razón. Pero, si no queremos que el régimen se perpetúe, pareciera que no hay otra opción. ¿Si presentamos buenos candidatos podríamos ganar la mayoría de las gobernaciones? No necesariamente. Dependerá de las condiciones electorales, contar con una organización comprometida que vigile el proceso electoral, con testigos en todas las mesas que obtengan las actas y cuenten las boletas, así como con buenos observadores internacionales.
¿Podría el régimen anular algunos resultados como hizo con Andrés Velásquez, quien ganó la gobernación de Bolívar? ¡Claro que sí! ¿Permitirá el régimen que nuestros gobernadores dispongan del situado constitucional y de las atribuciones que les corresponden? ¡Claro que no! Será necesario que en cada estado se produzcan protestas que lo obliguen a ceder e incluso a dejar el poder. Depongamos las diferencias internas y procedamos a presionar por condiciones electorales adecuadas y a organizarnos para elegir gobernadores, como paso previo a un nuevo gobierno. Lo demás son solo buenos deseos. A menos que haya un hecho no previsto.
Como (había) en botica
√ Una vez más se demuestra las bondades de unir esfuerzos para lograr un objetivo: Runrun.es, en alianza con otros cinco medios de comunicación, obtuvo el Premio Gabo al mejor Texto, por el trabajo Venezuela, el paraíso de los contrabandistas. Felicitaciones.
√ ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
