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Los poderes salvajes

Hay hechos, ideas y acontecimientos que, repetidos, no debemos circunscribir  a una particular, aislada  y cruda circunstancia, sino que requieren de una interpretación más amplia susceptibles de revelar una tendencia y  conceder un sentido. El complot de los órganos del Poder Público en Venezuela, distintos al Legislativo, a fin de evitar toda consulta democrática que definitivamente dirima la crisis que nos aqueja, encuentra suficiente asidero en las tesis del profesor Luigi Ferrajoli.

Poderes deconstitucionalizados que, resistiéndose al cambio necesario, incluso, recomponiéndose en claro desafío a las más elementales normas legales impuestas con antelación, , como ha ocurrido con el TSJ, abusan y distorsionan sus competencias, atribuciones y facultades, haciéndose salvajes. Éstos, en la tipología del jurista florentino, adquieren en la Venezuela iliberal, nota nada paradójica, las más marcadas combinaciones para el galopante desconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos, su efectiva protección y tutela,  en el ámbito político, civil y social, excedido el Estado por obra de una contaminada y contaminante dirección.

El actual régimen venezolano, participa de los diferentes tipos ferrajolianos, consciente que la afirmación y confirmación de su vocación y carácter totalitario, lo aleja cada vez más del derecho. Enunciados, la interrelación nos lleva al padecimiento del crimen organizado (poderes privados ilegales); a la consagración de los llamados  colectivos armados autorizados para ejercer el terrorismo de Estado por delegación (poderes públicos ilegales); la presencia, predominio y condicionamiento  de fuerzas irregulares provenientes del vecino país (poderes privados extra-legales); o la desviación y abuso de poder de las autoridades que tampoco responden política ni administrativamente por sus actos, disponiendo de recursos fuera de todo control (poderes públicos extralegales).

Actuando de acuerdo a sus inmediatos intereses en forma ilimitada, el gobierno nacional no se encuentra sometido a la Constitución y a las leyes, sino – faltado poco –  idea y reinterpreta las normas que, sobrevenidas, pretenden reforzar y multiplicar sus poderes salvajes. Y, al demandar únicamente su entera legitimidad formal, incurre en las prácticas totalitarias  que aspiran al desconocimiento y aislamiento institucional de la Asamblea Nacional, burlando las inmunidades parlamentarias; genera sentencias interesadas, suscritas por magistrados de calificación alguna para ejercer como tales, comprobada la irregularidad de sus designaciones por una comisión especial del parlamento; decide trabar el referendum revocatorio mediante reglamentaciones y procedimientos de retardo y anulación, apostando por una calculada violencia política; o resuelve ministerialmente el empleo de armas de guerra para cualesquiera manifestaciones ciudadanas (Nr. 008610 del 27/01/15 de Defensa) y el trabajo forzoso en el ramo agroalimentario (Nr. 9855, más reciente del Trabajo).

Prácticas que redondean un totalitarismo también urgido de normarse, aunque parezca absurdo. Y no porque asuma una mínima comprensión de la normatividad jurídica y – menos – del garantismo, sino por la urgida necesidad de fingir una legitimidad de desempeño, concibiendo e intentando fundamentar sendas líneas político-partidistas, incluso, bajo el ropaje de las sentencias del TSJ que abundan en una triste caricaturización kelseniana.

@LuisBarraganJ

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