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Magnicidio y represión

La denuncia del gobierno sobre una conspiración que preparaba un golpe de Estado acompañado por el magnicidio de Nicolás Maduro hay que tomarla en serio por la gravedad de sus causas y de sus posibles consecuencias.

La denuncia se basa en unos correos electrónicos, que de ser ciertos fueron obtenidos ilegalmente. La conspiración involucra a dirigentes de la oposición como Maria Corina Machado, Diego Arria, Enrique Salas Römer, el abogado constitucionalista Gustavo Tarre y ex Director de Pdvsa Pedro Mario Burelli.

El “Imperio” estaría presente a través del Embajador en Bogotá Kevin Whitaker. Los involucrados han afirmado que los correos son falsos. Efectivamente, hay escasa credibilidad en una conspiración urdida a través de correos electrónicos. Cualquier alfabeto sabe que pueden ser fácilmente penetrados y falsificados. Un golpe de Estado en el cual no hay militares con mando de tropa también luce poco serio. Además hay que recordar que desde 1999 el gobierno ha denunciado por lo menos 13 intentos de magnicidio contra Chávez y Maduro y ninguno ha sido probado.

Las causas de esta denuncia hay  que buscarlas en la gravísima crisis socioeconómica y la consiguiente acelerada caída del apoyo popular del régimen que reflejan todas las encuestas y sobretodo el resultado de las dos elecciones municipales en San Cristobal y en San Diego. Con una participación igual o mayor respecto a las elecciones de diciembre,  la oposición ganó abrumadoramente aumentando su votación en 7% y 12% respectivamente. Por tanto, la denuncia es antes que nada una cortina de humo para tratar de distraer la opinión pública. Meter a EEUU en el “golpe” forma parte de la vieja receta cubana para reactivar el nacionalismo antiyankee más primario y “credulón”. Pero, después de la denuncia el gobierno afirma que será necesario el severo castigo de los culpables y les solicita a fiscales y jueces que tengan el “coraje” de condenar duramente a los involucrados.

Para una Fiscalía y un Poder Judicial controlados totalmente por el régimen se trata de orden a ejecutar. Parece  evidente que, frente a la crisis y la caída en el apoyo popular, los sectores más radicales ideológicamente del gobierno se han aliado con el grupo militar corrupto para enfrentar la creciente oposición a través de una intensificación de la represión y la intimidación. La farsa del “golpe cum magnicidio” sirve para tratar de justificar frente a la comunidad internacional  la represión violenta de los estudiantes y la cárcel de los dirigentes de la oposición. Sirve también para fomentar la división en la alternativa democrática entre moderados y radicales.

La oposición debe mantener informada a la comunidad internacional sobre estas maniobras del régimen.  En el marco del suspendido diálogo es fundamental que UNASUR y la S. Sede tengan claro quién es el culpable del potencial fracaso. Para eso la MUD debe enfatizar frente a la comunidad internacional la falta absoluta de voluntad del gobierno de respetar la Constitución en cuanto a la elección de un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Supremo y un Poder Ciudadano, aceptables para ambas partes.

Al gobierno le interesa destacar que el diálogo no avanza porqué la oposición sólo solicita la impunidad de unos “delincuentes”.  Obviamente, hay que exigir la libertad de los presos políticos, sin embargo es esencial que la comunidad internacional entienda que el régimen se opone fundamentalmente a respetar las reglas del juego democrático inscritas en la Constitución. Finalmente insisto que la Unidad de la alternativa democrática es indispensable. La división sólo le hace el juego al régimen y al G2 cubano.

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