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Mañana 10, ¿qué?

Carlos Canache Mata

Mañana, 10 de enero, comienza el primer año del período constitucional 2019-2025 con la toma de posesión del candidato elegido para ocupar la Presidencia de la República. El gran problema, que está a la vista de todos, es que, dentro y fuera del país, es opinión generalizada que la elección presidencial del 20 de mayo del año pasado, por razones legales y constitucionales, no tiene validez, y que, en consecuencia, no procede que Nicolás Maduro preste el juramento previsto en el artículo 231 de la Constitución Nacional.

En una Declaración del día 4 de enero del año que se inicia, suscrita por todos los países del Grupo de Lima, a excepción de México, se reitera que el proceso electoral del 20 de mayo carece de legitimidad por no haber contado “con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y stándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”. Es más, en la Declaración se insta a Maduro a no asumir mañana el cargo presidencial y que le transfiera a la Asamblea Nacioanl “en forma provisional el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”. También se hace el compromiso de seguir impulsando en foros multilaterales, como la OEA y el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, las iniciativas que sirvan “para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela”. La Declaración va aún más lejos, cuando exhorta a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a dar celeridad a la investigación de la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad durante la gestión del actual régimen que conduce los destinos de la nación.

No hay desperdicio en el contenido de la Declaración. Se manifiesta preocupación por la diáspora de millones de venezolanos y “saludan la inclusión por primera vez de la crisis de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el Llmamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM Y ACNUR”. Se advierte el impacto que ese éxodo está causando en los países de la región. Se asegura que sólo a través de la vuelta, “lo más pronto posible”, de la democracia, podrán revertirse las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesan los venezolanos. En razón de ello, el Grupo de Lima acordó “reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela”.

Por su parte, los países de la Unión Europea, por unanimidad, ya habían declarado el 28 de mayo de 2018 que no reconocerían el resultado de las elecciones venezolanas del 20 de mayo, y Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, acaba de reiterar que “no reconocemos al régimen; en el Parlamento Europeo estamos con los venezolanos, humillados cada día por la dictadura con opresión, pobreza y hambre”.

Estados Unidos también juzgó como fraudulentos lo comicios del 20 de mayo, a lo que se ha sumado esta semana el pronunciamiento de veinte ex-presidentes latinoamericanos, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que caliifica al régimen de Maduro como “una narco-dictadura militarizada, que no tiene reparos en conculcar de manera sistemática los derechos a la vida y a la integridad persdonal y, además, como consecuencia de sus políticas públicas deliberadas y una palmaria corrupción que escandaliza mundialmente”.

La gran mayoría de la comunidad internacional democrática está atenta a lo que resolverá la Asamblea Nacional, que estrena nueva directiva, para restablecer el orden constitucional. Al momento de escribir este artículo, lunes en la noche, se ignora la decisión adoptada por la Asamblea Nacional en su sesión de ayer martes 8 de enero, cuyo primer punto del orden del día era el debate sobre “la transición política en Venezuela” ante la pretendida juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero. Vienen días cruciales.

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