Marco jurídico de inversiones en Venezuela

El progreso de Venezuela depende, en buena medida, de que el país logre convertirse en foro atractivo para las inversiones. Sólo así lograremos sacar a millones de venezolanos de la pobreza. Este reto transciende la política. Y por esta razón la sociedad venezolana debe promover un acuerdo general acerca de la ruta que se debe seguir para lograr que, de manera no traumática y en un plazo razonable, Venezuela sea un país pro-inversión.

La estrategia debe concentrarse en alcanzar que Venezuela aumente su ubicación en los diferentes índices relevantes para la inversión, tales como el doing business (Banco Mundial), libertad económica (Heritage Foundation) y estado de derecho (World Justice Project). Hoy ocupamos los últimos puestos en cada uno de estos índices. El reto no es imposible. Países como Singapur y Georgia lo han logrado en plazos razonables.

Uno de los primeros pasos consistirá en hacer un inventario de las leyes, regulaciones y prácticas administrativas que deben ser reformadas para lograr el objetivo. Varios de los tratados internacionales que recientemente Venezuela ha suscrito o  se adherido reflejan  que el Estado venezolano es consciente de la necesidad de facilitar la inversión en el país. Así, por ejemplo, lo demuestra la celebración del “Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones” con Colombia, nuestro socio comercial histórico, y las últimas disminuciones de aranceles aduaneros para ciertos productos.

Tres leyes impactan de forma transversal las inversiones en el país -La Ley Antibloqueo (Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos), la ley de inversión extranjera (“Ley Constitucional de Inversión Extrajera Productiva”) y la Ley de Simplificación de Trámites administrativos-.

La Ley Antibloqueo, creada con el objetivo de disminuir el impacto de las sanciones, funciona como una legislación marco aplicable a la inversión. Sus disposiciones más relevantes otorgan al poder ejecutivo nacional la potestad de: (i) desaplicar regulaciones contrarias a la promoción de la inversión; (ii) acordar la participación de entidades privadas en actividades productivas y comerciales llevadas a cabo, directa o indirectamente, por el Estado; (iii) suscribir cláusulas de congelación de derecho, estabilidad jurídica y resolución de controversias mediante arbitraje internacional; y (iv) implementar medidas para resguardar la confidencialidad de los inversionistas y de los términos de los acuerdos de inversión. El sentido y contenido de esta ley es antagónico al de las inversiones. En la práctica, esta circunstancia se traduce en la desaplicación de la ley de inversión.

Por su parte, la ley de simplificación de trámites administrativos, vigente (desde el 2014), es un instrumento normativo apropiado para lograr facilitar a las empresas el cumplimiento de los trámites necesarios para sus operaciones. La ley desarrolla varios principios pro inversión. Por ejemplo, la presunción de buena fe del administrado, la presunción de buena fe del interesado, el principio de control posterior y la supresión de trámites innecesarios. La paradoja es que la Administración Pública no la aplica.  

 A estas leyes se lse suma una más específica: la ley de zonas económicas (Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales) (“LOZEE”). Esta ley busca incentivar las inversiones en zonas específicas ofreciendo regímenes especiales en materia fiscal, aduanera y de inversión, como, por ejemplo: reintegro tributario de importación y en otros impuestos nacionales, la creación de una ventanilla única para la simplificación de los trámites administrativos relacionados con las zonas económicas especiales.

Un aspecto adicional que puede incentivar la inversión es el sistema pro-arbitraje vigente en Venezuela. En nuestro país están vigentes la más importantes convenciones de arbitraje y contratación internacional -por ejemplo, la Convenciones de Nueva York, Panamá, Montevideo y México-. Nuestra ley de arbitraje sigue a la Ley Modelo Uncitral y la Ley de Derecho Internacional Privado es una especie de ley modelo en Hispanoamerica. A estas regulaciones se le suman los numerosos acuerdos de protección y promoción de inversiones entre Venezuela y otros Estados.

El factor clave para el progreso de Venezuela depende de que los venezolanos veamos la inversión como un asunto esencial para nuestro porvernir, acordemos revisar el marco legal actual y reformemos aquellas regulaciones y prácticas que la dificultan -y, a menudo la espantan-.