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México esperanzado en sus reformas

El presidente Enrique Peña Nieto en todos los foros internacionales no ha hecho sino hablar de las reformas que ha realizado desde su llegada al gobierno en diciembre de 2012, ahora parece que los años de las reformas han terminado en su sexenio, así lo ha dicho y ha llegado el momento de esperar sus frutos.

Es indudable que México no podía seguir siendo administrado por los gobiernos que le han seguido al de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, como venía pasando, nadie se atrevía a mover una pieza bajo el riesgo de que todo se viniera abajo y así pasaron 12 años de inmovilismo, siguiendo el rumbo de una política económica que no se ajustaba ya a la realidad nacional e internacional.

Pero el corte de las reformas pudo haber sido distinto, éstas pudieron haber puesto en el centro de las mismas al ser humano y no al mercado, a los bancos y a las empresas, al capital como la aspirina capaz de curar todo dolor de cabeza a una sociedad cada vez más deprimida y sin rumbo, la cual en los últimos comicios presidenciales prefirió darle la espalda a la vía electoral para acceder al poder, al votar solo el 63.3% de los ciudadanos en condiciones de hacerlo, 50.3 millones según las cifras oficiales.

El presidente Salinas de Gortari, fue el responsable de las reformas más radicales a la economía, de las privatizaciones y la apertura comercial de México; pero sobre todo, de la instauración de la nueva política neoliberal sin límites, otros que no fueran los del nacionalismo revolucionario de su partido, que hicieron que el tema energético, sobre todo el del petróleo, no entraran dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El presidente Zedillo, obligado por las circunstancias, por la crisis de “Los errores de diciembre”, se vio obligado a realizar ajustes a la economía, abriendo las puertas al Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus programas de ajuste y estabilización.

Ahora, dentro de la lógica económica de liberalizar todos los sectores de la economía, de buscar que sea el mercado quien determine los precios de todos los bienes y, sean los ciudadanos en el mercado quienes compensen o sancionen su calidad, se han impuesto las reformas económicas aprobadas en 2013, depositando en ellas la esperanza de la multiplicación de los empleos formales. El presidente Enrique Peña Nieto, espera que en lo que resta de su sexenio se puedan crear 500 mil empleos, de técnicos y profesionistas en el sector energético.

Con la reforma hacendaria, el presidente y su gabinete económico, esperan que los más de 30 millones de hombres y mujeres de la economía informal, por sólo 4 mil pesos, dejen la economía subterránea, el mercado negro del trabajo, el de las mercancías robadas, del contrabando, muchas veces ligada al crimen organizado. Ese es el precio para el gobierno de la informalidad, 4 mil pesos, frente a la incapacidad del Estado de otorgar un empleo digno y bien remunerado a sus ciudadanos. El presidente espera que esa reforma permita una recaudación del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018.

El Estado mexicano parece haber olvidado que garantizar un empleo es una de sus funciones como garante de los bienes públicos y del bienestar de quienes hacen posible su existencia. Como consecuencia, ante su incapacidad para garantizar uno de los bienes públicos colectivos más puros, la seguridad, en algunos estados de la federación los ciudadanos se han armado para defenderse frente al crimen organizado, mezclado con políticos, funcionarios públicos y policías, en medio de la corrupción que semeja un cáncer que lo consume y videos que dejan cada vez más claros estos vínculos.

Esa enfermedad que padece desde hace años y su mal funcionamiento, han provocado el surgimiento de mercados informales de bienes y el aumento del crimen organizado, que ponen entre dicho el funcionamiento de la competencia perfecta en los mercados, objetivo que añoran las reformas. La “voz populi” sabe que los negocios jugosos, las concesiones, las licitaciones, siempre caen en el mejor postor, ante el cual la competencia perfecta se desmorona y los ciudadanos se ven impotentes para evitarlo.

Ahora, el presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a materializar las reformas, de acuerdo a lo que hoy está ya en la Constitución y las leyes secundarias, su trabajo será como lo dice: “poner las reformas en acción”. Él espera milagros de la inversión extranjera para detonar el crecimiento y la creación de empleos, al afirmar que “podríamos tener una inversión en los próximos cuatro años del orden de los 150 mil millones de dólares en el sector energético”.

Pero ese propósito está en veremos, en una coyuntura económica donde los países desarrollados y emergentes, como China, la India y Brasil, se disputan los flujos de inversión para salir de la crisis actual; y aunque el petróleo podría ser una zanahoria para atraparla, no hay garantía de que eso suceda, cuando la guerra comercial entre Rusia y Occidente y los conflictos en Medio Oriente, auguran un estancamiento del comercio internacional y del crecimiento.

Pero para el presidente, la inversión extranjera que atraerán las reformas significa “más empleos para los mexicanos, mejores empleos, mayor derrama económica, y además creo que con el modelo o con la reforma fiscal se logra una mejor redistribución de la riqueza en el país”, así lo ha dicho en Palacio Nacional esta semana, en el marco de las “Conversaciones a Fondo”; organizadas por los 80 años del Fondo de Cultura Económica.

Por desgracia para el presidente Peña Nieto, el futuro de México no depende sólo de las reformas económicas y su voluntad, sino del entorno internacional; el cual no parece favorecer las expectativas del gobierno de México, de crecer a tasas superiores al 4%, atraer mayor inversión extranjera y crear millones de empleos, para satisfacer a una fuerza de trabajo en vertiginoso aumento, la cual supera los 52 millones de personas en condiciones de trabajar.

Es verdad que México, miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) desde hace 20 años, parece sorprender a todos con sus estadísticas macroeconómicas, con sus tasas de desempleo de sólo 4.8% y 4.9% en los dos primeros trimestres de este año, lo que indicaría que sólo tiene menos de 3 millones sin trabajo. En 2013 Corea del Sur (3.3%), Noruega (3.4%), Japón (4.3%), Suiza (4.3%) y Austria (4.7%) fueron los únicos países que obtuvieron tasas de desempleo menores al 5.2% de México, el resto lo superaban, España llegaba a 26.5% y Grecia a 27.9%. Si fuera por esto seriamos el sexto país con mayor desarrollo.

Pero ese escenario macroeconómico de México, escapa a la realidad de un país hundido en la desigualdad, donde más de 33 millones de hombres y mujeres están desempleados, trabajan en la economía informal o han emigrado del país.

Un documento de la OCDE nos aterriza en la realidad nacional. El documento titulado: “Society at a Glance 2014 – Indicadores sociales de la OCDE”, indica que “México tiene el ingreso nacional disponible más bajo de la OCDE: menos de un tercio del promedio de ésta. Además, los mexicanos ocupan el segundo lugar en desigualdad de ingresos. El ingreso promedio del 10% de los más ricos es 29 veces el correspondiente al 10% de los más pobres de la población, en comparación con el promedio de la OCDE de 9.5. Sin embargo, el índice de satisfacción de vida en México está por encima del promedio de la OCDE. Únicamente Chile e Islandia muestran un aumento mayor en este índice de 2007 a 2012”, afirma el análisis de este organismo.

El documento de la OCDE describe la dicotomía entre un México rico y un próspero, el cual el gobierno insiste en proyectar al mundo y el México real, cuyo diagnóstico debió servir para diseñar las reformas económicas y las nuevas políticas públicas; con el fin de trasformar la realidad que viven los más de 53 millones de pobres de un país de no más de 120 millones de habitantes.

Precisamente, con la reforma energética, sobre esos mexicanos pobres se cierne el peligro de ver expropiadas sus tierras por el interés nacional de extraer petróleo o el de ver su entorno contaminado por los desechos de los trabajos de extracción del petróleo. Cabe preguntarse ¿hasta dónde llegan los recursos naturales no renovables de México como el petróleo? ¿Y cuál es la capacidad para reconstruir sus recursos renovables y atender las necesidades de alimentos de los mexicanos?, amen de la próxima reforma agropecuaria que se anunciará en septiembre.

Las reformas no han sido otras que instrumentos para abrir el sector energético y tratar de regular el sector de las comunicaciones, pero no han sido pensadas en función de garantizar el acceso al trabajo, a la educación, a la energía, a las comunicaciones y a los alimentos para todos los mexicanos, sino allanar el camino a las empresas y los bancos para que accedan a los recursos naturales que aún quedan en el país, a la fuerza de trabajo barata, a los mercados, incluido el de la enseñanza donde la educación se ha convertido en una mercancía. La competencia es la piedra filosofal de las reformas y de ella se espera el milagro del crecimiento y de la creación de empleos.

La suerte está echada ahora para el presidente y su equipo, sí las reformas puestas en marcha logran atraer millonarias inversiones, crear millones de empleos y aumentar los ingresos de los mexicanos, habrá triunfado y sus críticos nos habremos equivocado. El presidente y su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tendrá asegurado seguir gobernando en 2018.

Pero si los mexicanos no ven en sus mesas el fruto de las reformas, si los hogares no ven aumentar las ofertas de empleo y sus ingresos, si no ven reducir los precios de las tarifas de gasolina y electricidad; y en cambio, ven aumentar la corrupción, la inseguridad y el tráfico de influencias, ligado a la apertura del sector energético, será difícil que el 63.3% de los mexicanos que votaron en las elecciones presidenciales de 2012 vuelvan a creer en un sistema político, cuyas reformas han hecho de él una dictadura de partidos sobre ellos.

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