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Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Carlos Armando Figueredo

Hace unos meses, Michelle Bachelet, la dos veces Presidente de Chile, fue nombrada Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al anunciarse el nombramiento surgieron protestas de opositores venezolanos radicales en el sentido de que no era aceptable que ella, mientras fue presidente de Chile, había tenido una posición de no criticar las violaciones de los derechos humanos de los venezolanos llegara a convertirse en defensora de los derechos humanos.

Quienes protestan ante nombramientos como éste demuestran su ignorancia de la política internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas tiene rango de Secretario de las Naciones Unidas y le responde a su Secretario General. Las siguientes son atribuciones del Alto Comisionado:

  • Dirigir el movimiento internacional de Derechos Humanos desempeñando la función de autoridad moral y portavoz de las víctimas.
  • Hacer declaraciones y llamamientos públicos cuando se desatan crisis de Derechos Humanos y viaja constantemente para abrir el mensaje de los Derechos Humanos en todo el mundo.
  • Promover la educación en materia de Derechos Humanos e intenta estimular la prevención en temas tales como el tráfico de personas, el VIH, la biotecnología.
  • Integrar conceptos y normas de Derechos Humanos en todos los ámbitos de la ONU.
  • Prestar servicios de apoyo al Consejo de Derechos Humanos y a su Comité Asesor en sus respectivas reuniones.(Negritas añadidas)

Al dirigirse, recientemente, al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Michelle Bachelet demostró que está cumpliendo con sus funciones y que no omite denunciar las graves violaciones de los derechos humanos por parte de gobiernos como los de Venezuela. Veamos parte de lo que dijo en su discurso:

“Sr. Presidente

Al comenzar esta sesión del Consejo, los números que crecen rápidamente de personas que huyen tanto de Venezuela como de Nicaragua, demuestran una vez más la necesidad de apoyar constantemente los derechos humanos. Sí, es urgente ayudar a los Estados receptores a resolver los numerosos retos que surgen de esos movimientos. Pero también es fundamental enfrentarse a las razones por las cuales la gente se está yendo. En estos dos países, esta Oficina le urge al Consejo de Derechos Humanos que adopte todas las medidas necesarias para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos que se han documentado en recientes informes.

En lo que tiene que ver con Venezuela, unos estimados 2.3 millones habían huido del país para el 1 de julio –aproximadamente 7 por ciento del total de la población− debido en gran parte por carencia de alimentos o de acceso a medicamentos críticos y asistencia a la salud, así como persecución política. En la primera semana de agosto, más de 4.000 llegaron a Ecuador; se reporta que 50.000 venezolanos llegaron diariamente a Colombia a lo largo de un período de tres semanas en julio; y 800 venezolanos están entrando diariamente a Brasil. Un movimiento de cruce de fronteras de esta magnitud no tiene precedente en la reciente historia de las Américas, y la vulnerabilidad de quienes se van también ha aumentado: personas de avanzada edad; mujeres embarazadas, niños, incluyendo a menores no acompañados; y personas con problemas de salud están cruzando la frontera en crecientes números.

Desde la publicación de nuestro último informe sobre Venezuela, en junio, la Oficina ha seguido recibiendo información sobre violaciones de los derechos sociales y económicos –tales como casos de muertes relativas a desnutrición o enfermedades que pueden prevenirse− así como violaciones de derechos civiles y políticos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión. El Gobierno no ha mostrado apertura en cuanto a medidas de responsabilidad respeto de cuestiones documentadas por la Oficina durante las masivas protestas de 2017.

El número de personas que huyen de Nicaragua también crece exponencialmente como resultado de la crisis que vive el país, incluyendo el deterioro de los derechos humanos. Hace dos semanas, la Oficina emitió un informe que documentaba el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía; asesinatos extrajudiciales; desapariciones forzosas; numerosas detenciones arbitrarias o ilegales; extenso maltrato, y casos de tortura y violencia sexual, en centros de detención;  obstrucciones a la asistencia médica; y violaciones a las libertades de manifestación pacífica y de expresión, tales como la criminalización de defensores de los derechos humanos, periodistas y aquellos que protestas considerados críticos del Gobierno. Algunas 400 personas han sido muertas y por lo menos 2.000 heridas. Lamentamos que la decisión del gobierno, la semana pasada, haya sido de expulsar a nuestro equipo, y le pedimos al Consejo que fortalezcan su vigilancia del país. Mientras tanto, la Oficina seguirá documentando la”s violaciones de derechos humanos en Nicaragua, desde fuera del país.

(Resaltado añadido)

Al dirigirse al Consejo de Derechos Humanos alegando que “es fundamental abordar las razones por las cuales la gente se va” Bachelet responde al objetivo de que el Consejo no incurra en una de sus numerosas fallas, requiriéndole que tome “todas las medidas disponibles para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos”.

Con su actuación, Michelle Bachelet demuestra que, a pesar de todas las críticas a su gobierno, es defensora de la democracia, tal como lo fueron su padre, el general Alberto Bachelet y el presidente de la transición, después de la caída de la dictadura de Pinochet, Ricardo Lagos.

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